En defensa de la sociedad

Marco Antonio Meneses, Magistrado de Circuito en Durango

Martha C Nussbaum, en su libro La Monarquía del Miedo, analiza el concepto del Miedo y nos recuerda una definición de Aristóteles, quien lo entiende como “el dolor producido por la aparente presencia inminente de algo malo o negativo, acompañado de una sensación de impotencia para repelerlo”; se trata de la emoción más temprana de la vida humana, nos dice la autora, y por tanto, de las más arraigadas en nuestro ser, además de que el miedo es “intensamente narcisista”, excluye toda consideración hacia los demás, porque hace que nos concentremos en nosotros mismos, nos volvemos nuestro propio mundo y nada más.

De ahí que Rousseau sostenga que el miedo es la emoción propia del monarca -yo diría, del tirano o del autoritario también-, que por sus inseguridades no comprende ningún mundo común con sus súbditos; sucede que no se representa la posibilidad de un mundo con ideas o proyectos de vida distinta al suyo, delimita el perímetro de acción de las personas sólo al escenario de él y quien sale del perímetro es sometido.

En contextos de temor surge la necesidad descomunal de la lealtad de equipo, una lealtad ampliada en beneficio de la comunidad con el objetivo de librarse del sometimiento; en mi opinión esa lealtad encuentra sentido al defender los valores que a sí misma se ha dado y por los cuales luchó y exigió a lo largo de los años, es decir, valores que no fueron una concesión gratuita.

México, después de movimientos independentistas y luchas revolucionarias, entendió que un país democrático sólo puede existir y perdurar en tanto se respeten los derechos de las personas y existan garantías en caso de que sean violentados, esto es, la democracia no tiene sentido sin un Estado de Derecho, cuya característica central es contar con tribunales independientes precisamente para garantizar la defensa de los derechos. Contar con tribunales independientes en mérito de una justicia imparcial es un valor por el cual el pueblo mexicano luchó.

CIUDAD DE MÉXICO, 27JUNIO2019.- En sesión solemne conjunta de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal FOTO: SCJN /CUARTOSCURO

Como se sabe, el pasado 5 de febrero el poder ejecutivo federal presentó, entre otras iniciativas de reforma constitucional, la del Poder Judicial Federal, cuya esencia es cambiar el mecanismo de selección de juzgadores: quitar el modelo de carrera judicial y fijar el del voto popular. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión convocó a los llamados Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial, supuestamente, para su análisis.

Dichos “diálogos” se llevaron a cabo, no en un contexto de análisis crítico, sino que sirvieron como un espacio de infundios de parte de los promotores de la reforma, tales como que el Poder Judicial de la Federación está corrompido y alejado del pueblo o que el voto popular es un mecanismo de saneamiento a la función judicial; jamás se dio prueba alguna de la generalización de corrupción en el poder judicial federal, ni se explicó cómo, con motivo de ese modelo de votación, se separaría el poder político de la función judicial y así lograr el supuesto acercamiento de la justicia al pueblo y no con los entes de poder que intervendrán en el proceso electoral; en otras palabras, fue una mera simulación, se convirtió en el ilustre teatro del absurdo.

El escenario no pudo ser otro: los congresistas promotores de la reforma permanecieron en modo “no escucho, no oigo” y prosigo en mi propia agenda política, además, porque tarde van, pues públicamente se ha dicho que para septiembre la reforma judicial habrá de aprobarse.

Una prueba más de esa simulación es el propio proyecto de dictamen a la iniciativa presidencial de reforma al poder judicial publicado el pasado 16 de agosto, en el que se expresa que atendiendo “las aportaciones” realizadas en aquellos diálogos, es que se modifica la iniciativa, partiendo de la idea de que había consenso en la aplicación del modelo de voto popular para elegir jueces y magistrados; pero la realidad es otra, la constante en esos diálogos fue la falta de idoneidad de ese modelo y que debía privilegiarse la carrera judicial como mecanismo de selección de juzgadores.

CIUDAD DE MÉXICO, 29NOVIEMBRE2018.- José Ramón Cossío Díaz concluyó su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de 15 años de ser integrante del Máximo Tribunal. Durante una sesión especial, Luis María Aguilar, presidente de la SCJN, le entregó un reconocimiento especial, los demás ministros le externaron y desearon mucho éxito. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO

Los promotores de la reforma judicial no pueden salvar la mayor crítica al modelo de voto popular: la politización de los futuros juzgadores en el momento en que compiten ante un electorado que, desmotivado y ajeno a lo técnico de la función judicial, no les quedará más que asociarse con la agenda partidista dominante en turno si quiere convencer al grueso de los votantes; lo relevante es qué tan popular sean.

Simulación y más simulación, en los diálogos también se cuestionó su inviabilidad económica; pero de nada sirvió, pues hasta el día de hoy no se explica el costo del proceso electoral para jueces, magistrados, ministros, en mérito de las finanzas del Estado; en el proyecto de dictamen a la citada iniciativa de reforma únicamente se dice que se cuenta con los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, de los que por cierto no pueden disponer, aunque quieran elevar a nivel constitucional su desaparición, pues tienen aportaciones individuales de los trabajadores de la judicatura, es decir, dinero privado, no público. La realidad es que esta reforma al poder judicial tiene un costo económico, político y social atroz.

La simulación de los diálogos se traduce en un claro ataque al poder judicial federal, hoy víctima, debe decirse, de su principal logro: haberse vuelto un contrapeso indispensable para la vigencia de un estado democrático y constitucional.

La ofensiva contra el Poder Judicial de la Federación no es otra cosa que la secuela de las luchas políticas y enfrentamientos con respecto al poder, por el poder; pero lo más preocupante es que tal ofensiva no es en defensa de la sociedad, sino en defensa de la victoria del grupo político dominante para hacerla perdurar mediante el sometimiento y la sumisión, característica del miedo a no tener el control de sus pretensiones.

CIUDAD DE MÉXICO, 15MARZO2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, donde presentó a Berenice Romero, como la nueva titular de la Procuradoria Federal del Consumidor (PROFECO) y presentó la carta que envió al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alejandro Saldivar, para que revise los antecedentes del Juez que aceptó un amparo en contra de la Reforma Eléctrica recién aprobado en la Cámara de Diputados. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO

La defensa de la carrera judicial debe sustraerse de ese enfrentamiento por el poder; la defensa de la carrera judicial no se basa en una mera construcción ideológica traducible en que la función judicial en un Estado Constitucional pierde sentido de justicia cuando sus operadores carecen de los conocimientos más sofisticados de la ingeniería jurídica; va más allá, su defensa nace esencialmente del hecho de que la carrera judicial es un proceso de conocimiento y entendimiento de la función jurisdiccional, cuyo carácter racional, valorativo, creativo, pero también de máxima prudencia, requiere del reconocimiento de sus mejores prácticas que, idóneamente, ese modelo de carrera permite concretar.

La función judicial no es mecánica, no se trata de que el o la juzgadora sea espectadora y seguidora de instrucciones, se trata, en realidad, de un ente colaborador más en la construcción del ordenamiento jurídico como elemento de estabilidad social y política.

El modelo de carrera permite el saber de la función judicial, cuyo objetivo es la impartición de justicia imparcial e independiente, y siendo ésta un fundamento de equilibrio social, por ser un valor del pueblo de México, entonces no debe caber la menor duda de que la defensa de la carrera judicial es la defensa de la sociedad misma. Si lo que se pretende es mejorar al poder judicial en beneficio de la sociedad, fortalezcamos el modelo de carrera judicial y en su organización, hagámosla más plural.

La defensa de la carrera judicial y de la independencia del Poder Judicial debe servir de inspiración para nuestras familias, nuestros hijos y para las generaciones futuras; la lucha por una impartición de justicia imparcial e independiente es muestra de lealtad hacia el anhelo social de un mejor país; como sociedad debemos entendernos como pueblo unido, un pueblo no como entidad abstracta que los políticos usan para legitimar sus decisiones, ni como el mito del pueblo que crea la diferencia entre los que toman decisiones y quienes las acatan; sino como un pueblo que aspira y clama justicia, que toma consciencia de su papel en una democracia y de la importancia de la leyes y de quienes las aplican para hacer posible sus proyectos de vida; nuestro compromiso como sociedad es y debe ser con el Estado de Derecho como la personificación del pueblo mismo.

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