Del dicho al hecho en el plan 4T para la frontera sur
Ricardo del Muro
En una de sus últimas visitas a Chiapas, a mediados de abril, Claudia Sheinbaum, entonces candidata presidencial, dijo que se ampliará hasta Tapachula el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y se comprometió a impulsar el desarrollo industrial de la frontera sur para atender el problema de la migración.
El proyecto, planteado por el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar, busca construir parques industriales, atraer inversionistas y generar empleos para migrantes y residentes, convirtiendo a Tapachula en la “capital de Centroamérica”.
De lograrse esto –y ojalá que así sea–, se cumpliría un viejo anhelo de los chiapanecos cuyo origen pueden rastrear los historiadores en el siglo XIX, cuando el proyecto fue propuesto por Matías Romero, secretario de Hacienda en los gobiernos de Benito Juárez y de Porfirio Díaz y que años más tarde, retomaría el gobernador Manuel Velasco Suárez (1970 – 1976) al promover la construcción de Puerto Madero como centro de una zona industrial en el Soconusco.
Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho; empezando porque Tapachula está entre las seis ciudades del país con mayor percepción de inseguridad (Inegi, julio 2024) y hay 14 municipios fronterizos, como Frontera Comalapa y Chicomuselo, donde ya es imposible vivir, al grado que sus habitantes han emigrado e incluso, buscaron refugio en Guatemala.
Está claro que para hacer realidad los proyectos de la Cuarta Transformación es fundamental garantizar la seguridad en los 658 kilómetros de nuestra frontera sur, una zona estratégica, limítrofe con Centroamérica, donde actualmente hay una lucha por su control, en que pueden identificarse por lo menos cinco participantes: el Estado mexicano, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno chiapaneco, los 17 ayuntamientos fronterizos, además de los grupos criminales.
A la frontera sur de México hay que darle “muchísima más atención” ante la criminalidad y los flujos migratorios, recomendó el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, un día después de que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, confirmó que 580 familias mexicanas había cruzado la frontera para buscar refugio.
Ante esto, Ramírez, el gobernador electo, escribió en su cuenta de Facebook: “Nosotros, desde la campaña, dijimos que los problemas migratorios de la frontera norte se resuelven desde la frontera sur; estamos listos para iniciar el desarrollo de Chiapas con la consolidación del muro industrial”.
El presidente Joe Biden, en su estrategia para legalizar la migración, anunció en agosto un compromiso con el gobierno mexicano para crear un “espacio internacional multifuncional” en Tapachula, que incluía un consulado.
La historia de nuestra frontera sur, reconocida en 1882, ha estado marcada por conflictos diplomáticos, abandono, violencia y crisis humanitarias de refugiados y migrantes. En 1959, el gobierno de México rompió relaciones con Guatemala, después de que aviones de la fuerza aérea guatemalteca ametrallaron a cinco embarcaciones pesqueras mexicanas.
El gobierno de Miguel de la Madrid (1982 – 1988) adoptó una política de “seguridad nacional” en la frontera sur, para evitar las incursiones del ejército guatemalteco en los campamentos de refugiados, militarizando el sur de Chiapas, en una estrategia que incluyó la designación del general Absalón Castellanos como gobernador de la entidad.
La amnistía tras la rebelión del EZLN implicó la desmilitarización, pero también el abandono de la frontera. Ante la llegada masiva de migrantes, el gobierno de Felipe Calderón anunció un Plan de Reordenamiento de la Frontera Sur (2006); Enrique Peña Nieto, el Programa Frontera Sur (2014) y Andrés Manuel López Obrador optó por la “política de puertas abiertas”.
