El involucramiento de AMLO, uno de los cinco focos rojos contra la integridad de la elección
El involucramiento del presidente de la república en la elección es uno de los focos rojos que deben corregirse para garantizar la equidad en la contienda, señalados por el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral.
La iniciativa que cuenta con la participación de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil dio a conocer su tercer Informe sobre la Integridad del proceso electoral 2023-2024, en el que también se menciona la violencia como otro factor de riesgo.
El acuerdo, cuyo objetivo es monitorear el desarrollo apegado a la ley de los comicios de 2024, ha sido firmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), 29 presidencias de los institutos electorales locales las magistraturas y tribunales electorales locales, y 26 organizaciones civiles.
Entre estas últimas figuran Causa en Común, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la Academia Interamericana de Derechos Humanos, la Coparmex, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Laboratorio Electoral y Voto Informado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los cinco riesgos
El tercer informe, reseñado en un comunicado y presentado en una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, identifica cinco focos rojos en el periodo de intercampañas, a saber.
- Involucramiento directo y sistemático del presidente de la república en la elección.
- Violación sistemática a la legislación electoral por parte de las coaliciones y sus precandidaturas.
- Crisis internas y de legitimidad en el arbitraje electoral.
- Los diferentes tipos de violencia que rodean las elecciones.
- Uso de los procedimientos sancionadores para limitar el debate público y la libertad de expresión.
El informe analiza el periodo de intercampañas del 19 de enero al 29 de febrero de 2024 y su objetivo es detectar y señalar las irregularidades que puedan afectar la integridad del proceso electoral.
En ese contexto advierten que frente a los cinco focos señalados resulta imperativo tomar acciones urgentes y contundentes para salvaguardar la integridad del proceso electoral:
El involucramiento de AMLO
El informe expone que, a pesar de las múltiples denuncias y sanciones impuestas por las autoridades electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha persistido en vulnerar el principio de neutralidad y ha utilizado recursos públicos para favorecer al partido y la candidata de su preferencia.
En ese contexto el Acuerdo subrayó la necesidad de que todas las personas en cargos públicos, incluyendo al Ejecutivo, se adhieran a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral.
Transgresión de la ley
El segundo foco señalado es la transgresión sistemática de los límites establecidos para el periodo de intercampañas por parte de las coaliciones y sus precandidaturas.
“Observamos una tendencia preocupante de los actores políticos a mantener una alta presencia mediática y proselitista que genera inequidad y dificulta la fiscalización”, observa el ANIE, que llama a las autoridades electorales a fortalecer sus mecanismos de vigilancia y sanción para garantizar el cumplimiento del marco jurídico electoral y preservar la equidad en la competencia electoral.
Arbitraje
El informe alude a las crisis internas y cuestionamientos sobre la legitimidad y capacidad de arbitraje de las autoridades electorales.
“Tanto el INE como el TEPJF han experimentado conflictos y divisiones internas lo que dificulta la toma de decisiones y genera dudas sobre la estabilidad de los criterios aplicados en la organización y fiscalización del proceso electoral”, expone la ANIE.
En ese contexto considera crucial que las autoridades electorales fortalezcan su cohesión interna, mejoren la calidad de sus decisiones y actúen con firmeza y transparencia para salvaguardar la integridad del proceso electoral generando confianza en la ciudadanía.
También llamó al Senado de la República para que realice las designaciones pendientes en el tribunal electoral, un problema señalado por la magistrada Janine Otálora.
Violencia
El proceso electoral, advierte el informe, se ha visto marcado por un preocupante aumento de agresiones, amenazas y atentados contra candidaturas, funcionarios públicos y personas involucradas en la contienda.
“La violencia ha afectado a actores de todos los partidos y ha resultado en al menos 24 asesinatos a aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular”, señala.
En ese contexto considera imperativo que se fortalezcan los mecanismos de prevención, investigación y sanción de la violencia política, y se establezcan protocolos más efectivos para garantizar la integridad física de quienes participan en el proceso electoral.
Libertad de expresión
Finalmente señala el uso indebido de los procedimientos especiales sancionadores por parte de actores políticos para silenciar el debate libre en redes sociales y medios de comunicación.
“Durante el periodo de intercampañas, observamos un aumento en el número de denuncias presentadas por candidaturas y partidos contra periodistas, líderes de opinión y ciudadanos que expresan críticas o cuestionamientos a través de plataformas digitales”, expone el Acuerdo Nacional.
Así, llamó a las autoridades electorales a que establezcan criterios claros y garantías para prevenir el abuso de estos mecanismos, protegiendo así el legítimo ejercicio de la libertad de expresión; además, condena el uso indebido de procedimientos legales para silenciar críticas y opiniones divergentes.
El Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral considera necesario que las autoridades competentes investiguen y sancionen con celeridad y firmeza cualquier violación a la normativa electoral, especialmente aquellas que involucren el uso indebido de recursos públicos, la comisión de violencia política o la intervención del crimen organizado en las elecciones.
Finalmente plantea que se deben fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y entre niveles de gobierno para garantizar una respuesta efectiva y oportuna ante los riesgos y amenazas identificados.
