Sinaloa: poder judicial secuestrado
Antonio Quevedo Susunaga
El Poder Judicial Federal se ha dicho que es militante de la oposición y que está secuestrado por la presidenta de la suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, pero tal parece que el Poder Judicial en Sinaloa está viviendo iguales circunstancias por ser un poder secuestrado por Morena, que lo tiene concentrado Enrique Inzunza Cázarez, secretario general de gobierno y el gobernador Rubén Rocha Moya. Nada se mueve si ellos no lo ordenan.
La prueba de esta grave falta motivada por el Poder Estatal, es que ni la fiscalía general de Sinaloa, recibe denuncias que no le favorecen al gobernador ni a los diputados del Congreso Local.
Es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está del lado del PRIAN y que responde a las consignas de Felipe Calderón y Claudio X González contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en Sinaloa, el control del Poder Judicial es de Morena; ambos hechos son reprobable porque su quehacer esta predeterminado por el quehacer político de los partidos y alejan la auténtica justicia de los ciudadanos ¿Rocha no se ha dado cuenta del daño que le está haciendo a los sinaloenses?
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se queja de que Norma Piña le echa para atrás todas sus reformas; en Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el rector doctor Jesús Madueña Molina, se queja que la Fiscalía General de Justicia se niega a recibir sus denuncias. Ojo Rocha Moya: está cometiendo el mismo exceso que con Norma Piña porque y aunque lo grite no hay autonomía en el Poder Judicial de Sinaloa.
Y el asunto es más grave, que Héctor Melesio Cuén tampoco puede promover la defensa de los ataques que recibe de su ex amigo, Rocha Moya, porque hay desconfianza en las autoridades del Poder Judicial.
El gobernador Rocha Moya no podrá convencer a los sinaloenses, que la Fiscalía de Justicia, el Congreso del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia son autónomos. Esa es la gran mentira política de Morena y el gobierno estatal.
Y con todo respeto, la fiscal, la señora Sara Bruna, está muy distante de tener el carácter y la autonomía para detener las consignas políticas del gobernador Rocha, como en el caso del Congreso del Estado, Feliciano Castro, quien fue secretario particular de Rocha en el Senado, es diputado, pero con ese carácter.
Hasta el momento no habido un sólo hecho en donde la Fiscalía y el Congreso del Estado hayan pintado su raya ante Rocha Moya.
Los excesos cometidos por la ministra Norma Piña, que son enfermizos, como el mismo quehacer de la mayoría de los magistrados federal, podría decirse que son actos de “locura política”, al relacionar la militancia de la oposición a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En Sinaloa, el Supremo Tribunal de Justicia siempre tuvo dueño, el padrino que lo dominaba, le dictaba las consignas algunos gobernadores, y actualmente nada de eso ha cambiado con el gobierno de la Cuarta Transformación.
La delincuencia -dicen los grupos políticos de Morena- manda en la Suprema Corte de Justicia. Y ¿en Sinaloa quién manda?
La división de los poderes en Sinaloa, no ha llegado, tampoco llegará ni en sueño, mientras la soberbia del Poder Ejecutivo siga actuando sin el respeto que deben demostrar para los sinaloenses.
La única alternativa que hay para los sinaloenses es que algunos jueces federales, que no se han vendido, protejan a los ciudadanos sinaloenses con amparos y otras acciones que le detengan la mano ejecutora al poder judicial de Sinaloa.
Es muy criticable, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el Poder Judicial Federal responda a una línea política de la oposición que nos han gobernado desde hace 30 años.
Y en Sinaloa, por qué se ha secuestrado el Poder Judicial, en lugar de darle la autonomía que a todos los sinaloenses beneficiará.
