Sinaloa: determinaciones políticas desafortunadas
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
El gobernador Rubén Rocha Moya estuvo en muy buen momento para vetar las reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa ¿por qué no lo hizo?
Estaba convencido de que el Congreso del Estado obró ilegalmente en la consulta llevada a cabo para reformar la mencionada ley. El mismo gobernador en alguna de sus muchas declaraciones en sus mañaneras señaló que el Congreso no podía votar la reforma porque de hacerlo se convertiría en ley (inaplicable).
También sabe el gobernador que la iniciativa aprobada por el Congreso si la promulga y la publica en el Periódico Oficial se convierte en ley. La fórmula golpista contra la Universidad Autónoma de Sinaloa se vio muy clara. El Ejecutivo no devolvió el proyecto de ley remitido por el Congreso pudiéndolo hacer a través del veto. Por el contrario, la regresó a sus amigos del Congreso con observaciones dentro de los ocho días que establece el artículo 46, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
Por tal motivo, las observaciones formuladas por el Ejecutivo le facilitaron al Congreso que fueran aprobadas sin ninguna dificultad porque contaban con las dos terceras partes del total de miembros del Congreso, cumpliendo así las órdenes de su jefe, el gobernador.
Concluida la farsa, el Congreso le regresó la iniciativa al Ejecutivo y sin más miramientos, tendrá que publicar las reformas a la Ley Orgánica de la UAS. Esa es la historia de la comedia burda y repugnantemente.
Un Congreso entregado, sin voluntad política para oponerse a las órdenes del Ejecutivo y utilizado como instrumento de represión política en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Una legislatura que ya se va dejando un Congreso maloliente por todas las triquiñuelas que se cometieron en contra de la Casa de Estudios Rosalina.
El proceder gubernamental fue odioso y repugnante. La Universidad Autónoma de Sinaloa tenía a su favor la protección constitucional para que el Congreso no llevara a cabo ninguna consulta con fines reformatorios a la Ley Orgánica de dicha Institución. La orden era hacer lo que fuera aun en la ilegalidad para simular una consulta a una comunidad universitaria que nunca existió.
La fracción mayoritaria morenista y sus aliados mercenarios, concretaron finalmente lo que no debieron hacer: llevar a cabo una reforma espuria e ilegal. Esos fueron los diputados del Congreso, morenistas y sus aliados mercenarios, actuando como auténticos hampones parlamentarios.
Cumplida la consigna, se dijo, que la paga había sido cínicamente recibida. Sólo queda la espera para que la publicación se oficialice por el Ejecutivo Estatal. La lucha seguirá, porque Sinaloa tiene un gobierno obsesionado en conquistar a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Lo dijo Gloria Imelda Félix, que no se irían como diputados sin reformar la Ley Orgánica de la UAS. Ya cumplieron su rabieta y ahora que también le truene al gobernador para no dejarlo solo en el problema que le provocaron.
Ley orgánica y procesos penales en contra de los directivos de la UAS han sido la premisa de un gobierno represivo y de persecución en contra de sus opositores políticos. Pero la UAS tiene el mejor mensaje con aliento puro para la sociedad de Sinaloa y los Padres de Familia, que aún con toda esa saña perversa de las autoridades estatales en contra de los directivos universitarios les seguirá cumpliendo con los mejores estándares una educación digna y de calidad a la juventud sinaloense. También, habrá tiempo para defenderse de la tiranía y la maldad gubernamental.
La sociedad está harta de una violencia que enluta a numerosas familias. Muertes y desapariciones en Culiacán y en el Estado sin que el gobierno tenga la voluntad de evitar ese flagelo delincuencial. Una cifra horrenda que prefirieron los del gobierno mejor no informar.
Lo cierto y lo que no se puede ocultar, es que, en todas partes, se escucha decir, que la violencia que padece Sinaloa es la consecuencia de la traición ocurrida el 25 de julio pasado, y el homicidio del Mtro. Héctor Melesio Cuén Ojeda, cuya muerte se exige se esclarezca y que no quede impune. Que la Fiscalía General de la República apresure las indagaciones y se castigue a los culpables de ese reprobable asesinato (En la Fiscalía estatal, tienen mucho que decir).
