Robo en despoblado en el IMSS
Lourdes Mendoza
Tengo en mis manos una lista con más de 350 productos comprados por el IMSS, a un precio unitario que suma 2 millones 163 mil 914 pesos.
Fuerte doble
Pues inflaron los precios unitarios 30 por ciento, para comprarlos en un total de más de 3 millones de pesos a precio unitario.
Por lo que el gasto total (compras entre abril y septiembre de 2024, de estos 409 productos, número exacto) fue de –inhale y exhale– 4 mil 665 millones de pesos.
Pero esto no es lo peor
Ya que, si revisamos la lista uno a uno, hay casos particulares en que la inflada de precio es exponencial.
Sólo el ejemplo de uno de los 409 productos relacionados en el documento en mi poder, un insumo cuyo costo unitario está registrado en 75.16 pesos, fue adquirido en ¡mil 89 pesos! Multiplique eso por 14 mil unidades adquiridas de ese insumo.
Un robo en despoblado
Todo esto deberá salir en la auditoría que solicitó Javier Guerrero al OIC del IMSS y como prometió, de salir irregularidades, se van a castigar y, digo yo, el poner su carta de renuncia inmediata como responsable final, ¿o no?
Pero bueno, cuando mandó a hacer la auditoría, su concuño Salim Arturo Orci era titular del OIC del IMSS, pues su esposa, Nicte Ruiz Magaña, es hermana de la esposa de Arturo Orci. De hecho, déjenme platicarles que casualmente publiqué este nepotismo y claro conflicto de interés el 11 de octubre y el concuño fue removido de su puesto el 16 de septiembre. Luis Guillermo Álvarez Quintana es el nuevo titular del OIC en el IMSS.
Este no es el único problema que enfrenta Javier Guerrero, quien vergonzosamente desconoce la normatividad del IMSS.
De nada le ha valido estar cinco años como servidor público en este instituto: primero como secretario general y después como director normativo, además de haber sido cuatro veces diputado federal, donde incluso, en su último paso por el Legislativo, fue integrante de las comisiones de Vigilancia de la ASF y del grupo de trabajo parlamentario en materia de salud. Por qué le digo esto, déjeme le explico.
Reglamento Normativo ‘mata’ a Manual de Organización
Un reglamento normativo expedido por el presidente de la República –en el ejercicio de su atribución constitucional reglamentaria (art. 89 fracción I de la Constitución)– es jurídicamente superior a un manual de organización de cualquier entidad de la administración pública federal.
En este caso, el Reglamento Interior del IMSS (RIIMSS), el cual fue expedido en su momento por el presidente, tiene superioridad jurídica sobre el Manual de Organización de la Dirección de Operación y Evaluación (DOE), dirección de Javier Guerrero.
En este sentido, el texto del RIIMSS (cuya última reforma fue publicada en el DOF en agosto de 2012) continúa vigente hasta la fecha y, por lo tanto, lo que allí se diga tiene carácter jurídico de obligatoriedad. Tan es así que la misma ASF emitió una recomendación derivada de la auditoría 2115 (la cual es pública) en la que después del análisis comparativo entre RIIMSS y del Manual de Organización del IMSS concluyó que en el RIIMSS no existe la Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones, ni mucho menos la DOE.
Lo que pasa en la familia, se queda en familia
Por otra parte, el Manual de Organización antes referido no contempla todas las atribuciones de la Dirección de Administración que se indican en el reglamento interior, donde se le denomina ‘Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones’, por lo que dichos documentos no se encuentran actualizados y correlacionados. Por lo tanto, las funciones y atribuciones del RIIMSS siguen siendo vigentes y allí se establecen con claridad las atribuciones que le corresponde cumplir a Javier Guerrero como director normativo de la DOE, tal y como lo expuse en mi columna ‘En el IMSS todo queda en familia’.
Es por ello que vuelvo a ratificar que la información publicada en este espacio es verídica, exacta y precisa, y Javier Guerrero sí tiene atribuciones para nombrar y remover funcionarios de confianza A en los OOAD (antes delegaciones), tal y como él mismo lo expresa y sustenta en el ‘Acuerdo delegatorio del director general publicado el 9 de septiembre de 2016′, en su carta de derecho de réplica. Además de que tiene funciones en materia de adquisiciones y obra de acuerdo con el RIIMSS, por lo tanto, lo que publiqué es real y cierto, y está sustentado con documentos públicos.
Si no sabe, que pregunte y aprenda
Ahora bien, si lo que este funcionario quiere es que el Manual de Organización de la Dirección bajo su encargo sustituya a todas las direcciones que le precedieron y por lo tanto tenga las funciones que actualmente están en ese manual, pues tiene que hacer el proceso jurídico para que se actualice el RIIMSS; que haga su chamba, y si no sabe cómo, pues que pregunte y aprenda.
El sello que norma y distingue a la 4T
El fondo del asunto es que en ningún momento Javier Guerrero desmiente la esencia de mi publicación y a final de cuentas ‘en el IMSS todo queda en familia’. Es el sello que le permitió el gobierno de López Obrador al director del IMSS, Zoé Robledo.
Veremos si la presidenta Claudia Sheinbaum lo sigue permitiendo y, aunque había datos esperanzadores, parece que será lo mismo, pues Zoé Robledo no permitió que Emma Luz López Juárez (de todas las confianzas de Sheinbaum) ocupara el lugar de Borsalino González Andrade en la Dirección de Administración del IMSS, por lo que Emma Luz pasó a la Dirección de Administración de Birmex; el sacrificado fue Eduardo Thomas, de la Unidad de Administración del IMSS.
Ya ve por qué le digo que en el segundo piso de esta dizque transformación ‘en el IMSS todo queda en familia’.
¿Y Zoé, apá?
Como sabemos, anda hoy en día más preocupado por temas familiares que por temas del IMSS.
No basta la impunidad, ¡ahora a castigar a las víctimas!
Qué tal que el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, solicitó a un juez que se encarcele por tres años a una menor de 14 años del municipio de Huimilpan, que fue violada y sufrió un aborto espontáneo.
Cuidado, puede vomitar
Pues este misógino e ignorante también pidió que se condene a la niña a pagar 518 mil pesos al violador que la embarazó, como reparación del daño por la pérdida del bebé. Gobernador Mauricio Kuri, ¿no se le hace una aberración, por decir lo menos, lo que hace el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández?
