2023, el intrincado año para la migración en México
Sergio Iván González
El fracaso de llegar a Estados Unidos se volvió más dramático en la ruta a través de México en el año que concluyó. La crisis encontró reflejo en las más de 686 mil personas extranjeras en situación irregular que detectó el Instituto Nacional de Migración (INM) en el territorio nacional, un número que batió los registros en una década. De sur a norte, el país volvió a ser el escenario de flujos de personas que anhelan otra vida fuera de sus países de origen.
Aun con gastos de cientos de millones de pesos en transportación, el INM se encontraba sin liquidez para realizar deportaciones en diciembre pasado. El 5 de diciembre el organismo a cargo del bienestar de las personas que transitan por México rumbo a Estados Unidos, reconoció que no tenía dinero y tampoco servicios contratados para efectuar traslados de migrantes. La agencia AP difundió una circular en la que Francisco Garduño, director del INM, comunicó que la Secretaría de Hacienda suspendió pagos a causa de una serie de ajustes de fin de año.
Debido a ello, “y a la falta de liquidez para cubrir los compromisos” adquiridos, se ordenó la suspensión de varias actividades como los servicios aéreos de “retornos asistidos” y la “transportación terrestre”.
La falta de recursos para la transportación contrasta con la erogación que hizo el Instituto durante el año para ese concepto. El 24 de febrero de 2023 inició una contratación por 422 millones 413 mil 793 pesos con ETN Turistar Lujo S.A de C.V y el 22 de septiembre firmó otro por 185 millones 344 mil 827 pesos con AeroEnlaces Nacionales S.A de C.V. Los dos vencieron el pasado 31 de diciembre. Y si en diciembre, las deportaciones fueron suspendidas, estas contrataciones no fueron suficientes.
Pese al reconocimiento interno del Instituto de no contar con recursos, uno de esos contratos –el firmado con ETN Turistar Lujo S.A de C.V se encuentra entre las cien contrataciones públicas más altas que se hicieron el año pasado, en la posición 56. En total, el INM gastó en transportación el 37.2 por ciento del total que erogó en 2023 en contratos públicos.
El nuevo año se ha iniciado mientras la crisis migratoria muestra signos de gravedad y el INM aún no firma ninguna contratación dirigida a la atención de las mujeres, hombres, niñas y niños que se encuentran en México por razones de migración irregular.
De acuerdo con su propio marco jurídico, el organismo está obligado a atender y transportar a la frontera sur a los migrantes que se queden en México después de que su intento por llegar a Estados Unidos queda frustrado. En 2003, el Departamento de Seguridad Interna de aquel país informó que suspendería ese servicio y por lo tanto, México debía hacerse cargo. A partir de entonces el INM empezó a licitar contratos.
Un rincón en México
El hecho de que la deportación y los traslados fueran suspendidos en diciembre, implica que algunos grupos de migrantes que no lograron llegar a Estados Unidos se quedaran en México. Las personas requirieron comida. Y ese gasto fue el otro protagonista en las erogaciones del INM durante el año pasado con dos contrataciones con Operadora Saludables S.A de C.V.
Pero se trata de una empresa que estuvo a cargo de la comida en la estación Siglo XXI en Chiapas, en julio de 2021, cuando unos 60 migrantes de varias nacionalidades presentaron cuadros de infección estomacal por supuesta ingesta de alimentos en descomposición. Es la misma que en marzo de 2023 sirvió en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde una protesta por “la poca comida” suscitó una quema de colchonetas y luego un incendio en el que murieron 40 migrantes.
Pese a los antecedentes, esa compañía ganó con el INM durante el año pasado, 368 millones 958 mil 157 pesos. Uno de sus contratos tuvo vigencia de abril a junio y el otro de junio a diciembre. Otros gastos del organismo en ese ejercicio se fueron en limpieza, garrafones de agua, adquisición de medicamentos, mantenimiento de elevadores, así como adquisición de camisas, chalecos y chamarras para observadores del programa Héroes Paisanos.
El pastel de la migración
Con todo, los servicios contratados por el INM fueron un pastel para las empresas en México. De 57 contratos, nueve se otorgaron a firmas grandes. Esta lista la integraron Aeroenlaces Nacionales S.A de C.V, Aseo Privado Institucional S.A de C.V, Arinc Incorporated, Iqsec S.A de C.V, Operadora de Comedores Saludables, Quick Medicine y ETN Turistar Lujo S.A de C.V.
Otros 12 quedaron en las empresas medianas Comercializadora Agua Chula S.A de C.V, Carmina Construcciones S.A de C.V, Corporativo Maren S de RL de C.V, Clínica de la Mujer y Central Quirúrgica S.C, Centro de Orientación Familiar de Tapachula A.C y Elevadores Schindler S.A de C.V.
En promedio, en 2023 el INM gastó 26 millones 608 mil 945 pesos en 56 contrataciones públicas. Su desembolso más grande fue el destinado a transportación con ETN Turistar Lujo S.A de C.V por 422 millones 413 mil 793 pesos. El menor, por 23 mil 443 pesos, se lo llevó esa misma empresa para un servicio que implicó regular el ingreso y salida de mexicanos y extranjeros de México.
Presupuesto histórico, pero con dudas
En medio de la crisis migratoria que atraviesa el país, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha recibido uno de los presupuestos más robustos en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El objetivo de este aumento, de acuerdo con la administración federal actual, es el de atender el fenómeno migratorio que vive el país, pues se han elevado los flujos de personas que cruzan y que padecen todo tipo de violaciones a sus derechos humanos.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el INM recibió para este año una asignación económica de mil 897 millones 727 mil 910 pesos, lo que representa un aumento del 7.2 por ciento en comparación con 2023, año en el que se asignaron mil 769 millones 159 mil pesos.
A pesar de los recursos destinados por la administración federal a este instituto, la crisis migratoria se ha agudizado en los últimos años, con la revelación de abusos por parte de las autoridades y la falta de capacidad para atender las caravanas de extranjeros que caminan el territorio nacional.
No obstante, según organizaciones sociales y activistas, los recursos canalizados a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) han sido insuficientes para brindar apoyo a los migrantes en tránsito, y mucho menos para aquellos que quedan atrapados en varios estados de la República mexicana.
Se frenó la tendencia a la baja
El Instituto Nacional de Migración experimentó una disminución en los recursos durante la gestión de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, en 2018, el último año del titular del Ejecutivo priista, se aprobó una asignación de apenas 799 millones de pesos.
Aunque el aumento de recursos públicos al INM responde a una cuestión de demandas ciudadanas y de defensores de los derechos humanos que han denunciado diversas violaciones en los últimos años, principalmente por parte de autoridades y el crimen organizado.
Raúl Torres, diputado migrante por el Congreso de la Ciudad de México, sostuvo en una entrevista con Reporte Índigo que, a pesar del aumento en el presupuesto del INM, este no se refleja en una migración más ordenada.
“Este incremento es minúsculo en comparación con el apoyo que se necesita para atender cuestiones de salud y servicios entre los migrantes. Es primordial que se atienda esta población para evitar conflictos en los lugares que se han asentado”, advirtió Torres.
Ante esto, el legislador local instó al Gobierno federal a eficientar el gasto y elaborar estrategias que permitan dar un trato digno a los extranjeros que ingresan al país con destino a Estados Unidos.
La crisis sin precedentes
La migración agobia a México con todos sus rostros posibles. Lo ha vuelto territorio receptor, de tránsito y expulsor.
El número de extranjeros sin permiso de actividad remunerada que ingresó a México aumentó de manera exponencial en tres años, de acuerdo con el documento “Estadísticas Migratorias” de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación. En 2021 fueron 2 millones 870 mil 488. Para 2022, esa cifra fue de 3 millones 949 mil 493. El año pasado, llegó a 4 millones 282 mil 865.
La crisis migratoria encontró reflejo en el número de peticiones de asilo en México que entre enero y noviembre del año que concluyó llegó a 136 mil 934, una cifra que superó a la de 2021 cuando se había registrado el número más alto, de acuerdo con la Comisión de Ayuda a Refugiados. Quienes más han pedido refugio en México son las personas provenientes de Haití (43 mil 459), Honduras (40 mil 142), Cuba (17 mil 686), El Salvador (5 mil 900), Guatemala (5 mil 896) y Venezuela (5 mil 388).
Pero también en las detenciones. De octubre de 2022 a septiembre de 2023 ocurrió el número más grande hasta ahora en “encuentros” con migrantes de autoridades migratorias en Estados Unidos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La cifra fue de 2 millones 475 mil 669.
Mientras, el país expulsa a sus propios ciudadanos. Entre enero y noviembre del año pasado, 64 mil 811 mexicanos fueron detenidos en Estados Unidos de un total de 242 mil 418. Los connacionales superaron a los que procedían de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Durante 2023 ninguna medida detuvo el ánimo de atravesar México para intentar cruzar a Estados Unidos. Los dos países acordaron incrementar el despliegue de elementos de seguridad en la frontera, y Estados Unidos endureció las sanciones para quienes fueran detenidos en su territorio sin documentos ni justificación. Nada impidió el abandono del terruño en búsqueda de otra vida.
