“Operación Saqueo” de Quirino Ordaz más grande que la “Operación Desfalco”
Álvaro Aragón Ayala
Por varios lustros la desgracia o la maldición cayó lapidaria sobre la población de Sinaloa. Políticos corruptos tomaron por asalto las finanzas estatales. Gracias a los engranajes o a las redes de complicidad y los comadrazgos, el gobierno estatal se convirtió en una fábrica de nuevos ricos, intocables pese a su “inexplicable” e insultante fortuna amasada al amparo del Poder.
La corrupción se define como “el uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado, así como todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político”, que van desde el peculado, el saqueo, el compadrazgo y el tráfico de influencias, entre otras acciones ilícitas.
En el pasado reciente, la “Operación Desfalco” ocupó las primeras planas de periódicos y cobró relevancia estatal en noticieros radiofónicos de espíritu crítico y de denuncia. La revelación de las trácalas gubernamentales despertó la ira social.
La “Operación Desfalco” fue usada como bandera por personajes políticos para abrirse camino en el escenario electoral, prometiendo enjuiciar a los corruptos. Las acusaciones sobre los funcionarios corruptos y sus parientes alimentaron por varios meses el enojo y el morbo de sociedad sinaloense.
Los ciudadanos votaron en la pasada elección por la transformación, a ver si ahora sí se daba una lucha frontal contra la corrupción. A dos meses del inicio del nuevo gobierno la sociedad comienza a valorar si su sufragio tiene o no algún peso específico para combatir el flagelo o nada más servirá para un cambio de camarilla en el gobierno estatal.
En la “Operación Desfalco” se involucró a 16 funcionarios y políticos de Sinaloa -exgobernadores, senadores, diputados, líderes de partidos, candidatos, alcaldes y secretarios de estado- que lograron obtener contratos o subsidios públicos mientras se hallaban en el Poder.
La posición de privilegio les permitió, de acuerdo a las investigaciones, hacer negocios con los gobiernos a través de sus empresas familiares. El monto obtenido mediante este esquema de posible conflicto de intereses y tráfico de influencias superó los 800 millones de pesos, cantidad muy por abajo del déficit que heredó Quirino Ordaz Coppel al dejar el gobierno de Sinaloa.
En la “Operación Desfalco” se usó un mecanismo rupestre, pero eficaz: la creación de empresas a nombre de los propios políticos o familiares que ganaron contratos gubernamentales donde ellos tenían una amplia capacidad de influencia.
La práctica alcanzó a políticos relacionados con casi todos los partidos: PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Nueva Alianza e involucró a tres exgobernadores de Sinaloa.
La “Operación Desfalco” fue una “piedra en el zapato” para los gobiernos del PRI y del PAN y sigue siendo una agenda pendiente para Mexicanos Contra la Corrupción e Iniciativa Sinaloa, organismos de la sociedad civil que insiste en que se castigue a los funcionarios corruptos.
Quienes se dicen adalides contra la corrupción, unos fuera del gobierno y otros ya prendidos de la ubre presupuestal del Congreso Local o bien de algún ente gubernamental, sepultaron sus peroratas en torno a esta operación. Les interesa la lucha contra la corrupción solo verbal, ya sea electoral o en la tribuna, no en los tribunales.
Mientras el silencio envuelve la “Operación Desfalco”, otro caso de alta corrupción en la que están involucrados el ex gobernador Quirino Ordaz Coppel y su hermano Juan Carlos pudiera ser archivado por quienes prometieron no mentir, no robar y no traicionar a la población.
Se trata del saqueo de la administración quirinista que aflora por todos lados. En el Congreso del Estado los “justicieros” guardan silencio y la Auditoría Superior del Estado actúa como cómplice de los latrocinios del ex mandatario de Sinaloa y de su carnal, el “rey del moche”.
Quirino Ordaz, el amo y señor de las encuestas, el propietario de las estadísticas, el que fue alabado hasta el cansancio en columnas políticas, el que pagó chorros de millones de pesos por la difusión que lo describió como “uno de los mejores gobernadores del país”, dejó un déficit de 2 mil 600 millones de pesos al gobierno de Rubén Rocha Moya.
Además de mil 500 millones de pesos “desaparecidos” que obtuvo como apoyo adicional de la Federación en diciembre del 2020, y la cuenta pendiente de más 700 millones de pesos, dinero que se negó a regresar a la Federación y que obtuvo de manera ilegal, con documentación falsa, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
El ex puntero de todos los sondeos públicos construyó y remodeló estadios deportivos para usufructo de particulares e invirtió dinero del erario estatal en mejorar la infraestructura urbana de Mazatlán para respaldar a sus amigos hoteleros y restauranteros y a las agencias inmobiliarias del puerto.
Quirino Ordaz también dejó 13 obras inconclusas pagadas en una maniobra contable que benefició a su hermano Juan Carlos con el cobro del “moche”.
Mil 905 millones de pesos fueron gastados por Quirino Ordaz solo del 2017 al 2019 para construir la falsedad de un gobierno “echado para adelante”, con un mandatario que aparentemente le respondía a los sinaloenses, artificio que propagandizaron algunos medios que bailaron al son de la danza de esos millones.
Quirino Ordaz se colocó en el escaparate publicitario como una mercancía infalible, pero el artículo y su envoltorio, el producto que representó al final se reveló como una farsa, como mera añagaza mediática.
De la “Operación Desfalco” que involucró a tres ex gobernadores, Sinaloa pasó a cobrar de nuevo negra fama por la “Operación Saqueo” de Quirino Ordaz Coppel, quien sigue contando con la protección de la Auditoría Superior del Estado y de diputados que callan apostándole a la impunidad y a la pérdida de memoria de la sociedad.
