Gobierno de Rubén Rocha indiferente ante la escalada de desaparecidos
Álvaro Aragón Ayala
Sinaloa, gobernado por el morenista Rubén Rocha Moya que institucionalizó la corrupción, es indiferente a las desapariciones y los sepultamientos clandestinos: el estado registra la tasa más alta de todo el país en materia de personas desaparecidas que terminan siendo localizadas sin vida por las autoridades, de acuerdo con los análisis elaborados por el Consejo Estatal de Seguridad Pública de la entidad.
En el estudio titulado “Desaparición Forzada de Personas. Diagnóstico Sinaloa 2023“, publicado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se destaca la peligrosidad extrema que enfrentan las personas que llegan a ser víctimas de desaparición en esa entidad federativa.
La medición que hizo la Coordinación General del Consejo sobre el riesgo de ser asesinado que presentan las víctimas de desaparición en Sinaloa arrojó tasa más alta en Sinaloa en comparación con otros estados del país.
“En cuanto a las tasas por cada 100 mil habitantes en relación a las personas localizadas sin vida en el lapso de 1962 a julio de 2023, los cinco estados con las tasas más altas son: Sinaloa con 43.9 por ciento, Colima con 38.8, Chihuahua con 22.2, Zacatecas con 18.3 y Tamaulipas con 17.9″.
Muy alejados de esa alta peligrosidad que registran los casos de desaparición en Sinaloa, el estudio muestra que hay 18 estados del país que tienen tasas menores a 10 personas localizadas sin vida por cada 100 mil habitantes, a saber: Tabasco, Baja California, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Ciudad de México, Tlaxcala, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Sonora, Aguascalientes, Michoacán, Yucatán, Coahuila y Guanajuato.
Mientras que, en un rango medio de esta medición, se ubicarían las 12 entidades federativas restantes del país, al presentar tasas entre 10 a 22 personas localizadas sin vida bajo la misma métrica, las cuales son: Durango, Puebla, Nayarit, Guerrero, Estado de México, Baja California Sur, Nuevo León, Morelos, Jalisco, Tamaulipas, Zacatecas y Chihuahua.
En consonancia con esta información, el Diagnóstico advierte que el estado de Sinaloa que gobierna Rocha Moya, se encuentra entre las entidades del país con más hallazgos de personas desaparecidas que terminan perdiendo la vida, considerando los datos históricos (1962 a julio de 2023) del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda.
“Las cinco entidades que reportan el mayor número de personas localizadas sin vida en el periodo señalado son: Estado de México con 2 mil 026, Sinaloa con mil 328, Jalisco con mil 326, Chihuahua con 832 y Nuevo León con 812, estas cinco entidades representan el 49 por ciento del total (en ese lapso, a nivel nacional, fueron localizadas sin vida 12,851 personas)”.
LAS ESTADISTICAS FALSAS
A pesar de esta alta peligrosidad que han adquirido los casos de desaparición en Sinaloa, el Gobierno de Rocha Moya pretende ocultar la realidad con “estadísticas falsas” y discursos ramplones sobre seguridad; no atiende tampoco la agenda para instalar y poner en marcha el Sistema Estatal de Búsqueda previsto en la legislación, precisamente para asegurar un trabajo coordinado entre las distintas instituciones con responsabilidades en la materia.
La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el diagnóstico presentado el 9 de noviembre del 2023, advierte que el Sistema no ha sido formalmente integrado, contraviniendo la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, promulgada en 2017.
“Esta legislación general sentó las bases para que los congresos locales emitieran las leyes estatales en la materia, así como para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las Comisiones estatales. En Sinaloa, la Comisión Estatal de Búsqueda se creó el 8 de marzo del 2019. Sin embargo, al mes de agosto de 2023 el Sistema Estatal de Búsqueda no ha sido formalmente integrado e iniciado funciones como órgano colegiado”.
Entre las irregularidades reveladas por el estudio del CGCESP destacan que tanto del Gobierno de Rocha Moya como de los legisladores locales, destaca la falta de una convocatoria para la conformación del Consejo Ciudadano, previsto en el artículo 4, fracción VI, de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa (LMDFPS), una instancia de vital importancia por ser el órgano de consulta de la Comisión Estatal de Búsqueda Personas”.
De igual forma, califica como “urgente” por las condiciones de violencia que registra Sinaloa, cumplir ya con el marco normativo instalando formalmente el Sistema Estatal de Búsqueda de Sinaloa, lo cual sigue pendiente, considerando que el mismo debe tener la siguiente integración, según el Artículo 14 de la LMDFPS:
“La persona titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, quien lo presidirá; II. La persona titular de la Fiscalía General del Estado; III. La persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; IV. La persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda; quién fungirá como Secretaria Ejecutiva; V. La persona titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y VI. Tres personas del Consejo Estatal Ciudadano que representen a cada uno de los sectores que lo integran”.
