Diputados “blindan” a la Auditora con todo y el descrédito
Álvaro Aragón Ayala
Para el combate a la corrupción, la verificación y fiscalización de las cuentas públicas, Sinaloa carece de una Auditoría Superior del Estado confiable, eficiente y transparente. El trabajo parcial, la presentación de informes superficiales, la falta de resultados y la estructura obesa de la dependencia a cargo de Emma Guadalupe Félix Rivera representa un estigma heredado por el gobierno del priista Quirino Ordaz Coppel y una afrenta al gobierno de la Cuarta Transformación.
Los diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso Local han perdido tiempos preciosos para sentar las bases sólidas de una política de combate a la corrupción, desfilando por un discurso poroso que se aleja de la realidad y que ofrece la lectura de que abrazan la tesis del “perdón y olvido” y que dejarán sin castigo el dispendio y el robo de los recursos públicos del gobierno de Ordaz Coppel.
Con Emma Guadalupe Félix Rivera la Auditoría Superior del Estado no es en la práctica el instrumento de revisión y fiscalización del Congreso del Estado; por el contrario, se constituyó en el “blindaje” de la pasada administración estatal y en comparsa de los funcionarios públicos proclives al despilfarro y a no trasparentar el gasto público.
En las comparecencias, antes de entregar sus cargos, todos los funcionarios estatales que estaban bajo las órdenes de Quirino Ordaz fueron acusados por los actuales diputados de Morena y PAS de no transparentar ni los programas ni recursos que se pusieron a su disposición para el desempeño de sus funciones.
Pese a la opacidad y las evidencias de corrupción y el saqueo de las secretarías de gobierno, la Auditoría Superior del Estado permanece aún en estado de parálisis. Los diputados del Congreso Local “no ajustan” Emma Guadalupe Félix Rivera para que cumpla con sus funciones. El manto de la sospecha cubre las relaciones institucionales de los legisladores con la ASE. “Duerme el sueño de los justos” la recién creada Unidad Técnica de Evaluación que auditaría o verificaría el trabajo de la Auditoría.
Antes del cierre de la Sexagésima Tercera Legislatura, los diputados de Morena acusaron a Emma Guadalupe Félix Rivera de incurrir en una escalada de omisiones y de deficiencias en su desempeño con el propósito de proteger al gobierno de Quirino Ordaz, calificado de altamente corrupto y proclive dispendio y a los gastos millonarios en el maquillaje de su imagen.
En función de diputada -hoy es titular de la SEPyC-, Graciela Domínguez Nava, quien fungía como presidenta de la Comisión de Fiscalización, cuestionó que la ASE no haya realizado ninguna observación a la construcción de un estadio de futbol de más de 700 millones de pesos que se le regaló a un particular. Ante esa de actuación, preguntó: “¿Nos sirve así una Auditoría Superior del Estado? ¿Qué intereses se protegen por la ASE? Porque todo indica que no son los intereses del pueblo sinaloense”.
También en funciones de diputada, Graciela Grijalva Castro acusó a Félix Rivera de “servir al gobernador, protegiendo sus excesos y frivolidades, omitiendo sus responsabilidades en materia de revisión del gasto público, desde el inicio y hasta el último año del ejercicio legislativo”.
La otrora diputada Yeraldine Bonilla Valverde cuestionó la falta de revisión en la compra del edificio Homex, y de la millonaria inversión en su remodelación, pues aseguró que hubiera salido más barato construir un edificio nuevo.
El entonces diputado Andrés Gilberto Rodelo Cárdenas criticó que la Secretaría de Obras Públicas haya gastado más de lo que se le aprobó, sin saber en qué se gastó ese dinero y criticó las millonarias inversiones en estadios deportivos en franca violación de la ley sólo para beneficiar a amigos y familiares como Ernesto Coppel, Toledo Corro, Joaquín Vega Acuña, Ignacio de Nicolás y Ricardo Salinas Pliego.
Quien fuera también diputado, Jesús Víctor Manuel Calderón Cabanillas, censuró que la ASE haya pasado de tener una estructura administrativa de 211 trabajadores a casi el doble, y que a pesar de tener herramientas para hacer un buen trabajo registre un desempeño gris.
El antaño diputado, José Antonio Crespo López, cuestionó la falta de revisión en las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, el cual –afirmó- ha sido llevado a la quiebra por los dos últimos gobernadores, poniendo con ello en riesgo el sistema de seguridad de los burócratas.
Las acusaciones lanzadas por los tribunos de la Sexagésima Tercera Legislatura se perdieron en el “archivo histórico” del Congreso Local. La nueva hornada de diputados de Morena, de la Sexagésima Cuarta Legislatura, entraron a la fase de una “protección sospechosa” de Emma Guadalupe Félix Rivera, a quien no tocan ni con el pétalo de una rosa.
Los legisladores siguen siendo “generosos” con la auditora y no activan la Unidad Técnica de Evaluación, responsable de auditar a la Auditoría Superior del Estado, y las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Hacienda, Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana y la de Fiscalización, no han incluido en su agenda de prioridades el caso de la Auditoría Superior del Estado.
Cayeron ya en el vacío las acusaciones de los diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura que señalaron a la titular de la ASE de manejar el presupuesto de la institución de manera discrecional, como si se tratara de una “empresa particular”, en la cual se escuchan únicamente dos voces, primero la de Quirino Ordaz Coppel y después la de la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera.
No se atendió tampoco la denuncia del personal de la ASE que reveló que quienes si trabajan en la Auditoría perciben salarios entre 12 y 22 mil pesos mensuales, mientras que a los funcionarios y la corte de adulación de Emma Guadalupe Félix les pagan arriba de los 64 mil pesos mensuales.
La lectura que se capta es de que a los diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura no les interesa regularizar el funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado, de que pudiera existir un “acuerdo soterrado” para proteger a Quirino Ordaz y a aquellos que fueron sus funcionarios estatales y de que tampoco figura en la agenda del Congreso Local emprender tareas de combate a la corrupción gubernamental.
