Defender la autonomía universitaria me ha traído una persecución política

Jesús Madueña Molina/El Heraldo

Como una de las consecuencias por defender la Autonomía Universitaria, y como parte de una incesante persecución política orquestada desde el gobierno de Sinaloa, en octubre de 2023 un juez de control decidió separarme del cargo de rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aludiendo cargos que nunca fueron probados.

El conflicto entre la UAS y el gobierno del estado está cerca de cumplir año y medio, cuando en febrero de 2023, el Congreso local aprobó la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, la cual fue cuestionada por violentar la Autonomía Universitaria, transgredir lo dispuesto en nuestra Carta Magna y excederse en lo que establece la Ley General de Educación Superior.

Ante este hecho, se tuvo un acercamiento con el gobernador Rubén Rocha Moya, solicitándole que no se publicara dicha ley en tanto no se corrigieran los artículos que consideramos violatorios. Haciendo caso omiso, el 28 de febrero se publicó dicha ley, entrando en vigor el primero de marzo de 2023.

Como respuesta, nos vimos en la necesidad de recurrir a decenas de amparos, los cuales procedieron en el mismo mes de marzo, lo que generó molestia en el gobernador dando inicio a una evidente persecución política. Primero fue la Auditoría Superior del Estado la que intentó realizar auditorías a la universidad, para lo cual no está facultada.

A partir de nuestra negativa, se abrieron carpetas de investigación que se judicializaron de manera exprés terminando con la vinculación a proceso y la separación del cargo, ante lo cual se recurrió al amparo lográndose la protección de la justicia federal, que dictaminó insubsistentes las demandas de la ASE y, por tanto, excesivas las sentencias del juez local. Aun así, sigo separado del cargo.

Durante estos meses, la Fiscalía General del Estado ha abierto diferentes carpetas de investigación sobre un presunto ejercicio indebido del servicio público, demandas que nunca han sido comprobadas por la Fiscalía. A pesar de no tener pruebas, se han sumado vinculaciones a proceso y dos separaciones del cargo más. Asimismo, se han impuesto medidas cautelares adicionales, como la imposibilidad de salir del país y la cobertura de una fianza de 2 millones de pesos.

Adicionalmente, se ha emprendido una campaña de difamación contra un servidor y mi familia, se emiten frecuentemente discursos de odio contra la comunidad universitaria y sus autoridades, se violan derechos humanos de un servidor y diversos compañeros y compañeras, como la presunción de inocencia, una adecuada defensa y el debido proceso.

Al frente de la institución se encuentra el Doctor Robespierre Lizárraga Otero, como encargado del despacho de rectoría, quien ha insistido en recuperar el diálogo con el gobernador, tal y como lo ha sugerido en diferentes ocasiones el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con el deseo de que este conflicto tenga una salida pronta y definitiva, me sumo al llamado al diálogo, a que se regrese a la normalidad académica, a la certidumbre institucional y a la reconciliación. Lo importante aquí no somos las personas que estamos de paso en los diferentes cargos, sino el futuro de la universidad, de sus trabajadores y sus estudiantes.

RECTOR TITULAR SEPARADO TEMPORALMENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA