Poder Judicial: el choque con AMLO, igual que con Calderón
Diana Lastiri
La defensa frontal de la independencia judicial por parte de un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es un gesto exclusivo de la administración de Norma Lucía Piña Hernández. En el sexenio de Felipe Calderón, el entonces titular del Poder Judicial de la Federación (PJF), Juan Silva Meza, tuvo que hacer lo propio en diversas ocasiones.
Desde su llegada a la presidencia de la Corte –en enero de 2011– Silva Meza anunció que el Consejo de la Judicatura Federal arroparía a sus jueces (Proceso 1784), en momentos en que el entonces titular del Ejecutivo responsabilizaba a los impartidores de justicia de obstaculizar lo que definió como “guerra al narcotráfico”.
“Nuestros jueces y magistrados, si bien habrán de ser más exigidos, habrán de ser más arropados”, afirmó en su discurso de toma de protesta como presidente de la SCJN.
En ese momento el presidente Felipe Calderón acusó a los jueces de ser meros verificadores de requisitos y dijo que esto fue lo que llevó al asesinato de Marisela Escobedo, en Chihuahua, ocurrido cuando la mujer realizaba una protesta frente al palacio de Gobierno de la entidad.
En los meses siguientes, el titular del Ejecutivo federal lanzó al Poder Judicial diversos llamados a realizar una depuración de los jueces que no estaban comprometidos con la justicia.
Mientras era duramente criticado por su estrategia, que mantuvo al Ejército en labores de seguridad pública, Calderón prefirió acusar a los juzgadores de estar en las nóminas del crimen organizado y de que, por ello, muchos de los casos consignados por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), entonces encabezada por Marisela Morales, no tenían éxito en tribunales.
En ese contexto llegó el 16 de diciembre de 2011, fecha en que Silva Meza rindió su primer informe de labores en el que, de frente al mandatario federal, advirtió que el PJF no acepta consignas ni injerencias de ningún tipo y defendió las sentencias de sus juzgadores.
“Proteger la independencia de los jueces es una de nuestras mayores preocupaciones. No vamos a aceptar consignas ni influencias que alteren el funcionamiento de los órganos que pretendan vulnerar la autonomía de juicio con que resuelve un juez”, dijo.
En el evento, realizado en el edificio sede de la Corte, estuvieron presentes tanto Felipe Calderón como la titular de la PGR, Marisela Morales, y el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quienes al igual que el Ejecutivo federal cuestionaron públicamente varias resoluciones judiciales emitidas ese año.
“Entendemos que a veces, pero cada vez con mayor frecuencia, las resoluciones del Poder Judicial, especialmente aquellas con un alto impacto social, político o mediático, causen dificultades para algunos actores públicos… No compartimos que se desacrediten sin fundamentos”, apuntó Silva Meza.
Para ese momento se enfrentaba una de las más grandes crisis de inseguridad registradas hasta ese momento, con el incremento de ejecuciones perpetradas por integrantes del crimen organizado; desapariciones de personas y enfrentamientos entre elementos de las Fuerzas Armadas y los cárteles de la droga en calles de diferentes ciudades.
“Ninguna emergencia será válida ante los tribunales de la federación para justificar cualquier acción que, en los hechos, vulnere o pase por alto el principio de protección de los derechos humanos previstos en la Constitución”, añadió Silva Meza.
Las presiones desde el Ejecutivo se agudizaron con el llamado caso Cassez. En marzo de 2012 la SCJN se preparaba para votar el proyecto que planteaba la liberación absoluta de Florence Cassez, la francesa acusada de secuestro y cuya detención fue parte de un montaje televisivo orquestado desde la Secretaría de Seguridad Pública.
Esto provocó al gobierno federal a actuar desde distintos frentes para ejercer presión sobre los ministros.
Proceso informó (número 1845) que representantes de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, la Segob, la PGR e incluso de la Secretaría de Relaciones Exteriores argumentaban que el máximo tribunal debía negar el amparo a la ciudadana francesa.
La estrategia era sacar el asunto de la Primera Sala, que tenía programada su discusión para el 21 de marzo de 2012, para llevarlo al Pleno y con ello asegurar que la mayoría conservadora de la Corte echara abajo el proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar.
Diez años después de la discusión de este asunto, Zaldívar dio a conocer que recibió amenazas y diversas presiones desde la Presidencia de Felipe Calderón sobre este caso y el del incendio de la guardería ABC.
El lunes anterior a la sesión, Calderón pronunció un discurso en el que intentó dar línea al PJF: “Al Poder Judicial le corresponde, además de cumplir la ley, proveer justicia, como su nombre lo indica”, dijo.
“Implica la obligación elemental de que quien cometa un delito sea verdaderamente juzgado y castigado, y que nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad, sino un verdadero instrumento del juzgador para hacer justicia.”
Aquel miércoles 21 de marzo de 2012, horas antes de la sesión de la Primera Sala de la Corte, el ministro presidente Juan Silva participó en la conmemoración del 206 aniversario del nacimiento de Benito Juárez, donde respondió al mandatario federal.
“En el Poder Judicial de la Federación queremos que imperen los valores y los principios constitucionales. Por ello, jueces, magistrados y ministros queremos un país en el que imperen la justicia y la igualdad, no la arbitrariedad”, enfatizó.
“Lo que busca el PJF es una justicia basada en instituciones y procesos, que hagan que sea justicia de verdad; no el abuso del poder, que es paso previo al autoritarismo y a la impunidad, y no a la creencia de que la ley se puede cumplir a capricho; nada justifica incumplir la Constitución y los derechos humanos.”
En la sesión de la Primera Sala los ministros coincidieron en que en el caso se cometieron “graves violaciones a los derechos humanos” de Florence Marie Louise Cassez Crepin cuando fue detenida en diciembre de 2005 por la extinta Agencia Federal de Investigación, al mando de Genaro García Luna, actualmente sujeto a proceso penal en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Zaldívar, Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossío Díaz votaron por conceder el amparo a Cassez, pero no lograron un consenso mayoritario sobre los efectos de la protección –la liberación inmediata o la reposición del procedimiento–, por lo que el expediente fue turnado a otro ministro para realizar un nuevo proyecto.
La encargada de esto fue la ministra Sánchez Cordero, quien se pronunció por liberar a la ciudadana francesa, pero en su proyecto propuso reponer el procedimiento.
Finalmente no fue sino hasta el 24 de enero de 2013, una vez que Calderón ya había salido de la Presidencia de la República, que la Corte votó el nuevo proyecto realizado por Sánchez Cordero y durante la sesión este documento fue modificado por completo para retomar la propuesta original de Zaldívar, con la que Florence Cassez obtuvo la libertad.
