Canceló la SHyCP recursos a Rubén Rocha por culpa de Quirino Ordaz
Álvaro Aragón Ayala
El gobierno de Quirino Ordaz Coppel gastó por adelantado, “en otras cosas”, el presupuesto de los meses de noviembre y diciembre del 2021 y obligó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a restringir la fluidez de recursos a Sinaloa debido a la sustracción con documentación falsa de 700 millones de pesos del Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, generando una crisis financiera a la administración de Rubén Rocha Moya.
Como secuelas de las irregularidades y trácalas de Quirino Ordaz, la SHyCP canceló por tercera ocasión el Convenio de Coordinación Fiscal al gobierno de Estado, pero hora el “castigo” alcanzó los meses de noviembre y diciembre del 2021 y enero y febrero del 2022-, perjudicando la captación federal de recursos federales del gobierno rochista. El bloqueo se sumó al gasto irregular del presupuesto de egresos 2021 de Sinaloa, autorizado para ejercer en doce meses, pero “devorado” por Quirino Ordaz en 10 meses.
El gobernador Rubén Rocha Moya reveló que su gobierno enfrenta un déficit de 2 mil 600 millones de pesos, dinero que se necesita para cubrir algunas deudas de diciembre, la última quincena del año y los aguinaldos de los trabajadores burócratas. “Seguramente se gastó en obra o ‘en otras cosas’; lo que digo es que se gastó antes de llegar el momento del que se tenía planeado para el gasto”, dijo el mandatario.
El gobierno de Quirino Ordaz Coppel intentó ocultar a la sociedad que obtuvo con documentación falsa 700 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, recursos que supuestamente fueron “aplicados” en el 2020 por el gobierno de Quirino Ordaz Coppel a un rubro no definido. La SHyCP y el SAT detectaron el trinquete en sendas auditorías o rastreos primarios.
Descubierta la transa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador requirió al gobierno de Sinaloa la restitución a la Federación de los 700 millones de pesos. La negativa de la devolución obligó a la SHyCP a suspender en dos ocasiones el Convenio de Coordinación Fiscal, una el 2020 por 4 meses y la otra por otros 4 meses del 2021.
La SHyCP fijó como plazo para la devolución de los 700 millones de pesos el pasado mes de octubre, pero Quirino Ordaz al ir ya de salida optó por ampararse y solicitar los servicios del despacho de José Antonio Meade Kuribreña, ex titular de Hacienda, para evadir la restitución de los recursos, lo que orilló otra vez a la Federación a cancelar por otros 4 meses el Convenio de Coordinación Fiscal, de noviembre a diciembre del 2021 y de enero a febrero del 2022, impactando en la economía del gobierno de Rubén Rocha Moya.
El bloqueo en la fluidez de recursos proveniente de la captación de impuestos federales, metió en un brete al titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y al titular del SATES, Oscar Luis López Barraza, cuyo radio de acción se limita a revisar nóminas y el impuesto predial rústico porque están impedidos a aplicar auditorías a impuestos federales ya que está suspendido el Convenio de Coordinación Fiscal.
La Ley de Coordinación Fiscal faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a celebrar convenios con las Entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Dichas Entidades participarán en el total de los impuestos federales y en otros ingresos mediante la distribución de los fondos constituidos para tales efectos.
La Auditoría Superior del Estado operada aún por Quirino Ordaz Coppel oculta los detalles de los Convenios de Coordinación Fiscal y sus alcances; los anteriores responsables de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y los Órganos Internos de Control “trituraron” documentos comprometedores que involucran a funcionarios públicos y particulares en el tejemaneje del trinquete para sacar de manera irregular 700 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Quirino Ordaz heredó un “déficit inexplicable” de 2 mil 600 millones de pesos dado que la Federación le autorizó un presupuesto para ejercer en 12 meses del orden de los 56 mil 461 millones de pesos, cantidad que “devoró” en 10 meses. Legó también a Rocha Moya la cancelación por los meses de noviembre, diciembre del 2021 y enero y febrero 2022 el Convenio de Coordinación Fiscal.
Por los orígenes del déficit económico y los antecedentes de rapiña del presupuesto quirinista, que pega negativamente en las finanzas estatales, Rubén Rocha enfrenta problemas para obtener de la Federación apoyo económico para el pago de la última quincena de diciembre y la liquidación de los aguinaldos de los burócratas estatales.
