La UAS decide ir a un paro indefinido de labores tras más de 20 meses de una persecución política en su contra y constantes violaciones a su propia autonomía universitaria y diversas leyes por parte de los Tres Poderes en Sinaloa

Tras 20 meses de una absurda persecución política desde los tres Poderes de Sinaloa, en una vergonzosa sumisión de los Poderes Legislativo y Judicial locales, así como de la Fiscalía del Estado ante el Poder Ejecutivo Estatal encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha decidido iniciar un paro indefinido de labores a partir del primer minuto de este lunes 7 de octubre del 2024.

Dicha decisión, anunciada por el Encargado del Despacho de Rectoría de la UAS, Candelario Ortiz Bueno, se da después de una incontable cantidad de constantes violaciones no solamente a la propia autonomía universitaria, sino a normas fundamentales como la propia Constitución Federal, la Ley General de Educación Superior y diversas sentencias del propio Poder Judicial de la Federación.

Con una historia de 151 años, de 2005 a la fecha la Universidad Autónoma de Sinaloa se había mantenido estable y en franco desarrollo académico, posicionándose como una de las mejores casas de estudio del país y con una importante proyección internacional.

Sin embargo, desde febrero del 2023, la UAS ha sufrido los embates de una persecución al haber promovido un juicio de amparo en contra de la Ley de Educación Superior para el Estado de Sinaloa, puesto que varios artículos de la misma violentaban la autonomía universitaria en diversas vertientes, como la de autogobierno, libertad de cátedra, de financiamiento y otras circunstancias más.

El 14 de febrero de 2023, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Educación Superior de Sinaloa, sin haberse observado lo que consagra la fracción séptima del artículo tercero de nuestra Constitución y la Ley General de Educación Superior de nuestro país, específicamente en lo que dispone respecto a la Autonomía Universitaria.

De inmediato, la Universidad por conducto de su Rector titular, el doctor Jesús Madueña Molina, promovió un Juicio de Amparo, el cual una vez que fue resuelto mediante sentencia definitiva, dictada por el Juez Primero de Distrito y confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Décimo Segundo Circuito, sentenciaron que dicha Ley de Educación Superior Estatal ya referida, violaba flagrantemente la Autonomía de la UAS.

Este desafío de la Universidad provocó que tanto el Ejecutivo del Estado como el Congreso Local, de manera conjunta, activaran sus brazos operativos: la Fiscalía General del Estado y la Auditoría Superior del Estado, respectivamente, en busca de comenzar a fabricar delitos y querellas como represalia al afán de la UAS de preservar la lucha por la autonomía, centrándose en dos personajes principalmente: el Rector Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero, quien primero ostentó el cargo de Abogado General de la UAS y posteriormente el de Secretario General.

Así, en contubernio dichas querellas comenzaron a judicializarse en tiempo récord y los funcionarios fueron acusados de dos delitos: abuso de autoridad y desempeño irregular de la función pública. En busca de desestabilizar a la UAS, de manera arbitraria y abusiva, como medida cautelar se decidió separar de manera provisional del cargo al Rector titular, el doctor Jesús Madueña, lo que provocó que, de acuerdo con la Ley Orgánica, el secretario Robespierre Lizárraga asumiera las funciones de Encargado del Despacho de Rectoría.

Lo absurdo de todo, es que el propio Poder Judicial Federal ha amparado contra ambas acusaciones a Madueña Molina. En lo que se refiere a abuso de autoridad, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Distrito con Sede en Mazatlán confirmó la sentencia de amparo a favor de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y declaró que los recursos propios de la Universidad no pueden ser fiscalizados por la Auditoría Superior del Estado (ASE). Respecto al desempeño irregular de la función pública, la Justicia Federal le concedió un amparo para que quede insubsistente su vinculación a proceso, porque no hay delito que perseguir.

De manera reiterada, la UAS llamó al diálogo y a la reconciliación, circunstancia que fue secundada por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llamó a la partes involucradas a que en al menos dos ocasiones se reunieran en la Secretaría de Gobernación con las autoridades federales. Dichos encuentros fueron desdeñados por el propio Ejecutivo del Estado, quien siguió actuando por consigna en contra de la UAS a pesar de la indicación del propio AMLO.

Para colmo, en septiembre de 2024, en un evidente desacato a dicha sentencia de amparo, el Congreso del Estado llevó a cabo el proceso legislativo y modificó la Ley Orgánica de esta Casa Rosalina, realizando una supuesta consulta. No obstante la prohibición impuesta, aun así la realizó, de una forma atropellada y absurda, en la que no participó la comunidad universitaria, ni existió pronunciamiento ni a favor ni en contra del Máximo Órgano de Gobierno de esta institución educativa. Dicha reforma fue publicada en el Periódico Oficial de Sinaloa, con fecha 3 de octubre del presente año, debiendo aclarar que al periódico en el cual fue publicada, tramposamente le pusieron fecha del día anterior, 2 de octubre.

Así también, y como parte de esta persecución política, el pasado 03 de octubre, en una actitud excesivamente desproporcionada, ilegal y arrogante, asumida por parte del juez de control, Carlos Alberto Herrera, el doctor Robespierre Lizárraga Otero fue separado del cargo como Encargado del Despacho de Rectoría, poniendo en un evidente riesgo la estabilidad académica y administrativa de la institución, resolución que tiene su origen en la firme decisión de combatir las ilegales reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Es por ello que, consciente del impacto que podría tener dicha decisión, el actuar doloso e ilegal de los Tres Poderes del Estado de Sinaloa han obligado a la Universidad a actuar en consecuencia, iniciando un paro de labores, llamando a la solidaridad de la propia Comunidad Universitaria, de la sociedad y los sectores productivos que han sido testigos del intenso sometimiento al que el Gobierno Estatal ha pretendido someter a la institución. Dicho llamado se ha extendido a la propia Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en busca de que pueda intervenir y orientar rumbo a una solución de manera definitiva.

Cabe recordar que, durante estos 20 meses, la Universidad nunca dejó de lado sus actividades sustantivas ni paró sus actividades, lo cual se ha traducido en que la UAS se ubique entre las tres mejores universidades del país, de acuerdo al Ranking Mundial por el Times Higher Education, con altos indicadores de calidad, siendo la primera institución en México en cumplir con la cobertura universal, atendiendo a más de 140 mil aspirantes desde 2021 y colocándose en el cuarto lugar como potencia deportiva entre más de 200 instituciones de educación superior en el país.