“No es una extorsión”, dice AMLO sobre los 30 mdd para liberar a Emilio Lozoya

EFE

El titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, negó este viernes que busque extorsionar al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, tras aumentar de 10.7 a 30 millones de dólares el pago que exige la Fiscalía como reparación del daño para que salga de prisión.

“Yo pienso que Pemex y la Fiscalía están actuando bien porque considero justa la cantidad de reparación del daño, porque no es una extorsión, es que si se revisa el daño causado al erario público fue mucho”, señaló el primer mandatario durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El gobernante se refirió así a la decisión el pasado martes sobre aumentar el monto del pago como un acuerdo de reparación del daño para que Lozoya pueda salir de prisión.

Lozoya, arrestado en España a comienzos de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos ante la Justicia mexicana, uno por la compra a sobreprecio de la planta de chatarra Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (Ahmsa), a cambio de sobornos.

Y el segundo por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y el posterior Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Sin embargo, el Gobierno mexicano decidió aumentar el monto que le exige por el caso de Agronitrogenados a 30 millones de dólares.

Al respecto, López Obrador argumentó que, ante la implicación del exdirector de Pemex en el caso, el monto que se le ha impuesto es justo.

“Yo veo bien eso porque también ¿la autoridad cómo queda si la reparación del daño son 10 millones como ellos proponen?”, cuestionó.

El mandatario dijo que lo que debe existir es justicia y “la reparación del daño, lo que permite, es seguir el proceso en libertad, o sea, no concluye el proceso, si él tiene elementos para sostener que es inocente, pues hasta que haya una sentencia definitiva, pero sí tiene que haber reparación del daño”.

En 2022, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como Pemex habían acordado una segunda suma de 10.7 millones de dólares como reparación del daño, luego de que el propio López Obrador rechazara la primera cantidad de 3.4 millones de dólares ofertados como reparación del daño por los casos de corrupción en su contra.

En enero, López Obrador se mostró abierto a la reparación del daño para que Lozoya lleve su proceso en libertad, pero estimó que la compra de Agronitrogenados costó 200 millones de dólares al erario, de los que Ancira ya ha devuelto 100 millones.

El premio a la opacidad y gestión deficiente de contrataciones se lo llevan las dependencias del sector salud y las relacionadas con la atención alimentaria de los más pobres.

Para que tenga un comparativo, don Roberto, le cuento que la media del IRC es de 40 puntos, pero BIRMEX, empresa dizque dedicada a la distribución de medicamentos, alcanzó 70 puntos; y el ISSSTE, cuya área de compras ha dado mucho de qué hablar, obtuvo 58 puntos.

En el sector alimentario tenemos que DICONSA llegó 58 puntos; su dudoso desempeño nos debe preocupar porque maneja algo así como 26 mil tiendas rurales con productos de la canasta básica para personas de muy escasos recursos. En cuanto a LICONSA, la distribuidora de leche subsididada para familias en condiciones de pobreza, marcó 52 puntos. Ambas paraestatales tienen como cabeza de sector a SEGALMEX… Sí, el organismo donde se encontró un desvío de recursos por 15 mil millones de pesos.

Con los datos brindados por MCCI y el IMCO, ahora explíquenos cuál es la lógica de la iniciativa enviada al Congreso el pasado mes de abril, mediante la cual AMLO busca desaparecer de facto el Sistema Nacional Anticorrupción. En teoría, todas las funciones de dicho Sistema pasarían a la Secretaría de la Función Pública y otras tantas a la Auditoría Superior de la Federación. ¿Podrán con el paquete? No se ofenda, don Roberto, pero lo dudo.

Para mí que a los funcionarios cutroteistas les vale gorro cumplir con las normas en el manejo del gasto, ya sea por negligencia, por ignorancia o por corrupción. O las tres… Total, si el inquilino de Palacio Nacional no cumple con la ley, pues ellos menos.

Ahora que pensándolo bien, me pregunto si por estos niveles de corrupción e irregularidad, don Andrés quiere a toda costa que una de las corcholatas lo suceda en el cargo.

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