Los “asesores” del gobernador…
Álvaro Aragón Ayala
A estas alturas del conflicto entre el Congreso del Estado y Gobierno Estatal con la Universidad Autónoma de Sinaloa, generado por la emisión de la inconstitucional Ley de Educación Superior del Estado, violatoria a la autonomía universitaria, es elemental colocar en el tapete de la discusión pública el papel de los asesores de primer nivel, los operadores de imagen del gobernador y de los legisladores de Morena que le cazan y le provocan problemas al gobernador Rubén Rocha Moya.
El debate estriba en sobre quién o sobre quiénes recaerán las culpas, en quién o quiénes pagarán los costos del alto grado de desacreditación y desestabilización en los que ha caído el gobierno de Sinaloa por el encontronazo contra la Universidad Autónoma de Sinaloa derivado de la falta de asesoría jurídica y orientación política y de la aparente carencia de parte de Rubén Rocha de los verdaderos datos que fueron manoseados para darle forma al aberrante contenido de la Ley de Educación Superior del Estado.
Por el consejo de sus asesores y de los diputados de Morena que abrevan no solo en los espacios del Poder Legislativo, sino también en las áreas del Tercer Piso, sede del Poder Ejecutivo, el gobernador tomó el camino de calificar de Constitucional y apegada a derecho la Ley de Educación Superior y en ese sentido la defiende apoyado por un aparatoso despliegue propagandístico en el que sobresale la descalificación de las voces autorizadas para opinar y debatir sobre el tema de la autonomía universitaria.
Desde antes de su publicación, la Ley de Educación Superior del Estado, violatoria a la autonomía universitaria, ofreció la lectura de la ignorancia animal de los diputados de Morena en el dominio de la ciencia del derecho y reveló la perversidad con la que actuaron en la mañosa interpretación del concepto de homologación, el cual ajustaron a su interés grupal con el propósito de manufacturar un apócrifo ordenamiento jurídico con el que intentan tomar el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Efectivamente, los diputados interpretaron de manera asnal el concepto de la homologación legislativa y crearon una Ley de Educación Superior atentatoria a la Constitución y a la Ley General de Educación Superior. La Ley de los diputados cuadrúpedos se diseñó para que sirva de soporte ilegal al trazado de una Ley Orgánica Foránea para la UAS que permita tomar por asalto la Casa Rosalina.
Antes de la promulgación de la ley, el gobernador debería de haber recibido detalles sobre el articulado “ampliado” y de las consecuencias jurídicas que generaría, pero por la forma y manera en que el mandatario invalida a quienes se oponen a la inconstitucional Ley de Educación Superior, la lectura es que no se le asesoró conforme a derecho. Lo peor es el haber montado en la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado un “cuarto de guerra” para atacar con saña a las autoridades de la UAS y a personajes políticos que defienden la autonomía de la Casa Rosalina.
La Constitución y Ley General de Educación Superior precisan que “cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas (de las Universidades Autónomas) deberá contar con el resultado de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado”.
La Ley de Educación del Estado de Sinaloa contraviene este precepto constitucional-legal y coloca al Congreso del Estado como el ente encargado de regular, desde el exterior, las consultas para elaborar iniciativas y nuevas leyes o reformas a las Leyes Orgánicas de las universidades autónomas; faculta a las autoridades de la SEPyC inmiscuirse en las áreas sustantivas de la Universidad e instala a la Auditoría Superior del Estado por encima de la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización del presupuesto federalizado de la Casa Rosalina.
Pese a las evidencias jurídicas de que la Ley Estatal de Educación Superior viola la Constitución y la Ley General de Educación Superior y no obstante que diferentes Jueces Federales han decretado más de 15 suspensiones provisionales que hacen imposible su aplicación, los asesores del gobernador Rubén Rocha, que se supone son especialistas en derecho y en operacion política, no lo orientan sobre el impacto negativo que le ocasiona al Gobierno estatal y al Congreso Local la cerrazón por aplicar un ordenamiento fuera de la ley.
Pero no solo no asesoran al mandatario estatal, sino que lo colocan en una situación de desprestigio y de alto riesgo al reactivar los ataques desde el “cuarto de guerra” gubernamental contra quienes, con argumentos jurídicos, han instalado a la Ley de Educación Superior en el campo de la inconstitucional y en el de las pifias legislativas del Congreso Local. Desde el “cuarto de guerra” se insulta y difama a los funcionarios de la UAS y se diseñan escenarios que distorsionan la realidad social, política y económica del estado.
