La Comisión de Atención a Víctimas retrasa cinco años la indemnización a padres de un joven desaparecido

Paris Martínez

Antonio Robledo y Guadalupe Fernández son dos adultos mayores que han dedicado los últimos 15 años de su vida a la búsqueda de José Antonio, su hijo, un ingeniero civil que fue raptado por el crimen organizado en el estado de Coahuila, en el año 2009. Gracias a la investigación que esta pareja realizó con sus propios medios, las autoridades han logrado procesar penalmente a seis personas involucradas en este crimen y obtener sentencias condenatorias en contra de tres de ellas, aunque, lamentablemente, el joven ingeniero permanece desaparecido hasta la fecha.

Debido a que el crimen sufrido por los señores Antonio y Guadalupe, en su condición de víctimas indirectas, ya fue comprobado definitivamente en tribunales, esta pareja ahora forma parte de un reducido grupo de víctimas a las que la ley mexicana les reconoce el derecho a una indemnización por parte del Estado, para resarcir las pérdidas derivadas de los delitos cometidos en su contra, así como por los gastos que se vieron obligadas a realizar durante el tiempo que duró su búsqueda de justicia.

Sin embargo, en el caso de esta pareja de adultos mayores, dicha indemnización por parte del Estado lleva cinco años “en trámite“, debido a que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Secretaría de Gobernación olvidó registrar en su expediente el cumplimiento del último trámite que les fue requerido, que fue la realización de exámenes médicos y psicológicos practicados por las mismas autoridades desde el año 2019.

Hoy, deteriorada su salud, sin recursos suficientes para continuar la búsqueda de su hijo y de sanción para los responsables de su desaparición, los señores Antonio y Guadalupe han decidido alzar la voz, ante las obligaciones incumplidas por la autoridad en materia de “compensación subsidiaria“, como oficialmente se denomina la indemnización a la que tienen derecho, así como en materia de medidas reparatorias no económicas, en las que el gobierno mexicano también ha sido omiso.

“Desde que nuestro hijo fue desaparecido, mi esposa y yo comenzamos a buscarlo y a investigar qué había pasado, quién se lo había llevado”, explica el señor Antonio, “nosotros vivíamos en la Ciudad de México y, por eso, tuvimos que realizar muchos traslados: a Saltillo, a Monclova, a Torreón, a Matamoros. Incluso recorrimos parte del estado de Nuevo León, visitamos los servicios forenses de cada localidad, por pequeña que fuera, los hospitales, los centros de detención, incluso las instituciones de salud mental y todo lo pagamos con nuestros propios recursos”.

La señora Guadalupe añade: “durante muchos años pagamos incluso el hospedaje y la comida de los policías que nos asignaban como escoltas, porque corríamos riesgo durante esos recorridos, y lo hacíamos agradecidos por su trabajo, aunque en realidad todos esos gastos, los costos de toda la búsqueda, debían de ser cubiertos por las autoridades, no por nosotros”.

Esas investigaciones, realizadas por los señores Antonio y Guadalupe, se prolongaron nueve años, durante los cuales lograron identificar al grupo criminal que raptó a su hijo y proporcionar a las autoridades las pruebas suficientes para detener, presentar a juicio y lograr sentencias definitivas en contra de algunos de ellos, mientras que contra otros el proceso penal continúa.

“Todo lo pagamos con nuestros ahorros”, detalla el señor Antonio, “pero no hay ahorro que alcance y, lamentablemente, cuando desaparecieron a mi hijo, dejamos de tener ingresos, porque él nos apoyaba económicamente y, además, yo trabajaba por mi cuenta, tenía un grupo de clientes a los que ayudaba en cuestiones fiscales, pero a todos esos clientes los perdí, porque para mí la prioridad era la búsqueda de José Antonio. Todo lo que teníamos se nos fue en este proceso, que ha durado muchos años”.

Un proceso de revictimización

En este trance, la salud de Antonio y Guadalupe ha menguado, lo que no sólo les dificulta continuar la búsqueda, sino que representa una fuga añadida de recursos económicos.

“Cinco años después de que desaparecieron a nuestro hijo, en 2014, yo sufrí un infarto”, señala la señora Guadalupe, “en ese momento recibí apoyo del gobierno, me atendieron en el Hospital General y luego me remitieron al Instituto de Cardiología de la Secretaría de Salud, en donde continuó mi tratamiento de forma gratuita. Además, mi esposo recibía atención en el Instituto de Psiquiatría, porque, debido a toda esta situación, ambos enfrentamos episodios de ansiedad muy fuertes. Pero con la pandemia, nos cancelaron el servicio médico, y desde entonces hemos tenido que pagar nosotros el tratamiento: tomamos ansiolíticos y somníferos para lograr dormir, además de otros tratamientos porque, en una situación así, la salud se va”.

Ante la precariedad económica que esta pareja de adultos mayores enfrenta por la búsqueda de justicia y por el deterioro de su salud, desde el año 2018 iniciaron ante la CEAV el trámite para solicitar la indemnización a la que tienen derecho, y un año después, en 2019, cumplieron el último requisito de dicho proceso, que fue someterse a estudios médicos y psicológicos, necesarios para que la autoridad calcule las afectaciones que deben ser cubiertas.

No obstante, el pasado 10 de julio de 2024, la CEAV les informó que esos exámenes médicos estuvieron traspapelados los últimos cinco años, durante los cuales, el trámite para otorgar la indemnización quedó suspendido.

“Nosotros hemos sido pacientes y respetuosos de los procedimientos, por más lentos que sean, pero no hemos obtenido resultados”, lamenta la señora Guadalupe, “incluso, nos resistimos por muchos años a solicitar esta indemnización, porque pensábamos que era mejor que esos apoyos se dieran a las víctimas con más carencias, pero debido a toda esta situación, ahora somos nosotros los que enfrentamos esa necesidad. Y no sabemos cuántos años más puede tomar este proceso, por la negligencia y la discrecionalidad con la que CEAV ha respondido. Esta es una forma de revictimización, que comete la autoridad encargada de atender a las víctimas”.

Para conocer las razones por las cuales la CEAV olvidó durante los últimos cinco años dar continuidad al trámite de indemnización para los padres del ingeniero José Antonio Robledo Fernández, Animal Político solicitó una entrevista con algún representante de dicha institución pública, sin obtenerse respuesta favorable por parte de dicho organismo público.