Cayó la “Ley Rocha” y el gobernador premia a diputados violadores de la ley
Álvaro Aragón Ayala
En un escenario en la que el gobernador intenta recompensar con la reelección o con nuevos cargos públicos a los legisladores y funcionarios públicos que atacan a la Universidad Autónoma de Sinaloa, un juez de distrito decretó la inconstitucionalidad de la “Ley Rocha” mandándola al cesto de la basura. Con la ilegal Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa Rubén Rocha Moya pretende aún secuestrar a la Casa Rosalina.
El anuncio de la inconstitucionalidad de la ley de marras sacudió a los diputados morenistas y sus aliados del Congreso Local y a los funcionarios del Tercer Piso del Gobierno de Sinaloa porque cayó cuando el propio gobernador realinea sus piezas y busca premiar electoral, política y administrativamente a quienes participaron y aprobaron la Ley de marras y que han jugado un papel preponderante en la criminalización de los funcionarios universitarios.
Así es. Diputados y funcionarios estatales se alistan para recibir el pago del gobernador Rubén Rocha por su “trabajo” legislativo y por embestir a la UAS, difamando y calumniando, y usando sus cargos y la tribuna del Congreso para intentar validar con sus declaraciones la ley y la invención de demandas penales contra el Rector legítimamente electo Jesús Madueña Molina, Robespierre Lizárraga Otero, encargado del Despacho de la Rectoría, el ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera y los miembros del Comité de Adquisiciones de la institución.
La Ley de Educación Superior del Estado fue elaborada por instrucciones giradas por el gobernador Rubén Rocha a sus asesores jurídicos del Gobierno del Estado y a los diputados de Morena y sus comparsas del PRI del Congreso Local, con el propósito de contar con un instrumento que le facilite irrumpir en la vida interna de la UAS otorgándole facultades al Poder Legislativo para participar en la creación de una nueva Ley Orgánica de la Casa Rosalina y, además, permitiendo la concentración del pago de nómina de los trabajadores universitarios en la Secretaría de Educación Pública y Cultura.
El juez federal determinó la inconstitucional de la ley por considerarla violatoria a la autonomía universitaria y resolvió la no aplicación a la UAS, en el presente ni con posteridad, de los artículos 3 párrafos tercero y cuarto, 19, 51 fracción VIII, 59 y 69 fracciones IX y X de la referida “Ley Rocha”, artículos que deberán ser derogados por el Congreso Local para dar paso a su reforma y homologarlos al contenido de la Ley General de Educación Superior.
En la elaboración de la Ley de Educación Superior del Estado participaron violando la Constitución el secretario general de Gobierno Enrique Inzunza Cázares, Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local; el diputado Miguel Luque Rojas, presidente de la Comisión de Educación, y los diputados Sergio Mario Arredondo Salas, Ambrocio Chávez Chávez, Serapio Vargas, Pedro Lobo, Ricardo Madrid, Juana Minerva Vázquez González. María Teresa Guerra Ochoa, titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres, actuó como “asesora externa” en la confección del bodrio legislativo.
En agradecimiento a su intervención en la manufactura de “Ley Rocha”, declarada inconstitucional por un juez de distrito, y por sus ataques a la UAS, el gobernador pretende premiar a Enrique Inzunza Cázarez con la candidatura de Morena al Senado de la República; a Feliciano Castro planea mandarlo a la SEPyC (quedaría en lugar de su Alter Ego Graciela Domínguez a la que quieren como diputada federal); a María Teresa la pretende colocar como diputada federal pluri; a Manuel Luque ya lo instaló como candidato a la diputación por el 04 Distrito Electoral. Rubén Rocha exige a Morena que reelija al resto de los otros involucrados.
La caída legal, jurídica, de la Ley de Educación Superior del Estado dejó al descubierto el entramado de legisladores de Morena y de diputados traidores del PRI, todos al servicio del gobernador, decididos a violar la ley en la elaboración de “leyes”, dispuestos a atentar contra la Constitución, con tal de cumplirle los caprichos a Rubén Rocha Moya, quien está obsesionado con tomar por asalto a la UAS. Incluso, el mandatario estatal ordenó la invención de delitos contra los funcionarios de la UAS que rechazaron la “Ley Rocha”.
