Estados violentos deben financiar programas sociales
Fernando Camacho Servín
Los tres niveles de gobierno deben aportar al financiamiento de los programas sociales, establece el secretario de Bienestar, Javier May. Hacerlo “como complemento a lo que nosotros no alcanzamos a atender”, asegura.
Desde ahora, dice a La Jornada, el gobierno federal promueve un esquema de cooperación con autoridades estatales y municipales –particularmente en las localidades con niveles más altos de violencia– para darle un mejor sustento económico a los programas sociales.
Al frente de una de las dependencias gubernamentales con las más altas asignaciones presupuestales, May Rodríguez destaca que a pesar de las dificultades surgidas por la persistencia de la pandemia de Covid-19 en 2021, la dependencia a su cargo logró continuar con la dispersión de recursos de los esquemas de desarrollo social, los cuales deberán “consolidarse” el año próximo.
Subraya entonces la importancia de que los tres niveles de gobierno participen en el financiamiento de los programas sociales para poder ampliarlos, como sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador en junio de este año durante una gira por el estado de Baja California.
En esa ocasión, el jefe del Ejecutivo propuso que los gobiernos estatales aporten 50 por ciento de los recursos que hacen falta para ampliar y mejorar diversos programas sociales, entre ellos el de las pensiones para adultos mayores y para niñas y niños con discapacidad, además de las becas para estudiantes y apoyos para escuelas públicas.
“Ahorita se ha trabajado en los estados que tienen el mayor índice de violencia. Estamos haciendo un trabajo de coordinación; tuvimos a principios de mes una reunión con los secretarios de desarrollo social de todos los estados para hacer un plan de trabajo conjunto y orientar de mejor manera todos los programas”, apunta May.
Dicha coordinación busca definir con las autoridades locales “cómo complementamos lo que nosotros no alcanzamos a atender”, como obras de agua, drenaje o vivienda –muchas de las cuales se hacen a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social–, además de la propia oferta de programas sociales.
Si los gobiernos estatales y municipales no participan en esta tarea de coordinación, estimó, los esquemas de ayuda “no se caen, pero sí vamos más despacio. Podemos ir más rápido si hacemos la sinergia de complementarnos”.
Interrogado sobre las quejas que ha habido entre los servidores de la nación por los supuestos abusos laborales que enfrentan, May aseguró que “estamos trabajando en ese tema. Se han ido mejorando sus condiciones, aunque también algunas cosas se han politizado. Nos reunimos para ir atendiendo sus necesidades, pero también vemos que a veces (los reclamos) son más políticos que operativos”.
En el mismo tono, defiende lo alcanzado hasta el momento en Sembrando Vida –el cual calificó como “el programa de reforestación más importante que puede haber”– y resaltó que es un esquema “que sí exige que vayas a trabajar todos los días en tu parcela. Si no lo haces, se te da de baja. Ha habido muchas experiencias muy importantes, pero desde luego hay quienes no están acostumbrados a trabajar”.
Luego de anunciar que en 2022 se entregarán 18 mil pesos a los sembradores que ya cumplieron tres años en el esquema, por los ahorros que se ven obligados a hacer en el Banco del Bienestar, May asegura que cada participante es libre de usar sus recursos como desee y plantar las especies que quiera, aunque también indica que la oferta de proveedores de insumos no es muy amplia en sitios apartados.
Para terminar, Javier May reitera sus críticas al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) por considerar que ese organismo reproduce una metodología de medición de la pobreza “que trae desde el periodo neoliberal”, en la cual no considera las afectaciones que generó la pandemia.
Con información de La Jornada
