Reforma judicial encamina a México a una recesión: Integralia
Silvia Rodríguez
La firma de consultoría Integralia advirtió que con la reforma al Poder Judicial habrá menor protección jurídica para individuos y empresas, así como mayor discrecionalidad en la toma de decisiones por parte del gobierno, al tiempo que conducirá a una mayor politización del sistema judicial y a un mayor sesgo a favor del gobierno, elementos que podrían llevar a una recesión económica.
“Pase lo que pase con el proceso que ya ha arrancado, el resultado final va a ser más politización del sistema judicial y, por tanto, sin lugar a dudas tendrá implicaciones para el sector privado, empresas e inversionistas”, señaló el consultor de Riesgo Político y Económico y Socio y Codirector de la firma, Carlos Ramírez en un webinar organizado por el gestor de activos Franklin Templeton.
Añadió que ante este escenario, Estados Unidos y Canadá podrían endurecer su postura en la revisión del acuerdo comercial que tienen con México, prevista para en 2026.
Carlos Ramírez agregó que con la reforma judicial también habrá mayor concentración del poder y parcialidad; es decir, los pesos y contrapesos se debilitarán.
Consideró que los amparos podrían perder efectividad, a lo que se sumaría la falta de especialización de los jueces, pues por más filtros que les pongan, habrá un “tómbola” para determinar quién entra a la boleta de elección.
“En la boleta claramente habrá una ventaja para las posiciones que ponga el Ejecutivo y el Legislativo, además de riesgo país. Un gobierno que entra con una reforma que ha generado incertidumbre y que complica el inicio del sexenio, con una desaceleración (económica) que se ha agudizado como consecuencia, riesgos de recesión y la necesidad de llevar a cabo una consolidación fiscal sin precedentes en al menos los últimos 30 años”, apuntó.
El consultor de la firma especializada en asuntos públicos advirtió que la reforma judicial también generará costos para las empresas, por ejemplo, al tener que buscar paneles internacionales para defenderse ante la incertidumbre en el sistema judicial local.
A esto se suman las reformas que están por discutirse y que, en su opinión, son “altamente delicadas” para el clima de negocios: la desaparición de los organismos autónomos y la relacionada con industrias estratégicas, que tienen que ver con la CFE y con Pemex, además la que involucra a la prisión preventiva oficiosa.
