El trafique con las plazas irregulares en la SEPyC, Salud y el gobierno estatal
Álvaro Aragón Ayala
Para privilegiar a quienes se montaron en la pasada contienda electoral en el proyecto del PRI-PAN-PRD, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel asignó de manera irregular cientos de plazas en la Secretaría de Educación y Cultura, el gobierno del Estado, la secretaría de Salud y en diferentes instituciones de educación superior y medio superior.
Un estudio-investigación arroja que el ex titular de la SEPyC, Juan Alfonso Mejía, en confabulación con los líderes sindicales asignaron más de 500 plazas-base de manera irregular alterando el orden de prelación obtenido en los resultados de las evaluaciones la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros.
El especialista en temas educativos, Alejandro Luna Ibarra dijo que la asignación de esas plazas-base violaron los derechos de quienes, previo examen de la USICAM, ganaron esos lugares, lo cual ya provocó una primera andanada de querellas por violación de derechos laborales, que le podría generar al gobierno estatal el pago de 370 millones de pesos por esas demandas judiciales.
La cesión irregular de plazas ha provocado un caos en la SEPyC. Por citar algunos ejemplos: si alguien concursó y ganó el lugar 357 y le dieron el número 10, es irregular. Luego aparecen plazas administrativas que no se justifican: una escuela secundaria que tenía 14 perfectos y solo necesita 3.
Se han detectado anomalías en la “aparición” en la nómina de conserjes y secretarias “fantasmas” y de maestros de educación física que no trabajan en ninguna parte; en esta área, se crearon 25 supervisores cuando solo había 18 y no se justificaban y se otorgaron sin concurso cargos de supervisores de misiones culturales.
En la estructura del gobierno estatal, por indicaciones de Quirino Ordaz, se otorgaron alrededor de 600 plazas irregulares a amigos y familiares de ex funcionarios públicos pasando por encima del derecho de antigüedad de igual número de trabajadores, quienes ejercen presión ante el STASE y el gobierno de Rubén Rocha Moya para que se cancelen. Los líderes del sindicato de burócratas estatales permanecen arropados por el silencio.
En la Secretaría de Salud es donde más se ha visibilizado o publicitado la asignación irregular de cuando menos 300 plazas. La diputada del PAS, Viridiana Camacho culpó a la administración de Quirino Ordaz Coppel por haber favorecido a trabajadores con menos antigüedad.
El diputado Pedro Villegas Lobo acusó que las plazas se vendieron al mejor postor y recordó que las bases que se dieron de manera irregular en la secretaria de salud en la pasada administración fueron 300, además de 600 movimientos irregulares entre cambios de código, lo que significa un mayor salario.
“Ésta es una situación muy delicada para los trabajadores de salud, pero también hay que decirlo, esto es una consecuencia de la corrupción y complicidad de los líderes sindicales corruptos, líderes que tienen nombre y apellido como Arcelia Prado, porque ninguna plaza pudo haber avanzado sin autorización del sindicato que ella representa”, denunció.
Las asignaciones de plazas irregulares se están detectando también en la Universidad Pedagógica de Sinaloa, en la Universidad Tecnológica de Culiacán, en la Universidad Tecnológica de Escuinapa, en el Instituto Tecnológico Superior de Eldorado, en el COBAES, el ICATSIN, el CONALEP y las escuelas Normales.
En las asignaciones de las plazas-base ordenadas por el ex gobernador Quirino Ordaz Coppel no se privilegió ni la antigüedad ni la capacidad académica, médica o administrativa, sino solo la “definición política” a favor de quien fuera candidato del PRI al gobierno de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum.
Con la plaza-base se les pagó la campaña de proselitismo político en contra el actual gobernador Rubén Rocha Moya, quien fuera candidato de Morena-PAS.
