Julian Assange y México

Fabrizio Mejía Madrid

Julian Assange salió libre tras 14 años en Gran Bretaña. Debió declararse culpable. Tiene que pagar medio millón de dólares por el avión que lo llevó a una isla Mariana del Pacífico Sur, cerca de su país natal, Australia. Los medios lo acusaron de violador, de narciso, de hacker y terrorista de la información, de vulnerar la seguridad nacional de los Estados Unidos y sus embajadas. Especularon sobre su cabello blanco, sus parejas, sus hijos. Fue acusado de violación en Suecia. El Ecuador de Lenin Moreno lo expulsó de su Embajada como parte de un acuerdo con el ex jefe de campaña de Donald Trump para renegociar su deuda externa. La policía británica se lo llevó cargando de una oficina de la Embajada ecuatoriana para instalarlo en una prisión de alta seguridad durante cinco años. Ahora está en libertad pero en estos 14 años de encierro, lo denunciado por Wikileaks desde 2006 se fue diluyendo en la memoria colectiva. Junto con el encarcelamiento de Assange, los medios no sólo ocultaron la verdad, sino que se adentraron en el negocio de crear noticias falsas. No podemos sino señalar esa coincidencia en el tiempo: mientras Wikileaks era demonizado, se creaban las guacamayas de Roberto Madrazo y Latinus. Íbamos del denunciante a la fábrica de mentiras. De esto se trata esta columna. 

Empecemos por el inicio. De las filtraciones publicadas por Wikileaks en 2006 poco queda: la corrupción del Gobierno de Kenia, la contaminación de la empresa comerciante de petróleo, Trafigura, en Costa de Marfil, los líderes de la Iglesia de la Cienciología, el manual de tratamiento de prisioneros en Guantánamo, el uso de paraísos fiscales en Islas Caimán por parte del banco suizo Julius Baer. Todo esto fue divulgado con la indignación de la opinión pública mundial pero se diluyó en litigios y demandas penales contra el propio sitio. Es decir, en lugar de reparar el daño denunciado, a las finanzas públicas, al medio ambiente, a la Convención de Ginebra en el trato a prisioneros de guerra, lo que sucedió fue el linchamiento judicial a la plataforma que lo difundía. 

El caso por el que quizás se recuerde durante mucho tiempo a Wikileaks, el del asesinato a civiles en Bagdad desde un helicóptero el 12 de julio de 2007, fue cerrado por el ejército estadounidense y el Departamento de Defensa sin mayor investigación. Como recordarán, la grabación desde un helicóptero de combate del ejército de Estados Unidos documenta cómo su tripulación informa por radio a sus superiores que hay veinte hombres sospechosos. Es un sobrevuelo sobre un área residencial de Bagdad. No es sobre un territorio de combate. Los supuestos agresores llevan ropas civiles y están visiblemente desarmados. Dos de los hombres llevan algo colgado al hombro que, a juzgar por su forma y tamaño, claramente no pueden ser rifles. Más tarde resulta que son periodistas que llevan cámaras fotográficas. Otros dos hombres parecen portar rifles de asalto o armas de fuego similares de cañón largo. Hay que decir que fue el ejército de Estados Unidos el que repartió AK-47 a los civiles para que se defendieran de la ola de asaltos en Bagdad. El uso de esos rifles estaba autorizado para civiles desde 2003. Así que el hecho de que lleven armas no los hace combatientes. Todos los hombres se mueven sin sospechar nada, hablan entre ellos, peatones cruzan la avenida sin mayor preocupación. Los soldados del helicóptero piden permiso para disparar. Se lo otorgan sus superiores. En menos de 30 segundos los peatones están muertos o heridos en la avenida. Los soldados desde el aire celebran su buen tino. “Les diste a los bastardos”, se escucha en la grabación. Pero, las cosas se ponen peor. Hay un hombre herido que se arrastra en el polvo. “Se está levantando”. –  dice un soldado del helicóptero. “¿Tal vez tiene un arma en la mano?” –dice uno de los superiores. “No, todavía no he visto ninguna”, responden desde el helicóptero. El herido casi se pone de rodillas, pero inmediatamente vuelve a caer. “Vamos, amigo”, ordena el artillero, apuntando con la mira al herido indefenso. “Lo único que tienes que hacer es agarrar un arma”. Pero el herido no tiene un arma sino una cámara fotográfica. Es un periodista de la agencia de noticias Reuters de cuarenta años, Saeed Chmagh. Menos de un minuto después aparece un minibús civil. El chofer se baja y, junto con dos otros hombres, intenta evacuar al herido. Los tres rescatistas visten ropas civiles y están claramente desarmados. Nerviosos, los soldados de la tripulación del helicóptero informan: “Se acerca una furgoneta… posiblemente recogiendo cadáveres y armas. ¿Puedo disparar?’. Llevan al herido al minibús. Luego se da autorización para abrir fuego y el minibús es literalmente desintegrado por el cañón de 30 mm del helicóptero. El conductor y los otros dos socorristas mueren instantáneamente. La hija del chofer,de cinco años y su hijo de diez años queda gravemente herido. Los dos niños iban de camino a la escuela con su padre. El propio Chmagh muere poco después; él también es padre de cuatro hijos. Los militares se felicitan una vez más por los disparos como si estuvieran hablando de un videojuego. Cuando las tropas terrestres llegan al lugar e informan que un niño ha resultado herido, la tripulación se limita a comentar: “Ah, maldita sea. Bueno, es su culpa por llevar a sus hijos a una batalla”.

Ese fue la grabación que Julian Assange presentó en el Club de Periodistas de Washington, el 5 de junio de 2010, es decir, tres años después de ocurrido el asesinato de civiles por parte del ejército estadounidense. Le llamó “Asesinato colateral” y ese título resuena en nuestras mentes. Al mismo tiempo que sucedía eso en Iraq, en México se les llamaba casi de igual forma a los civiles muertos en supuestos enfrentamientos entre el crimen organizado y la marina. Daños Colaterales. Niños, estudiantes, transeúntes murieron por cientos de miles en los caminos de México, sin que el responsable último de ello, Felipe Calderón, haya pagado por ninguno de esos crímenes.

Pero, como lo dije en este mismo espacio el 15 de septiembre de 2022, los cables de las Embajadas estadounidenses se refieren, en el caso mexicano, al fraude electoral de 2006 y a la idea del usurpador de decretar un estado de excepción que eliminara las garantías individuales, so pretexto de su guerra contra el narcotráfico que, ahora ya sabemos, encabezaba el Cártel de Sinaloa a través del Secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Cito mi propio texto de hace dos años: 

,“El primer cable está fechado el 14 de junio de 2006. Hasta la Embajada de George W. Bush va un consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez, quien estuvo encargado del financiamiento a los partidos políticos durante siete años y, luego, fue consejero electoral durante otros siete, de 2003 a 2010. Quien redacta el cable asegura que el consejero del INE “claramente le tiene poco amor a López Obrador”. Es decir, que la forma en que se expresa del candidato de la izquierda es despectiva. Pero el cable es crucial para nuestra historia porque en él este consejero Sánchez Gutiérrez afirma que la elección se definirá a favor de Felipe Calderón por tres puntos porcentuales o menos, que esperan una reacción popular encabezada por López Obrador que se desgastará porque ya hay un acuerdo con los partidos para que acepten los resultados, y le anuncia a los gringos que quizás no exista un anuncio del ganador vía el conteo rápido y que todo recaerá en el Programa de Resultados Preliminares. También se le pregunta sobre las denuncias públicas de Andrés Manuel sobre el software para contar votos vendido por el cuñado de Felipe Calderón, Hildebrando Zavala, y el consejero da una serie de explicaciones bastante confusas: primero dice usan un programa que, si bien es de Hildebrando, no se lo compraron a él y, luego, que tenían un contrato con una empresa de procesamiento de datos de Hildebrando pero que lo firmaron en el 2000, cuando el cuñado ya no estaba. Es notable la forma en que el consejero del INE habla de las negociaciones con el PRI para que acepte los resultados a favor de Calderón a cambio -dice- de “puestos en el gabinete y aprobación de ciertas leyes”. Lo que queda claro es el papel del INE completamente sesgado a favor de uno de los contendientes, el de Acción Nacional, y de alguna forma inmiscuido en las negociaciones con el PRI de Roberto Madrazo.

“El siguiente cable sobre el que quiero llamar su atención es el que tiene fecha 19 de octubre 2009 en el que reportan una conversación con el Secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, el General Guillermo Galván, donde el militar les externa a los empleados de la Embajada norteamericana su anhelo de que Felipe Calderón decrete el estado de excepción para su guerra contra el crimen organizado. Quien redacta el informe detalla que el militar citó la posibilidad de invocar el artículo 29 de la Constitución que regula la suspensión de las garantías individuales y el traspaso de las facultades del legislativo al Presidente de la República. El General Galván se queja de que el ejército no tiene un marco legal para actuar y que éste sólo podría sostenerse con el estado de excepción en el que todas las garantías son canceladas. Galván recurre al artículo 29 porque, al parecer, la guerra contra el crimen se obstaculizaba por los derechos individuales como la libertad de expresión, manifestación, y agrupación. Este cable nos da una idea lo que estaba sucediendo al interior de las fuerzas armadas mientras eran lanzadas a las calles y las sierras sin cobertura jurídica: simplemente, buscaban que Felipe Calderón anulara la Constitución para poder hacer su guerra. Luego, el Embajador estadpunidense invita al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont para que de una explicación de si el ejército está actuando fuera de la ley. El funcionario invoca, no una ley o un artículo de la Constitución sino una simple resolución de la Suprema Corte que dictaminó que los militares podían hacer labores de seguridad pública si así se lo pedían las autoridades locales. Gómez Mont confiesa ante los gringos que el Gobierno de Calderón ha discutido la suspensión de garantías y el estado de excepción en casos como el de Chihuahua y en específico Ciudad Juárez”. 

El fraude de 2006 y el estado de excepción que se quiso instalar en México a partir de ese año, son el rostro del Gobierno mexicano visto desde la Embajada gringa tal como lo divulga Wikileaks. Pero, tras la liberación de Assange, ambos episodios siguen su espiral de disolución: hasta la fecha, sus perpetradores no han aceptado el fraude que le hicieron al pueblo de México en 2006 y todavía no existe una investigación sobre los “daños colaterales” de la supuesta guerra contra el narcotráfico en México. Salvo García Luna que está preso en Estados Unidos por narcotraficante, los demás responsables, incluyendo Calderón, no han sido llamados a cuentas.

Como en el caso del ejército de Estados Unidos, en el de México y el fraude de Calderón y Vicente Fox, las revelaciones de Wikileaks se trataron de ocultar con el silencio y la descalificación de su mensajero. En el primer caso, el de Estados Unidos, el acusado de conspiración fue el editor de Wikileaks, y no hubo acusaciones contra los criminales de guerra del episodio en Bagdad que claramente están conscientes de estar asesinando civiles. En el caso mexicano, se ha negado la valía de los cables de la Embajada gringa diciendo que son comunicaciones “informales” y hay quienes todavía niegan las evidencias de un fraude electoral en 2006. A ambos casos, el de Irak y el de Calderón, les quedó chico el lema de Wikileaks: “Si la guerra puede empezarse con una mentira, se puede detener con la verdad”. 

Wikileaks fue una de las primeras plataformas de divulgación de información clasificada que se obtenía de denunciantes que la filtraban de forma anónima. Usó a los diarios corporativos, como el New York Times, Der Spiegel, The Guardian o El País para tener una cobertura institucional, aunque estos mismos medios, beneficiarios de la información clasificada, no movieron muchos dedos para liberar a Assange. De hecho, algunos medios, al final, ya con Assange detenido, se hicieron cómplices de la retórica de la “seguridad nacional” y aquello de que ese tipo de periodismo era, en realidad, “espionaje”. El caso de la persecución en contra de Assange surtió el efecto mediático deseado: hemos olvidado que los verdaderos criminales eran los funcionarios públicos. La impunidad de los ejércitos, los políticos, los medios corporativos, quedó evidenciada en esta persecución contra un solo hombre que creyó en que nada debe ser confidencial si afecta a los ciudadanos. Se le tachó de violentar la confidencialidad de las naciones y de poner en riesgo a los funcionarios que habían sido captados cometiendo delitos de fraude, corrupción o asesinato. Se lo demonizó y aisló de la propia opinión pública. O peor: los supuestos periodistas que viven de los montajes y las noticias falsas, se compararon con Julian Assange. Pero me parece que todo este episodio puede ser descrito entre verdad y mentira. Mientras muchos de los mayores medios globales no sólo han ocultado, por ejemplo, el genocidio israelí en la Franja de Gaza, han fabricado noticias, luego desmentidas, de supuestas decapitaciones a niños por parte de los palestinos. Han hecho pasar por víctimas a los victimarios. Decir la verdad se convirtió en un delito. Fabricar mentiras se premia. Nadie que haya dicho la verdad es millonario. Todo el que vende montajes y manufactura noticias falsas goza de casa con alberca. Al menos, ya Julian Assange está libre, aunque, sospecho que muy endeudado. 

Con información de SinEmbargo