El informe de Rubén Rocha y el discurso legislativo sin perspectiva
Álvaro Aragón Ayala
Con el registro de más de 400 asesinatos y más de 550 “desaparecidos” ¿se está o no ante el final de la narco guerra que libran dos poderosos grupos armados en Culiacán, Mazatlán y otros municipios de Sinaloa? ¿O los enfrentamientos apenas empiezan? ¿Es o no suficiente el baño de sangre y muerte? Las facciones en disputa – ¿qué pelean y por qué? – no ofrecen lecturas de que van a parar los enfrentamientos. Parece ser que ninguno de los dos bandos ha alcanzado sus propósitos ¿Cuáles son?
En el narcotráfico el asesinato, el secuestro y la tortura se entienden como un negocio. Los golpes, mutilaciones y la muerte violenta son las reglas básicas para quienes trabajan en esa ilícita actividad. Son monedas de cambio para pagar por errores cometidos por miembros de una u otra organización, así como la manera de comunicarse e intimidarse mutuamente.
El narcotráfico fue considerado como “cualquier otro negocio” (“Elogio del Crimen” de Carlos Marx) y fue, por décadas, normalizado como otra ocupación. Las preguntas mas interesantes que se plantea la sociedad son: ¿La narco guerra pone o no en riesgo esos negocios? ¿Cuáles son los propósitos reales de uno y de otro bando en disputa?
CÁRCELES DE ALTO RIESGO
El privilegiar los negocios obscuros en las cárceles de Sinaloa colocándolos por encima de los mecanismos de seguridad violentando los derechos humanos de los internos, derivó en una crisis penitenciaria en la que los reclusos mantienen violentos cotos de poder avasallando a las autoridades.
El registro cíclico de actos criminales en los penales- principalmente en el de Aguaruto -demuestra el alto grado de corrupción que atrapa a los internos, custodios y directivos de los centros carcelarios. No hay un plan para modernizar y humanizar las prisiones.
Un diagnóstico del año 2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al sistema penitenciario de Sinaloa reveló que existe un deficiente autogobierno y cogobierno, además de la presencia de actividades ilícitas e insuficiencia del personal y custodios en los penales, en donde incluso se atenta abiertamente contra las mujeres internas.
La balacera que se registró la noche del domingo en el interior del penal de Aguaruto, en donde salieron a relucir armas largas -fusiles y metralletas-, devela que no fue atendida la investigación realizada por la CNDH para levantar el diagnóstico penitenciario del 2023, y que las cárceles siguen siendo centros de actividades ilícitas solapadas por las autoridades.
EL INFORME DE RUBÉN ROCHA MOYA
La sangre no llegó al río porque no se perpetró ninguna masacre parlamentaria. Quienes, con ávido morboso, estuvieron atentos y presenciaron por las redes digitales el Tercer Informe del gobernador Rubén Rocha Moya, fallaron en sus cálculos amargos: le apostaban al insulto, a la injuria, para abrir las coyunturas de la barbarie política.
Los protagonistas de la historia legislativa no culparon al gobernador Rubén Rocha Moya de la crisis de seguridad que impera en Culiacán porque una acusación de esta naturaleza podría tener efectos de bumerán. Quien se atreve a sembrar vientos sabe que cosechará tempestades. No se orquestó, pues, ninguna conspiración legislativa. Los diputados de oposición no se coordinaron ni sincronizaron para atacar al mandatario estatal.
El gobernador Rubén Rocha sorteó dos discursillos filosos sin perspectivas y el personal de Comunicación Social del Gobierno Estatal que comanda Adriana Margarita Ochoa del Toro manejó esta vez con sapiencia la agenda informativa rochista sin dejar demasiados espacios para la crítica mordaz. No se pronunciaron discursos basura. No se escucharon montones de palabras desechables, estridentes, como lo esperaban los morbosos.
No se soltaron las largas frases incoherentes, como intestinos sin fin, ni adjetivos y adverbios que suelen multiplicarse como esporas, y que son usados para flagelar honras, y que al final de cuentas son vertederos de información inútil portadora de enfermedades infecciosas que terminan contagiando la propia investidura legislativa ¿verdad Adriana?
DE JUECES Y MAGISTRADOS
Pues bien, no hay obstáculos que detengan el proceso para la elección de jueces y magistrados. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trata de impedir que los gobernadores acumulen más poder tomando por la vía de la elección/asalto el dominio de los Juzgados de Distrito, los Tribunales Colegiados y las Magistraturas, algunos mandatarios buscarán acomodar a sus amigos, compadres, socios y aliados en esas posiciones.
La ruta del proceso es el siguiente:
Los tres Comités de Evaluación -del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo- tienen hasta el día 15 de diciembre para revisar la documentación que fue entregada por los miles de aspirantes que acudieron a la convocatoria.
Después del 15 de diciembre hasta el 31 de enero, los Comités depurarán la lista para armar una primera lista de candidaturas, una por cada Poder, con el siguiente número de aspirantes por cada cargo:
– Diez para los cargos de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
– Seis para las magistraturas de Tribunal de Circuito y para jueces de Distrito Judicial.
El 5 de febrero de 2025, cada Comité de Evaluación pondrá en una tómbola los nombres mejor evaluados para cada cargo, y se realizará un sorteo para llegar al número de candidaturas que cada Poder podrá poner en la boleta, según lo estipulado en la Constitución:
– Tres para los cargos de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
– Dos para las magistraturas de Tribunal de Circuito y para jueces de Distrito Judicial.
El 12 de febrero, el Senado enviará las listas definitivas de candidaturas al Instituto Nacional Electoral, que deberá proceder al diseño e impresión de las boletas electorales, para distribuirlas conforme a la cartografía aprobada la semana pasada.
El 30 de marzo darán inicio campañas de todos los candidatos, en las que el INE deberá difundir los perfiles de las candidaturas, garantizar acceso equitativo en los tiempos oficiales de radio y TV, fiscalizar los ingresos y gastos, organizar debates entre los aspirantes a cada uno de los cargos y revisar que nadie viole las reglas de promoción en plataformas digitales y redes sociales (en las que está prohibida la contratación de pauta).
El 28 de mayo concluirán las campañas. Y el domingo 1 de junio será la jornada electoral.
