Militarización y extractivismo aplastan los derechos de las comunidades
Patricia Dávila
“La militarización en México se desarrolla en un escenario donde existe una gran cantidad de conflictos socioambientales derivados de actividades extractivistas. Hasta 2019 se contabilizaban más de 800 conflictos: mineros, de hidrocarburos, agua, forestales y de infraestructura, en algunos de los cuales se observa la presencia militar para tratar de resolverlos casi siempre a favor de las empresas”.
La resistencia social es especialmente férrea en los tramos donde opera Sedena para la realización de las megaobras del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se utiliza a los militares para intimidar a los lugareños, pues de esa forma se previene que la población pueda obstruir el proyecto; además, al mismo tiempo existen denuncias de violencia y agresiones de militares, sobre todo contra mujeres.
Esas son algunas de las conclusiones a las que llegó un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Xochimilco), encabezados por Aleida Azamar Alonso, y que publicaron en el libro Disputa por los bienes naturales: Militarización y fuerzas armadas en México.
Los autores señalan que, como parte de la militarización silenciosa en México, en los últimos años se ha afianzado la estrategia gubernamental de militarización de los cuerpos de seguridad civil para proteger los espacios extractivos, generando procesos de violencia contra la población que podría estar en contra.
Si bien la obtención de los recursos primarios, como minerales, hidrocarburos, madera y agua, entre otros, son fundamentales para la supervivencia humana, la forma en que se llevan a cabo dichas actividades de extracción actualmente superan por mucho las necesidades sociales y están orientadas sobre todo a cubrir las demandas del mercado para garantizar la reproducción del capital.
Esto provoca, por un lado, malestar entre la población cercana a donde se realizan actividades extractivas, pues al ser intensivas tienen efectos negativos en la seguridad social, ambiental, económica, de salud y laboral. En consecuencia, genera conflictos que pueden escalar hasta la violencia física debido al despojo a las comunidades y a la apropiación de distintos recursos.
Carlos Rodríguez Wallenius, Carlos Tornel y Beatriz Olivera, coautores del libro, señalan que actualmente la militarización en México empata con la modificación de la estrategia de seguridad pública, ya que se ha adoptado el uso de fuerzas armadas para tareas de vigilancia y prevención del delito, entre otras, lo que ha provocado que el Ejército y la Guardia Nacional enfrenten a la población que rechaza las actividades extractivas o de infraestructura en sus territorios.
También analizan el papel de los cuerpos castrenses en el desarrollo de la industria extractiva en México, que genera otro tipo de violencia para las comunidades que enfrentan la explotación ambiental de sus territorios.
En México la militarización ha tenido un efecto contrario al esperado, pues se ha elevado el nivel de violencia, lo que en parte se relaciona con el uso de estrategias militares para afrontar procesos complejos como el narcotráfico y otros crímenes.
Además abordan aspectos relacionados con la forma en que se emplean los cuerpos castrenses para realizar labores en otros sectores, como la construcción, con efectos negativos tanto para la industria pública y privada como para las propias finanzas del Estado, pues además de ampliar los sectores en los que las fuerzas armadas tienen control en el país, también resultan fortalecidas económicamente sin que exista claridad específica del fin último de dichos recursos.
Tan solo en la zona norte del país el Ejército ha recibido diversas tareas, como la construcción de un libramiento ferroviario para desahogar el tráfico de materiales que atravesaba la ciudad de Nogales, la modificación y reubicación de la aduana de Estados Unidos, así como la construcción de una vía elevada en la zona fronteriza de Tijuana. En conjunto estos proyectos superan los 30 mil millones de pesos.
Con todo, esos proyectos son apenas una parte de la relevancia que ha ganado la institución militar, Al menos cinco de las mayores obras de este sexenio se encuentran en manos de la institución armada.
Megaproyectos, blindados
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México, se le encargó directamente al Ejército, creando en el proceso más de 40 mil empleos y una movilización de más de mil especialistas castrenses para apoyar la construcción, cuya primera etapa ya se inauguró. El presupuesto original de este proyecto era de
75 mil millones de pesos, aunque en 2022 se calculó en 125 mil millones.
Pese a su grado de avance, esta obra carece de accesos adecuados para el transporte público, pues apenas existe un puñado de rutas en las que se tienen que realizar múltiples trasbordos para llegar al aeropuerto, custodiado por la Semar y administrado por la empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S.A. de C.V., constituida casi en su totalidad por aportaciones de la Sedena y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
Para realizar esta obra se han utilizado múltiples terrenos y espacios sociales pertenecientes a vecinos de la localidad, lo que generó tensión y conflictos. Los habitantes de San Miguel Xaltocan, en Nextlalpan, Estado de México, han enfrentado con violencia a la policía militar y cerrado los accesos a su población para evitar que, de acuerdo con sus declaraciones, se les despoje de más terrenos y se hagan obras que no necesitan. En respuesta, el gobierno federal movilizó a una gran cantidad de efectivos para detener las protestas sin buscar el diálogo.
El segundo megaproyecto relevante en este sexenio es el Tren Maya, obra ferroviaria que se despliega en varios estados del sureste. Lo administra el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), pero la mayor parte de sus actividades, incluyendo el control de gastos y operaciones, lo lleva a cabo la Sedena. Su presupuesto original era de 144 mil millones de pesos, pero ya alcanzó los 200 mil millones.
Esta obra se divide en siete tramos, de los cuales solamente en cuatro trabajan compañías civiles, mientras que en los tramos 5 Norte, 6 y 7 opera de forma específica la empresa constructora militar de la Sedena. De acuerdo con la información de los pobladores, el Ejército y Fonatur han simulado consultas locales con la presencia de elementos armados para intimidar a la población.
Precisamente en estos espacios controlados por Sedena se atraviesa parte de los territorios ocupados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que lo considera una provocación.
El tercer megaproyecto importante analizado por los investigadores es la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, que se encuentra parcialmente inaugurado aunque no está en operación. A este proyecto se destinaron originalmente 154 mil millones de pesos, aunque ahora la cifra llega a 293 mil millones. Esta obra, parcialmente inaugurada en julio de 2022, ha presentado varios conflictos laborales durante su desarrollo, en los que la policía militar ha detenido a los implicados mediante el uso de la fuerza.
Lo más alarmante es que, a pesar de los diversos videos en los que se observa la violencia de las corporaciones de seguridad pública contra los trabajadores, el gobierno federal ha rechazado su relación con el problema, como si las fuerzas armadas y policías no obedecieran a autoridades civiles.
Otra obra importante es el Proyecto Integral Morelos, un intento de industrialización en la zona centro del país por medio de la reorganización del territorio que abarca gran parte de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Más de 60 comunidades campesinas e indígenas han manifestado su descontento porque que no fueron consultadas y rechazan tajantemente su realización.
Este megaproyecto, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde la década de 1990, pretende construir una gran cantidad de infraestructura pública para generar energía eléctrica con distintas fuentes. Para ello se instalarán centrales termoeléctricas, gasoductos y acueductos.
Las centrales termoeléctricas instaladas en Huexca, Morelos, se empezaron a construir en 2012 y culminaron en 2015, pero no pudieron operar hasta 2021, después de que en 2019 el gobierno de López Obrador realizara una consulta ciudadana para saber si los pobladores aprobaban o rechazaban la obra. Dicha consulta fue vigilada por el Ejército y, a pesar de eso, uno de los opositores más notables, Samir Flores Soberanes, fue asesinado. Aún con el malestar y el rechazo por parte de la población ante esta situación, se validó la consulta en la que supuestamente la mayoría de los habitantes aprobó la obra.
También en este caso, la Guardia Nacional desalojó a los opositores de este proyecto.
Se puede agregar el caso del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, consistente en la rehabilitación de infraestructura férrea, portuaria e industrial para unir el Golfo de México con el de Tehuantepec y conectar así los océanos Atlántico y Pacífico mediante un corredor que puede tener una importancia económica clave para el mundo.
La Semar licita las obras para este proyecto a un grupo amplio de empresas civiles, aunque esta institución militar opera la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que trabajará en el mejoramiento de las líneas férreas. El ferrocarril ha generado también inversión en parques industriales que habían sido aprobados por las comunidades cercanas a cambio de pagos y otros compromisos, pero de acuerdo con los habitantes el Estado no ha cumplido, lo que provoca malestar y rechazo local.
Policía minera: protección privada
Además, en el libro mencionado se revisa la situación de actividades como la extracción de agua, de minerales, hidrocarburos y otros recursos. En 2020 se creó la policía minera para proteger los espacios públicos de acciones ilegales de extracción, entre otros. Sin embargo, ese mismo año efectivos de la nueva corporación se enviaron a proteger proyectos privados de la empresa Fresnillo Plc, subsidiaria de Grupo Peñoles en la mina La Herradura, en Sonora, con el argumento que al estar alejadas de la ciudad esas instalaciones está muy expuesta a los crímenes.
Por otro lado, los investigadores señalan que los empresarios y la administración pública no mencionan el gran conflicto social que tiene la mina La Herradura con la comunidad vecina de El Bajío, que ha intentado detener al proyecto extractivo debido a los múltiples riesgos y costos socioambientales que genera.
Utilizar un cuerpo de seguridad parcialmente militarizado se ha justificado como parte del proyecto de pacificación del país, que además tiene como sector estratégico a la industria minera nacional, que actualmente se enfrenta a una grave ola de criminalidad. Además la policía minera, en su campaña de reclutamiento para 2022, busca específicamente a exmilitares o exintegrantes de la Guardia Nacional, así como de otras instituciones de seguridad pública.
En el libro se destaca el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien en 2022 era Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue el artífice de dicha corporación y que su creación coincide con lo señalado en el informe Martial Mining en 2020: que el extractivismo, en particular la minería, requieren tácticas militares y de contrainsurgencia para legitimarse de forma violenta frente a la población que podría rechazar estos proyectos y otras actividades extractivas.
Otro ejemplo del uso de la Guardia Nacional para la defender proyectos extractivistas es el municipio de Juan C. Bonilla, en Puebla, donde vecinos de una veintena de comunidades tenía tomadas desde 2021 las instalaciones de la planta embotelladora de la empresa Bonafont. Los elementos de la Guardia Nacional no dialogaron con los habitantes ni verificaron sus demandas, sino que desalojaron violentamente a los pobladores y colocaron un cerco para garantizar que la empresa mantuviera su actividad.
Los investigadores también se refieren a Cherán, comunidad indígena michoacana que en 2008 se organizó para expulsar a las autoridades locales y a los talamontes ilegales de los bosques en su territorio comunitario.
El problema, señalan los autores en sus conclusiones, es que el Ejército no es una institución preparada para el cumplimiento de tareas de seguridad pública, por lo que no buscan el diálogo sino la neutralización de su objetivo. La actuación de las Fuerzas Armadas, advierten, puede exacerbar los niveles de violencia al intervenir en los proyectos extractivos y de infraestructura que la población no acepta.
