El reto del INE: hacer mucho más con menos
El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta tres retos –presupuestales, organizacionales y de fiscalización– que implican llevar a cabo unos comicios más complejos que los de hace seis años sin contar con recursos adicionales.
Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló desafíos de coordinación con los organismos locales –con los que enfrenta duplicidad de funciones– además de limitaciones en materia de fiscalización.
El centro de investigación en política pública dio a conocer un análisis en el que detalla con datos el reto que enfrenta el organismo electoral frente a unos comicios con una previsible participación mayor a la que se tuvo en 2018.
En lo presupuestal, para poner una comparación, el INE tuvo un gasto aprobado de 32 mil 608 millones de pesos en un proceso que contaría con la particpación de 90.7 millones de personas, con 18 mil 299 cargos en disputa.
Y ahora, en 2024, el presupuesto es prácticamente el mismo: 32 mil 767 millones, para un universo de casi 10 millones de personas más (100 millones) y casi mil 600 cargos más en disputa (19 mil 887).
En esto hay que considerar que en este año es la primera vez que habrá elecciones federales y elecciones locales en las 32 entidades federativas de forma simultánea.
El INE transfiere 31 por ciento de su presupuesto a los partidos políticos y tiene a su cargo la fiscalización de estos recursos; este año 2024, el INE les dirigió 10 mil 179 millones de pesos, el monto más alto en la historia.
Sin embargo, observa el IMCO, “los recursos destinados a la gestión administrativa del Instituto y a la organización electoral han ido a la baja, tanto en relación con el padrón como en términos absolutos”.
La organización electoral, por ejemplo, recibió 2 mil 873 millones de pesos en 2024, 21 por ciento menos -en términos reales- que en 2018, expone el estudio.
Coordinarse en lo local
El segundo desafío es que el INE y los Organismos Públicos Locales (OPL) deben coordinarse para la organización de los comicios a nivel local. Esto implica que, aunque cuentan con autonomía, deben asegurar la homologación de estándares para los procesos, normas y tiempos electorales con el INE.
“La estructura desconcentrada del INE enfrenta duplicidad de funciones con los órganos públicos locales y, en ocasiones, financia funciones de estos cuando existen recortes presupuestales”, destaca el IMCO.
Un caso que cita como ejemplo es el de la elección local de 2021-2023 en el que la OPL de Durango tuvo una restricción presupuestal importante. “En este escenario, el INE realizó el préstamo de material electoral para que se pudieran llevar a cabo los comicios”, expuso.
Finalmente, el tercer desafío es la fiscalización del gasto.
“A pesar de que 61% del presupuesto del INE va a las Juntas Locales y Distritales, solo se realizaron tres auditorías a las más de 332 juntas. Esto revela una limitación en la fiscalización presupuestaria”, observa el IMCO.
Propuestas
Con el fin de que se cuente con un INE más fortalecido y autónomo, el centro de análisis planteó las siguientes acciones:
- Crear un fondo para procesos electorales en el que el INE pueda acumular recursos con el objetivo de organizar elecciones extraordinarias cuando atraiga las sea necesario cubrir la atracción de funciones de los OPL, así como y para los procesos electorales federales ordinarios en casos de recorte presupuestal en año electoral.
- Unificar las bases de datos de nómina y recursos humanos de las diferentes áreas del INE en la Dirección de Administración para facilitar el monitoreo del cumplimiento del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos.
- Garantizar que el gasto ejercido por las Juntas Locales y Distritales sea empleado siguiendo los principios de economía y eficiencia.
- Mejorar la calidad de los datos abiertos que publica el Instituto para que la sociedad civil y la ciudadanía pueda utilizarlos en la creación de herramientas de fiscalización y análisis que fortalezcan la confianza ciudadana en el INE.
- Realizar un diagnóstico detallado del Servicio Profesional Electoral para evaluar la pertinencia de las evaluaciones y los esquemas de promoción vigentes.
El estudio puede consultarse en este enlace.
