Se agota el plazo para que la 4T rinda cuentas al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU
Gloria Leticia Díaz
Más de un año después de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) emitiera públicamente sus recomendaciones tras la visita de algunos de sus integrantes a México, en noviembre de 2021, y a un par de meses de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rinda cuentas del cumplimiento de las observaciones, lo que prevalece es la “evasión” del problema, sin un plan para detener la tragedia, consideran defensores de derechos humanos.
Juan Carlos Trujillo Herrera, integrante de la Red de Enlaces Nacionales, del que forman parte 192 colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos, y Michael Chamberlain, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en entrevistas por separado, analizan la situación que prevalece en el país ante la revisión que hará el CED el 13 de septiembre próximo, en la Ginebra, Suiza.
Con un registro oficial de más de 111 mil personas desaparecidas, los defensores advierten que hasta ahora no hay señales de cumplimiento de algunas de las recomendaciones del órgano de tratado relacionadas con una mayor coordinación interinstitucional, entre fiscalías y comisiones de búsqueda de personas, abatir la impunidad de más de 90% en los casos, así como desarrollar un plan nacional de prevención de desapariciones.
Hijo de María Herrera Magdaleno y hermano de Jesús Salvador, Raúl, Gustavo y Luis Armando Trujillo Herrera, desaparecidos en 2008 y en el 2010, Trujillo Herrera reprueba que, a cargo de las instituciones como las comisiones de búsqueda y comisiones de víctimas, creadas a instancia de los reclamos de las familias, se encuentren funcionarios faltos de empatía con las víctimas y sus familias. “Están más preocupados por defender su numerología sin importarles la gravedad del problema detrás de una desaparición, y eso es simulación”, dice.
Coordinador de siete brigadas de búsqueda en el país, en las que familiares de víctimas acuden a distintos estados a apoyar a colectivos de buscadoras, permanentemente amenazado y que ha librado varios atentados contra su integridad por su labor, Trujillo Herrera, cuestiona de manera abierta a funcionarios federales, empezando por el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y a la comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, así como a los comisionados estatales:
“¿Cuál es la ruta para poder encontrar a los desaparecidos? ¿Por qué el gobierno no muestra un plan claro, objetivo que atraviese como columna vertebral la violencia para evitar las desapariciones?.
“¿Cuál es la ruta, real y eficaz, que está implementando el gobierno federal para poder evitar y erradicar la desaparición de una persona en el momento?. Más allá de decir que se registró como desaparecida y después comunicó que ya había regresado. Eso no es una ruta, es una ofensa a las familias, es una ofensa a la Nación”, puntualiza Trujillo Herrera.
Aunado a ello, el defensor sostiene que “no lo están midiendo de manera responsable el fenómeno, regresan 10 personas, pero desaparecen 20, casos que por lo general no se denuncian porque la gente sigue teniendo miedo”.
Para Michael Chamberlain a unos meses de que el gobierno de López Obrador responda al CED que ha hecho para cumplir con las recomendaciones que le formuló en abril del año pasado, y que de acuerdo a la Constitución son de carácter obligatorio, considerar que concentrar buena parte de recursos públicos en la identificación de cuerpos y restos “es dar atole con el dedo” si no se abate la impunidad.
“Si tienes una política de identificación de cuerpos, pero no detienes el asesinato, es una necropolítca que te va a durar para la toda la vida y no vas a tener recursos suficientes, hacen falta otro tipo de políticas de prevención que le ponga un alto”, agrega el defensor, quien también forma parte de Consultora Solidaria.
Asesor de la familia de Roy Rivera Hidalgo, desaparecido en San Nicolás de los Garza el 11 de enero de 2011, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo que en 2021 emitió una resolución, Chamberlain resaltó que a más de una década de desapariciones en México, con la espeluznante cifra de más de 111 mil personas desaparecidas, distribuidos en prácticamente todos los estados, y una tendencia creciente, “lo que te dicen los datos es que el Estado permite que eso suceda, en el menor de los casos hay una aquiescencia, por lo que estamos hablando de desapariciones forzadas mientras el Estado no haga nada por revertir la tendencia”.
El defensor agregó que no se trata solamente de encontrar a las personas desaparecidas como propone el subsecretario Encinas, “sino revertir la situación de desaparición, y ahí nadie se quiere meter, nadie ha hecho un intento diseñar un plan nacional de prevención”.
Chamberlain cuestiona que como país se sigue reduciendo el problema de las desapariciones con frases como “se fue con el novio”, evitando analizar la situación y vincularlo con el fenómeno criminal.
“Lo peor es que ya no nos molestamos en tratar de explicar las desapariciones, de manera automática se piensa que a las víctimas las van a encontrar en fosas, y si bien va, las identifican y las entregan, y seguimos sin saber qué pasó. Es dramático.
“En Jalisco desaparecen jóvenes, aparecen tres días después ejecutados, y todo el caso se queda en ‘qué bueno que ya los encontramos, muertos, pero ya los encontramos’. Y la criminalidad sigue y va a seguir habiendo desaparecidos mientras no entendamos eso; acabar con la tragedia tiene que pasar por saber por qué sucede, y acabar con la impunidad, sino cómo”, puntualiza.
