La UAS: judicializar la defensa de la autonomía, lo que está por venir
Álvaro Aragón Ayala
El plan externo para imponer a la Universidad Autónoma de Sinaloa una autonomía foránea o una autonomía sin autonomía incluye la usurpación de las funciones primordiales del Consejo Universitario y de otros órdenes de gobierno de la Casa Rosalina para intentar ajustarlos a una de las líneas del adoctrinamiento morenista: no pensar y no protestar, para proceder a tomar por asalto el alma mater y regresarla al pasado estado de anarquía.
El enfrentamiento de la UAS con el Poder Legislativo que amenazó con darle paso, de manera unilateral, a una reforma de la Ley Orgánica de la UAS no exigida por el Consejo Universitario pudiera derivar en la judicialización del caso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atraería el litigio que emprendería la UAS en defensa de su autonomía por considerar que se violan artículos de la Constitución y la Ley General de Educación Superior.
Las fricciones UAS-Congreso Local escalaron a la Asociación Nacional de Universidades Públicas e Instituciones de Educación Superior -ANUIES-, que agrupa a 221 universidades del país, las cuales refrendaron el apoyo a la Casa Rosalina en la defensa de su autonomía haciendo un llamado al Congreso del Estado para que no encauce modificaciones a la Ley Orgánica uaseña a espaldas de los universitarios. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe -UDUAL- ya tomó nota del conflicto.
El diputado de Morena y presidente de la JuCoPo, Feliciano Castro Meléndrez, planea imponer una Ley Orgánica Foránea a la UAS para normar y orientar la autonomía desde su mansión, el Congreso Local o el Tercer Piso, en sí, desde el exterior del campus rosalino, para poder maniobrar e intentar dominar la estructura institucional, ajustándose a un viejo plan del cartel de los jubilados, cuyos integrantes, en el ocaso de su vida, pretender regresar la Casa Rosalina a la época del desmadre y del populismo universitario.
El rector, Jesús Madueña Molina, advirtió al Congreso Local, no al gobernador Rubén Rocha Moya, que “si es necesario la Universidad Autónoma de Sinaloa saldrá a las calles a luchar por la independencia de la UAS”, sin embargo, el gobernador advirtió que no quiere desorden de ninguna naturaleza, y que, si esa amenaza se cumple, entonces sí enviará al Congreso del Estado una iniciativa de ley.
“Si vamos a esas, corrijo, en esas circunstancias sí les mando una iniciativa de ley, sólo en esas circunstancias. Si quieren eso, yo les doy lo que les interesa a los jóvenes a través de una iniciativa de ley; yo tengo manera de hacerlo, no nos metamos en eso porque lo puedo hacer”, advirtió.
La autonomía universitaria está indisolublemente articulada al gobierno universitario; mediante la autonomía se define la capacidad de las propias instituciones para construir y ejecutar decisiones en los diversos ángulos de la vida institucional. La autonomía faculta a la UAS, no al Congreso Local, a definir su régimen interno de gobierno y a precisar los alcances de las normas de su propia autonomía.
El diputado Feliciano Castro Meléndrez, una de las cabezas del cartel de los jubilados, planea socializar, masificar o adoctrinar a los universitarios, mediante los viejos mecanismos del miedo, la difamación y el insulto usados comúnmente por el cartel de los jubilados, convocando, además, desde el exterior de la UAS a foros o mesas de trabajo patito, usurpando al Consejo Universitario, máximo órgano de autoridad colegiada de la UAS, responsable avalar o citar a esas reuniones o en su caso rechazarlas por considerar que atentan contra la autonomía universitaria.
La confrontación de la UAS con el poder Legislativo podría rayar los linderos de la judicialización. Si la Universidad ve afectada su autonomía y su régimen interno de gobierno con una Ley Orgánica Foránea podría interponer un juicio de amparo indirecto ante un juez federal y si la resolución no favorece a la Universidad, escalar a un tribunal colegiado administrativo y por la trascendencia de las violaciones a la Constitución General de la República y la Ley General de Educación Pública, lo más lógico es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercería su derecho de atracción del caso.
El 18 de diciembre del 2019, en la ruta de la construcción de la Ley General de Educación Superior -La Ley Rocha o Ley Concheiro-, el gobernador Rubén Rocha Moya dijo: “quienes queremos a la universidad decimos: no digan cosas feas de la universidad”.
Precisó que no ve viable regresar al voto directo de los estudiantes. “No podemos volver a meternos con el tema del voto unitario, lo digo claramente. No comparto la idea del populismo en la elección de las autoridades universitarias”, expresó.
Con la investidura de Senador de la República, Rocha Moya disertó en la Torre Académica la conferencia “La Reforma Educativa y la Ley de Educación Superior”.
