Los sinaloenses deben saber que….

Álvaro Aragón Ayala

Sin ninguna señal de arrepentimiento, la ex Fiscal General de Justicia de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, señalada como la directa responsable del “montaje de la gasolinera” para intentar desviar la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, reapareció en su cuenta de X en la que plasmó la frase “a disfrutar una comida familiar!”. Sara publicó una foto en la que luce un vestido color verde esmeralda.

Gozando de la indiferencia – ¿o complacencia? -de las dirigencias nacionales y de los legisladores del PRI, PAN y MC, quienes ofrecen la lectura de cuidar la imagen del exsecretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cazarez alcanza relevancia en el Senado de la República y manda señales de que participará en la elección de futuros ministros y magistrados del Poder Judicial Federal. Enrique metió ya a la Comisión de Evaluación para candidatos del PJF a su pupila María Gabriela Sánchez García.

A propósito del Poder Judicial, cuatro magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa, renunciaron a sus cargos. Se trata de la propia María Gabriela Sánchez, Gloria María Zazueta Tirado, Ana Karyna Gutiérrez Arellano y Ricardo López Chávez. Todos son parte del equipo del Senador Enrique Inzunza y no gozan de veto. Pueden aparecer como candidatos a Jueces de Distrito.

Javier Gaxiola Coppel deja la Secretaría de Economía del Gobierno de Rubén Rocha Moya abriendo la puerta a un océano de especulaciones. “Que se fue antes de que la lumbre le llegara a los aparejos”, es una versión que lo coloca entre las víctimas de estrés por la ola de violencia que azota a Culiacán y otros municipios de Sinaloa. Todavía está “calientita”, también, la dimisión de Enrique Díaz Vega, quien fungía como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas y que dejó la víbora chillando.

La Fiscalía General de la República mantiene abiertas tres investigaciones: una por el “secuestro” de Ismael -El Mayo-Zambada, otra por el asesinato/desaparición de sus escoltas y una más por el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda. Las tres están en el radar de la DEA, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Centro Nacional de Inteligencia de México.

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, apareció en la prensa culichi y en las redes sociales presentando la incorporación de la policía municipal a las labores de “prevención” de delitos. Ya comenzaron a “llover” denuncias en las plataformas digitales de agentes que vigilan domicilios y realizan detenciones de “personas sospechosas”. El gobierno de Juan de Dios posee “otros datos”.

Edgar Augusto González Zataraín, el ex alcalde de El Rosario, quien tras un “braguetazo” suplió en la alcaldía de Mazatlán a Guillermo -El Químico- Benítez, víctima de la furia política rochista, alardea que se incorporará al gabinete estatal. El político que presume de semental morenista dejó a Mazatlán sumido en la violencia y atrapado en la “ilusión óptica” de un falso desarrollo social y económico.

A Estrella Palacios, alcaldesa electa de Mazatlán, la persiguen los representantes de grupos políticos camaleonescos: Fernando Pucheta, que representa una facción de los Coppel, grita que será él el poder atrás del trono porque dice que Estrella no brilla y que carece de colmillo para gobernar el municipio. Alejandro -El Diablo- Higuera, del grupo Arhe, también quiere meter su mano en las decisiones municipales. El pícaro de Moisés Ríos Pérez jura que es blanco de una conspiración política.

Juan Ernesto Millán Pietsch salió del Codesin y no generó preguntas para saber el por qué se desprendió o fue “renunciado” del equipo de Rubén Rocha Moya. Al hijo del ex gobernador Juan S. Millán, quienes no lo quieren le atribuyen el haber difundido comentarios sobre “la caída” que molestaron a los directivos del Tercer Piso.

No se sabe aún como le fue, si bien o mal, a la Senadora de Morena, Imelda Castro Castro, pero si impactó su declaración en el sentido de que “la situación en Culiacán es peor que un desastre natural”. La legisladora es considerada la candidata natural a la gubernatura en el 2027 si es que se decide enviar a una mujer a Sinaloa a la competencia electoral.  

Siempre se ha dicho que Roxana Rubio no desfila por los carriles del Partido Acción Nacional, sino que sus pasos se ajustan a las directrices del Tercer Piso. En concreto; que es más rochista que el propio Rocha. Roxana no le apuesta a la Revocación de Mandato 2025 del gobernador. Quiere que se quede. “Si no les gusta el Gobierno de Rocha que se le dé el voto de castigo en 2027”, dijo.

DE LA PATERNIDAD DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO

En el 2014, 227 mil ciudadanos firmaron una propuesta para hacer llegar al Senado de la República una iniciativa para la Revocación de mandato. Fue el 25 de septiembre de aquel año, en que liderados por el grupo parlamentario del PAS (Héctor Melesio Cuén Ojeda, Rosario Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero), llevaron al Poder Legislativo dicha reforma Constitucional.

En el Senado de la República se desarrolló un acto protocolario para recibir los cartones con los 227 mil formatos de respaldo; después se llevaron al INE para su validación y dictaminar que las firmas fueran auténticas y comprobar si se reunían todos los requisitos reglamentarios. El periódico Excélsior calificó el suceso como histórico y lo cabeceó con un epígrafe memorable: “Histórico, avanza iniciativa ciudadana” en materia de segunda vuelta y revocación de mandato.

Lamentablemente durante cinco años los Senadores no dictaminaron la iniciativa lo que obligó a los legisladores del PAS a llevar el caso ante los tribunales jurisdiccional, ganando la sentencia en la Sala Superior, así como cinco posteriores incidentes de inejecución de sentencia que no lograron conmover la insensibilidad legislativa ni la voluntad de los jerarcas de la Cámara Alta.

Posteriormente, la revocación de mandato “transitó” debido a la iniciativa presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la cual fue inmediatamente respaldada por el grupo mayoritario de Morena. En la exposición de motivos se reconoció la iniciativa del PAS. La Revocación de Mandato de AMLO se publicó en el Diario Oficial el 20 de diciembre del 2019, y el 10 de abril del 2022 se puso en práctica por primera vez este ejercicio constitucional.

Para el plano local, la reforma Constitucional del 2019 estableció en el artículo sexto transitorio que “las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la Revocación de Mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local”.

El 26 de mayo del 2022 el PAS presentó su propia propuesta de Ley de Revocación de Mandato, sin encontrar eco en el resto de los grupos parlamentarios. Al Congreso se le venció el plazo legislativo a finales del 2022 y fue omiso durante todo un año. No legisló, pues, en materia de Revocación de Mandato.

La directiva y los diputados del PAS denunciaron por omisión al Congreso local ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, el cual emitió la sentenció el 12 de diciembre del 2023 -resolución TESIN-JDP-99/2023-. Se ordenó “al Congreso del Estado a que instruya a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado de Sinaloa, del mismo órgano, para efecto de que emita en lo inmediato el dictamen correspondiente a la iniciativa que propone expedir la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Sinaloa; presentada por Jesús Angélica Díaz Quiñónez, a fin de que se dé continuidad al proceso legislativo instaurado con motivo de dicha iniciativa”.

Los diputados de Morena cayeron en desacato. No atendieron el dictamen del TESIN y dieron entrada a la iniciativa de Revocación de Mandato del gobernador Rubén Rocha Moya, aprobándola de inmediato.

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