¿A qué viene Graciela Domínguez a la SEPyC?

Alejandro Luna Ibarra

El martes 30 concluyó el periodo de revisión del estado que guarda la administración estatal para empezar a emprender las acciones del nuevo gobierno, por lo que se esperan sorpresas en los próximos días. En algunas áreas, como educación, se tendrá que partir de menos de cero, pues no sólo hay una situación desastrosa de los niveles educativos, magnificados por la pandemia –lo cual que se expresa en el caótico desorden para el regreso presencial a clases—, sino que el cambio de partido en el gobierno –definido desde el 6 de junio—, provocó un cínico y escandaloso saqueo de los recursos públicos en los últimos meses del gobierno anterior, tan abundante y complejo, que aún no se acaba de conocer en toda su magnitud, al grado que el gobernador Rubén Rocha Moya pidió el mes de noviembre para conocer con precisión la magnitud del problema.

Se sabe que funcionarios del gobierno anterior emitieron en la SEPyC cientos de nombramientos de manera ilegal, al margen de la normatividad institucional, tanto administrativos como docentes y de personal directivo que no están en el presupuesto, además de haber desviado cientos de millones de pesos de recursos de los trabajadores que tenía bajo su resguardo temporal como retenedor o para su administración, como el caso de los recursos del SIAP estatal.

Según las propias denuncias de los afectados, funcionarios del gobierno de Quirino Ordaz, asignaron cientos de plazas docentes alterando el orden de prelación obtenido en los resultados de evaluación de la USICAM federal, violando los derechos de quienes obtuvieron esos lugares, lo cual ya provocó una primera andanada de demandas contra el gobierno por violación de derechos laborales.

Si el problema no se corrige ahora, al cumplir los seis meses un día, las plazas que se asignaron de manera ilegal se convertirán en definitivas generando al gobierno la obligación de pagar doblemente esas plazas (unas de hecho y otras por la vía judicial), lo que afectaría seriamente sus finanzas del Estado. Además de plazas docentes se adjudicaron una gran cantidad de administrativas no justificadas, así como de supervisión de educación física, de educación para adultos y de misiones culturales, utilizadas para retribuir servicios en campaña electoral a familiares de funcionarios y políticos.

El problema es serio y tiende a agravarse. Sólo por concepto de pago de demandas judiciales perdidas en juicio, el Gobierno del Estado estaría pagando 370 millones de pesos anuales debido a la irresponsabilidad de funcionarios, reveló en la más reciente conferencia semanera el gobernador Rocha Moya, por lo que poner orden en el manejo de los recursos será una prioridad en el sector educativo. Y falta revisar otros temas vinculados como el manejo de los recursos del ISSSTEESIN, donde se habría tomado como botín de la dirigencia del SNTE 53 la última entrega de créditos de vivienda en el pasado mes de octubre, la desaparición de los ahorros de 25 años de los maestros estatales en el SIAP y la propiedad legal de la USE, así como los bienes y propiedades saqueados (¿y robados?) del ISSSTEESIN.

Habrá que ver, en este caso, si Daniel Ramírez León responde al gobernador Rubén Rocha Moya o al jefe de la sección 53 del SNTE, Daniel Amador Gaxiola, habilidoso seductor de funcionarios públicos.

Por lo pronto, en la SEPYC –en corto plazo—, la prioridad es garantizar el regreso presencial a clases, lo cual se ha vuelto harto complicado por todas las restricciones sanitarias, los protocolos de seguridad y la rehabilitación de los espacios escolares, además de las distorsiones en la conducta y vicios que generó la reclusión obligatoria de maestros, alumnos, trabajadores y funcionarios, que algunos sectores de las propias dirigencias sindicales están aprovechando para “llevar agua a su molino”. Un ambiente que la secretaria de educación, Graciela Domínguez, apenas está empezando a conocer y cuya curva de aprendizaje se podría extender por muchos meses.

¿ADMINISTRAR LA INERCIA O DIRIGIR LA EDUCACIÓN?

¿Administrar o dirigir la educación? es una pregunta recurrente con cada cambio de gobierno y con cada llegada de nuevo secretario de educación, tanto a nivel nacional como a nivel local. Desde José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet no se recuerda un secretario de educación que haya dejado una huella digna de reconocerse en la educación en México. El nombramiento de los secretarios de educación ha respondido más a la circunstancia de control y proyección política que a una visión y/o a un proyecto educativo, de tal manera que cualquiera puede ser secretarios de educación, y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido la excepción. Esteban Moctezuma Barragán no era educador ni intelectual de la educación. Era un político que representaba los intereses de un grupo de poder que el presidente necesitaba en la coyuntura política.

Delfina Gómez, por su parte, sí es maestra de educación básica y quizá una buena maestra de grupo, pero su nombramiento obedece más a su cercanía personal con el presidente que a un perfil a la altura de las circunstancias y las necesidades de la conducción de la educación en México. Definitivamente hay muchas áreas del sistema educativo nacional que se salen de las capacidades y habilidades de la secretaria de educación y que cuyos operadores gobiernan por la libre, con la bandera de la 4T pero con sus compromisos intactos con los grupos de poder que se consolidaron a la sombra de los gobiernos neoliberales, como el grupo de médicos parteros, adoradores de las competencias profesionales, que Aurelio Nuño puso al frente de la formación de profesores a nivel nacional y que hoy navegan con bandera de 4T en la cuadra comunista de José Ángel Concheiro.

Emilio Chuayffet Chemor, ex secretario de gobernación, llegó a la SEP en el gobierno de Enrique Peña Nieto casi con una sola consigna: sacar del camino a Elba Esther Gordillo, su archienemiga en el congreso, que amenazaba a la propia presidencia de Peña Nieto. Cuando apresaron a Elba Esther los maestros lo celebraron sin imaginar hasta donde llegaría la oprobiosa reforma educativa y la afrenta en que se convertiría el SNTE de Juan Díaz de la Torre.

En Sinaloa la historia no es muy diferente. La mayoría de los secretarios de educación han llegado por cercanía con el gobernador o por la conveniencia política circunstancial. No importan los perfiles educativos, sino la lealtad para operar económica y políticamente el manejo del presupuesto –superior al 45% del presupuesto estatal—. Lo que marca la pauta es la lealtad y eficiencia para el manejo de las comisiones por compras de bienes y servicios, por adjudicación de obras, por contratos de construcción y equipamiento, por contratos con proveedores diversos cuyos diezmos ascienden al 20%, así como contratos de seguros de equipos de las escuelas e infraestructura educativa, cuyos siniestros se cobran hasta cinco veces, entre muchas otras variantes, así como el manejo (y venta) de plazas, asignación de conceptos (apoyos) permisos, cambios de adscripción y promociones, adjudicadas ilegalmente (en muchos casos) en la complicidad de funcionarios y dirigentes por el SNTE con criterios económicos y/o políticos.

LA EDUCACIÓN ES LO DE MENOS

De asuntos educativos los secretarios de educación no tienen qué preocuparse. Tanto los programas educativos oficiales como los programas complementarios ya llegan diseñados. Sólo hay que ordenar que se apliquen, sobre todo si ya traen presupuesto asignado, por lo que la labor de los últimos secretarios de educación en el estado se ha reducido a dirigir el remozamiento de baños, construcción de techumbres, bardas perimetrales o la entrega de mesabancos y vales para uniformes escolares y, a veces, a mentir con estadísticas para ocultar su ineficiencia, como fue el último caso.

En suma, de la educación no hay que preocuparse porque la educación la hacen los maestros –y no hay mucho que dirigir porque hasta la dirección ya viene diseñada desde el gobierno federal—. Así que, no se requieren grandes dotes para ser secretario de educación, por lo que los secretarios de educación se concentran, en gran medida, en la tarea política, convirtiendo a la secretaría en plataforma de lanzamiento para su siguiente puesto.

¿HABRÁ UN PROYECTO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO?

¿Seguirá, el gobierno de la 4T, la misma lógica de la administración de los gobiernos anteriores en la operación del sistema educativo? ¿Habrá un proyecto alternativo, complementario, en el nuevo gobierno de la 4T, que permita hacer la diferencia? Hasta el momento, aún no hay mensajes claros del nuevo rumbo educativo de administración estatal, –sólo se habla de escuchar a la gente o de hacerle justicia—, sin embargo, la configuración del equipo que estará al frente de la SEPYC permite identificar algunas señales.

Graciela Domínguez no sabe de educación pero es leal al gobernador y es de “línea dura”. Mantuvo a raya a los políticos de la oposición en el Congreso del Estado –también a sus correligionarios rebeldes— y logró operar significativos ajustes en el presupuesto. Por su perfil político personal, estaba propuesta para ocupar la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del gobierno de Rocha Moya, pero en el reacomodo de fuerzas terminó en la SEPYC, donde hace falta mucha transparencia, orden y justicia, por lo que se trasluce que ese sería la prioridad, ya que La SEPYC es el sector más importante y donde se expresan los más grandes vicios y distorsiones de la función pública, iniciando por la simbiosis SEPYC-SNTE y las prácticas tradicionales de corrupción enraizadas, durante mucho tiempo, en la cultura del sector educativo.

No hay duda de que Graciela tiene la capacidad y la decisión para poner orden, ajustar el gasto y hacer justicia en el sector educativo. Tendrá que mantener a raya a los grupos y líderes sindicales acostumbrados a mandar en la SEPYC, para tratar de recuperar la rectoría del estado en materia de educación –como establece el artículo 7 de la Ley General de Educación —. Tendrá, también, que hacer justicia laboral, un renglón históricamente descuidado –especialmente desde que los dirigentes nacionales entregaron el SNTE al gobierno y cedieron prestaciones históricas de los trabajadores, a cambio de jugosos negocios, en el periodo de la reforma de Peña Nieto—; tendrá también que optimizar el gasto y mejorar la atención al magisterio y a la población en general, ya que el Gobierno Estado gasta muchos recursos en juicios perdidos debido a decisiones irresponsables de sus funcionarios.

Sin embargo, no basta tener una idea clara de la administración pública y de lo que se quiere lograr. Cuarenta años de distorsiones, simbiosis político-sindicales y de historias personales, íntimas, han hecho de la SEPYC “un hueso duro de roer” que no obedece a ninguna lógica de la administración pública y que termina por empequeñecer a sus secretarios de educación y por convertirlos en “un empleado más” en busca de beneficios económicos personales, como cobrar su doble sueldo como director general de los SEPDES y Secretario de Educación, cobrar diezmos y vender (negociar) paquetes de plazas con proyecciones políticas para asegurar su siguiente puesto.

¿TENDRÁ TIEMPO DE APRENDER GRACIELA?

¿Tendrá Graciela Domínguez y su equipo, ajeno a la cultura de la SEPYC, la sabiduría y el tiempo suficiente para poner orden en esa secretaría? Enrique Villa Rivera, con toda su capacidad intelectual y su buena intención, no lo tuvo. Juan Alfonso Mejía traía otros planes –que fracasaron estrepitosamente– y de purista intelectual de las estadísticas y crítico del sistema educativo (de lujo), pasó a náufrago de los niveles insospechados de la corrupción que alimentó.

¿Aprenderán suficientemente rápido, Graciela y su equipo, como para evitar que “los dueños” de la SEPYC “le metan goles” al gobernador Rocha Moya, entre el endulzamiento del oído, las promesas de nuevas lealtades y las amenazas de sabotear el sistema educativo, que ya planean los grupos de poder de las secciones 27 y 53? (ClavE281)