Proyectan desplome del gasto en salud en estados morenistas

Juan Carlos Rodríguez

Las aportaciones que el gobierno federal estima transferir a los 24 estados gobernados por Morena y partidos aliados para servicios de salud se desploman en el proyecto de presupuesto de 2025.

La propuesta de gasto para el próximo año, que en estos momentos es analizada por la Cámara de Diputados, plantea destinar 81 mil 220.4 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), lo que representa una merma de 40% respecto a los 135 mil 589.4 millones de pesos que se asignaron en 2024.

Sin embargo, cuando se analizan sólo las entidades que están en manos de Morena y partidos satélites, la caída es superior al 50 por ciento.

El caso más severo es el de Puebla, donde los recursos para salud pasaron de 5 mil 297.4 millones de pesos en 2024 a mil 547.4 millones en el proyecto de 2025, es decir, una reducción de 71% en los recursos destinados a atención médica de las capas más pobres.

Pero también están los casos de Baja California (-60%), Tabasco (-59%), Hidalgo (-58%), Nayarit (-58%), Estado de México (-55%) y Tamaulipas (-55%), cuyos gobiernos tendrían menos recursos para brindar servicios de salud a aquellas personas que no cuentan con IMSS, ISSSTE o esquemas de protección en Pemex, Marina o Sedena.

Uno de los argumentos que ha expuesto la presidenta Claudia Sheinbaum para justificar esta posible erosión en las aportaciones federales al FASSA es que las entidades gobernadas por Morena y partidos afines han firmado acuerdos de colaboración para recibir los servicios del IMSS-Bienestar.

Se trata del esquema de salud que sustituyó al Seguro Popular y al fallido Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y que está dirigido a los sectores más vulnerables de la población que no está afiliada a instituciones de salud pública.

No obstante, el incremento al IMSS-Bienestar en 2025 no alcanzaría para compensar la trasquilada al FASSA. El proyecto de presupuesto propone a dicho instrumento un aumento de 31 mil 207 millones, al pasar de 134 mil 145.2 en 2024 a 165 mil 352.2 millones de pesos en 2025.

En contraste, la reducción al Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud es superior a los 54 mil 369 millones de pesos, casi el doble de lo que se le aumentará al IMSS-Bienestar.

De acuerdo con un análisis al gasto en salud realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), “el cambio en el gasto per cápita en salud respecto al presupuesto aprobado en 2024 evidencia desigualdades entre la población con seguridad social y aquella sin ella”.

Mientras que los afiliados al IMSS y al ISSSTE experimentarían un aumento en el gasto per cápita, las personas sin afiliación, atendidas principalmente por IMSS-Bienestar, enfrentarían severos recortes, “lo que podrían aumentar las barreras de acceso a los servicios”.

Según el centro de estudios, el recorte propuesto en el proyecto 2025 amplía la brecha presupuestaria en cerca de medio punto del PIB. “Ahora se requerirían al menos 3.5 puntos adicionales del PIB para alcanzar la cobertura universal en salud; el bajo nivel de financiamiento, respecto a las recomendaciones internacionales, mantiene desigualdades en la atención según la afiliación de las personas”.

Pero no todas las entidades sufrirían el mismo recorte en aportaciones federales para servicios de salud. Los estados en manos de la oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) experimentarían una disminución de 4% en los recursos etiquetados para el FASSA.

Desde que desapareció el Seguro Popular y se creó el Insabi, los gobiernos opositores se rehusaron a adoptar el nuevo esquema de financiemiento de servicios de salud para las personas sin seguridad social y han optado por brindar atención desde las secretarías de salud locales.

En tal sentido, Querétaro (PAN) y Nuevo León (Movimiento Ciudadano) tendrían una reducción de 6% en el FASSA, al pasar de 2 mil 601.6 en 2024 a 2 mil 450.7 millones de pesos en 2025 en el caso del primero, y de 3 mil 777.1 millones a 3 mil 567 millones, en el caso del segundo.

Aguascalientes (PAN) y Durango (PRI) tendrán una disminución de 5%; la reducción en Coahuila (PRI) y Guanajuato (PAN) sería de 4%, mientras que Chihuahua (PAN) y Jalisco (MC) reportarían un recorte de sólo 3 por ciento.