¿A quién sirven los diputados?
Guillermo Bañuelos
Treinta mil familias dedicadas a la ganadería, más decenas de miles de trabajadores y agentes económicos dependientes de esta actividad, podrían sufrir un golpe mortal de aprobar los diputados (ya con maletas hechas) el proyecto de Ley de Desarrollo Ganadero del Estado de Sinaloa.
En reacción, ayer, la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS) y 38 organismos asociados acordaron hacer público un posicionamiento mediante el cual puntualizan graves perjuicios que ocasionaría el proyecto. Demandan a la LXIII Legislatura no aprobar una legislación que llevaría al sector a la bancarrota.
El documento fue dirigido a la opinión pública, a Quirino Ordaz, Rubén Rocha Moya y a los diputados en funciones.
Según los análisis de los ganaderos, de aprobarse la nueva ley en los términos originales pondría en peligro la recuperación del estatus fitosanitario de Sinaloa, en virtud de que complicaría la movilidad y trazabilidad del ganado en pie, y causaría que se relaje notoriamente la calidad de sus productos y subproductos.
Preocupa seriamente a los ganaderos (no a los legisladores, es evidente) la posibilidad de perder el rastreo del ganado y comprometer la salud de los consumidores de carne, huevos, leche y otros subproductos (en plena crisis sanitaria, por cierto).
Los ganaderos piden a la LXIII Legislatura no aprobar dicha ley en tanto no se logre el consenso de todos los interesados de esta cadena productiva, sin omitir que el proyecto no guarda congruencia con la normatividad federal en materia de sanidad, movilidad y trazabilidad, además de existir varias lagunas legales en la misma.
El planteamiento recuerda a los diputados que Sinaloa es parte de un pacto federal, no una insula, por lo que dicha ley debe ser analizada serenamente por la Legislatura que iniciará funciones en cosa de horas, junto al nuevo gobierno de Rubén Rocha Moya y los representantes del sector pecuario.
El 23 de septiembre de 2021, el presidente de la UGRS, Luis Fernando Velázquez Serrano entregó un documento por escrito a la Comisión de Asuntos Agropecuarios para exponer observaciones al proyecto de marras, en el que solicitó que el dictamen de la nueva ley incluya disposiciones que garanticen la sanidad animal y la oferta de productos pecuarios de calidad y buen precio a la población.
También advirtió que la nueva ley debe ser congruente con la normatividad federal vigente y ser útil para recuperar el estatus fitosanitario, considerando las observaciones recientes del Departamento de Agricutura de Estados Unidos (APIS USDA).
La nueva legislación debe contribuir además a disminuir el robo de ganado en Sinaloa, e incluir disposiciones que garanticen el uso de guías de tránsito y la identificación de los animales, entre otras propuestas especificas.
No obstante, el organismo no recibió respuesta favorable.
Al cuarto para las doce, a unas horas de terminar el ejercicio de la legislatura actual, y ante la prisa de sacar adelante una iniciativa registrada en 2017, las preguntas son: ¿a quién favorece esta legislación?, ¿cuáles intereses Engordan?; si no favorece a los productores, ¿se trata de un acto de soberbia, al imponer una aplanadora legislativa irracional?
Ah, ¿a quién sirven los diputados?
