Cinco Razones para no apoyar la reforma judicial

Adriana Leticia Campuzano Gallegos*

Desde luego que el sistema de administración e impartición de justicia requiere reformas urgentes y profundas. Para comprenderlo basta considerar la cifra de ilícitos que no se denuncian y el escaso porcentaje, de menos del 1 por ciento, de carpetas de investigación que los fiscales llevan ante los jueces. Todos los que somos responsables de administrarla e impartirla debemos participar en el proceso de transformación.

Pero la reforma que se propone no es la indicada porque se apoya en razones inexactas. En el discurso público se afirma que el proyecto de reforma al Poder Judicial Federal se apoya en al menos cinco razones.

Primera razón: Los jueces y magistrados federales son corruptos, falso. No es cierto que todos los jueces federales somos corruptos. En cualquier organización hay personas honorables y personas corruptas. Así como hay buenos maestros y malos maestros, buenos doctores y malos doctores, buenos políticos y malos políticos, hay jueces buenos y jueces malos, jueces honestos y jueces deshonestos, pero no por eso vamos a correr a todos los maestros, a todos los doctores y a todos los políticos.

Claro, hay jueces corruptos, pero en lugar de despedir indiscriminadamente a todos los jueces hay que hacer más eficientes los mecanismos para identificar y sancionar a los corruptos.

Segunda razón: Los jueces liberan a los delincuentes por intereses obscuros, falso. Los jueces debemos cumplir las reglas y nosotros no hacemos las reglas. Son los legisladores quienes crean las reglas y los jueces estamos obligados a ejecutarlas. Si los legisladores crearon reglas que dicen que ninguna persona debe ser encarcelada a menos que se pruebe que es un delincuente, entonces los jueces, nos guste o no, debemos liberar a las personas cuando los fiscales, policías o investigadores afirman que son delincuentes, pero no lo prueban; si no los liberamos, nos pueden encarcelar por mantener en prisión a una persona cuya culpabilidad no está demostrada.

Entonces, es falso que nosotros liberemos a los delincuentes porque tenemos intereses ocultos oscuros. Se liberan a las personas porque los investigadores y los fiscales no cumplen con las propias reglas que crea el legislador. El gobierno pretende que en todos los casos se mantengan presas a las personas apoyados solo en su dicho de que son culpables. Mejor sería que cumpliendo las propias normas que el legislador ha creado y que nos obligan a ellos y a nosotros, cumplan con su trabajo de probar la culpabilidad de las personas señaladas como delincuentes.

Tercera razón: Los jueces somos una clase privilegiada, falso. No somos una clase privilegiada. Somos servidores públicos con muy buenas prestaciones. Ciertamente los jueces federales tenemos unos sueldos muy superiores a los que recibe el resto de la población, pero esta situación tiene una razón histórica y de operación.

Hasta la década de los 70 del siglo pasado, los sueldos de los jueces federales eran muy bajos. Hacia la década de los 80, el gobierno federal decidió que debían ofrecerse los mejores salarios a los servidores públicos para reclutar a buenos profesionales para garantizar la excelencia en el funcionamiento del Estado, en particular tratándose de los jueces federales, para erradicar las prácticas de corrupción de aquella época.

Luego, ese nivel de prestaciones se ha mantenido en la medida en que el presupuesto lo ha permitido, porque se trata de responder al nivel de compromiso que se exige a los jueces federales. Todos los días muchos de los jueces federales se juegan la vida al reciben amenazas contra su vida, sus familias y sus bienes por parte de los delincuentes y de las personas que pierden en los juicios; reciben las presiones de los funcionarios de los gobiernos federales, locales y municipales y tienen que cargar en su conciencia con el peso de sus decisiones.

Lo anterior, a consecuencia de dejar en la cárcel a una persona que puede ser inocente, de quitar a una madre la custodia sobre un hijo, de permitir que una persona sea privada de todos sus bienes, de autorizar un embargo que llevará a una empresa a la quiebra o de calificar como despido justificado uno que no lo sea.

Además, a diferencia de otros servidores públicos, los jueces no podemos obtener más ingresos a través de otra actividad lucrativa, porque estamos sometidos a vigilancia y supervisión todos los días, debemos estar disponibles 24 horas del día y tenemos que capacitarnos permanentemente para poder hacer nuestro trabajo. ¿Los otros servidores públicos comparten estas condiciones?

Por tanto, no somos una clase privilegiada, somos servidores con sueldos muy buenos y todos deberíamos estar ocupados en garantizar que otros servidores públicos como los maestros, doctores y policías recibieran mejores salarios, todos tendríamos que trabajar para que, en lugar de bajarle los sueldos a quienes ganan bien, se aumentaran los sueldos a quienes lo merecen.

Cuarta razón: Los jueces federales protegemos a los contribuyentes que deben millones al Sistema de Administración Tributaria (SAT, falso. Toda persona tiene derecho a defenderse y a que se le dé la razón si la tiene; por tanto, no se puede impedir a las empresas que se defiendan frente al gobierno porque el derecho a la defensa corresponde a todas las personas y no se le puede negar a una empresa porque el gobierno diga que le debe dinero.

El hecho de que los contribuyentes promuevan juicios en contra de los actos del SAT no puede imputarse a los jueces; además, si las empresas adeudan dinero al fisco federal, todo se resuelve favorablemente al gobierno si demuestra que efectivamente le deben. Se trata simplemente de quién logra probar en el juicio que le asiste la razón. Si algunas empresas han ganado, ello no obedece a que los jueces protejamos a los grandes contribuyentes porque es debido a que el SAT no ha aprobado lo que afirma.

La sentencia favorable al contribuyente es simplemente un acto derivado de lo sucedido en el juicio y de ningún modo entraña un mensaje político contrario a los intereses del pueblo.

Quinta razón: El gobierno no puede perder frente a los jueces, falso. En los países como el nuestro se ha considerado que el gobierno debe estar sujeto a vigilancia y control porque una cosa es la voluntad del pueblo y otra es la manera en que el gobierno ejecuta esa voluntad. Así como el gobierno debe servir al pueblo, también debe servir a los fines y valores protegidos por la Constitución, entre ellos, los derechos de las personas.

El gobierno, por bueno que sea, por cercano al pueblo que sea está sometido a un poder superior que es la Constitución. Y al igual que ocurre en muchos países, el control del gobierno se ha encomendado al Poder Judicial Federal que así se convierte en el garante de la Constitución.

Por tanto, el gobierno debe perder en un juicio ante el Poder Judicial Federal cuando no actúa correctamente; por ejemplo, el gobierno debe perder cuando la alcaldía o el municipio se apodera de un inmueble que no le pertenece y que ocupa porque hay un funcionario que tiene interés personal en ese inmueble; el gobierno debe perder cuando pretende correr a sus empleados y no pagarle sus indemnizaciones; el gobierno debe perder cuando le niega el servicio de guarderías a los varones porque son hombres, aunque sean padres.

También debe perder cuando permite que una mina opere sin sujetarse a las reglas de seguridad y en esa mina mueren muchas personas; el gobierno debe perder cuando crea una Ley de Pensiones que discrimina a los varones y les niega la pensión de viudez; el gobierno debe perder cuando sus agentes participan en actos de tortura y de desaparición forzada. Así, el gobierno debe perder cuando no se comporta conforme a la Constitución. Para que no pierda, basta que respete los derechos de las personas y corresponde a los jueces federales asegurarse de que lo haga.

Como se ha demostrado son falsas las cinco razones en que se apoya la propuesta de reforma al poder judicial federal.

Mejor sería que juntos los jueces federales que conocemos a fondo el fenómeno de la justicia y el gobierno que ha promovido un cambio, trabajemos para conocer las verdaderas causas de las deficiencias de los sistemas de procuración e impartición de justicia y realicemos las acciones necesarias para superarlas. Juntos sería mejor.

*Columnista invitada.

Magistrada de Circuito del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, en la Ciudad de México