La conspiración criminal de Rocha Moya contra el Rector de la UAS

Álvaro Aragón Ayala

El viernes 18 de agosto, el gobernador Rubén Rocha Moya intentará avanzar en su conspiración criminal orquestada contra el Rector Jesús Madueña Molina y el Abogado General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Robespierre Lizárraga Otero, intentando aterrizar con la complicidad del Juez de Control una celada jurídica para pretender destituirlos y encarcelarlos. La orden de tomarlos presos fue girada al juez Adán Alberto Salazar Gastélum.

A raíz de la oposición de la UAS a la aplicación de la Ley de Educación Superior del Estado, Rubén Rocha Moya instruyó a la Fiscalía General de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia, a los diputados de Morena y el PRI del Congreso Local, a la Auditoría Superior del Estado, al Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa y a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica para que desataran una cacería política y judicial contra funcionarios de la UAS, principalmente su Rector.

En la operación fríamente calculada participan medios de comunicación impresos, digitales, televisivos y radiales, a cuyos dueños Rocha Moya premia con la entrega de millones de pesos amparados con el disfraz de contratos “publicitarios”, pero que en realidad les paga para que linchen y criminalicen públicamente a las autoridades universitarias. Es entonces diaria la persecución y el acoso informativo contra los funcionarios de la máxima casa de estudios.

Rocha Moya redobló los esfuerzos por meter a la cárcel al Rector Jesús Madueña y al abogado general Robespierre Lizárraga debido a que los jueces federales otorgaron 150 suspensiones definitivas a un número igual de amparos indirectos que los universitarios solicitaron en contra de la Ley de Educación Superior. El gobernador enloqueció y ordenó que se les inventaran todo tipo de demandas penales y que se les satanizara públicamente.

El mandatario estatal justifica y apoya la conspiración criminal con versiones prefabricadas difundidas con la categoría de reportajes “periodísticos” o columnas de “análisis” plagados de falsedades que son tomadas como verdad por el gobernador porque él las paga. Los medios han sincronizado ataques contra la UAS recreando escenarios falsos. Rocha Moya ha prostituido, pues, a los medios de comunicación con la distribución de millones de pesos.

La primera demanda prefabricada por Rocha y su pandilla “por abuso de autoridad” y manoseada por la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General de Justicia tiene como argumento el cuento de que la UAS no se deja auditar los recursos propios, siendo que la ASE carece de facultades para realizar investigaciones contables y administrativos en torno a esos dineros que sí son auditados por los órganos de control de la Casa Rosalina bajo la vigilancia de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

El 14 de julio falló la primera intentona del gobernador Rubén por imputar judicialmente al Rector Jesús Madueña y al asesor jurídico Robespierre Lizárraga por ese delito de “abuso de autoridad” debido a que la Fiscalía no había entregado la carpeta de investigación a los acusados La audiencia fue diferida para 18 de agosto. Ese día la Fiscal Sara Bruna Quiñonez y el juez Adán Alberto Salazar Gastélum tratarán mediante una celada jurídica consumar la canallada: meter a prisión al Rector y al director jurídico uaseño.

La orden girada al Juez de Control es no dejar libres al Rector y al Abogado General de la UAS, cesarlos de sus funciones y dictarles la prisión preventiva, pese a que el delito que se les prefabricó no es de gravedad, sin embargo, los medios de comunicación pagados por Rocha, a los que se les entregan millones de pesos, han prefabricado escenarios propagandísticos para hacer aparecer como delincuentes a los funcionarios universitarios y justificar públicamente las detenciones, cumpliendo así su parte en la conspiración criminal de Rubén Rocha.

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