La auditoría que “agujeró” la credibilidad de los periodistas
Álvaro Aragón Ayala
La auditoría aplicada a la Universidad Autónoma de Sinaloa desfondó la campaña de descrédito montada con el sonsonete de que la Casa Rosalina no se deja auditar, exhibió la conspiración de Rubén Rocha Moya contra los funcionarios universitarios que no han permitido que el gobernador tome el control de la institución, y “agujeró” la credibilidad de los comunicadores que han venido construyendo escenarios falsos en torno a la vida interna y el quehacer de la máxima casa de estudios. Quedó claro: por dinero, periodistas y columnistas se convirtieron en la voz de un gobierno persecutor, perverso y mentiroso.
Por más de ocho meses, por órdenes de Rocha Moya, medios de comunicación, con convenios millonarios con el gobierno del Estado, difundieron el sonsonete de que la UAS no se deja auditar porque decían que los funcionarios uaseños hacían mal uso del presupuesto universitario. El estribillo gubernamental fue el soporte para darle rienda suelta a la “imaginación informativa”. La mentirosa cantaleta abrió la coyuntura para que el gobernador inventara que se habían comprado 18 millones de pesos de tortillas en una sola emisión y de que no se licitaban las compras que realizaba la institución.
Los inventos del gobernador apoyados por una narrativa cuasi-policiaca de los medios de comunicación y periodistas comprados le permitieron justificar ante la sociedad la prevaricación o la fabricación demandas penales contra los funcionarios universitarios. Así, montado en esa mentira, Rubén Rocha instrumentó a la Fiscalía General de Justicia, la UIPES, el SATES y la Auditoría Superior del Estado, para que actuaran sincronizadamente en contra de la UAS y sus funcionarios, tratando, pues, de encarcelarlos.
Fue así que el gobernador le “sacó jugó” al sonsonete ese de que la Universidad no se deja auditar: con documentos falsos o adulterados, con acusaciones públicas inverosímiles, sin contar con la legitimidad del resultado de una auditoría, llevó a los tribunales a Jesús Madueña Molina, a quien, violando el principio de autonomía, suspendió del cargo de Rector; ahora, Rocha Moya persigue al encargado del despacho de Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, y a los miembros del Comité de Adquisiciones.
Sin embargo, en pleno disfrute de su venganza contra los funcionarios universitarios que no lo han dejado asaltar a la Casa Rosalina, la Auditoría Superior de la Federación informó sobre los resultados de la auditoría 2022 aplicada a la UAS, lo cual cayó como balde de agua fría en la humanidad del gobernador y sus aliados. Resultó que la Universidad sí es auditada, que sí se deja auditar. Rodó, entonces, por los caminos de la mentira el estribillo gubernamental que dibujaba a la institución como violadora de las normas de transparencia y rendición de cuentas.
La auditoría federal dejó al descubierto que era falso, una vil mentira, el sonsonete fabricado por Rubén Rocha y difundido, previo pago, por los medios de comunicación y periodistas de corte gubernamental, y “analizado” por columnistas que aparecen en la “nómina secreta” rochista, quienes por consigna y por el brillo del dinero blandían acusaciones contra los funcionarios de la UAS con el ánimo de desacreditarlos, de criminalizarlos, de penalizarlos, por encima de la presunción de inocencia y el debido proceso.
Al ser exhibidos, pues, como mentirosos, sin recato alguno, obedeciendo a la vez las órdenes del gobernador Rubén Rocha encolerizado con la Auditoría Superior de la Federación que no encontró ningún daño hacendario, ningún daño patrimonial a la institución de educación superior ni ningún desvío de recursos, además de que la Casa Rosalina solventó las mínimas observaciones, los “comunicadores” intentaron fabricar nuevas falsedades, pero nadie se las creyó. Lo único que lograron fue desatar las carcajadas de la sociedad.
Ahora, con la imagen de falsarios, periodistas y columnistas por contrato, callan en torno al resultado de las 10 auditorías que la Auditoría Superior de la Federación le aplicó al gobierno de Rubén Rocha Moya.
Los resultados de esos arqueos contables-financieros-administrativos sí son desastrosos y hasta merecedores de demandas penales. La ASF descubrió desfalcos, saqueos, uso indebido de recursos y otros delitos e irregularidades en el manejo del presupuesto 2022 del gobernador. Es obvio el silencio de la prensa “estatal”. Para eso se les está pagando.
