Quirino no podrá volver a Sinaloa a hacer política
Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido mucho de lo que prometió durante su campaña, y seguramente no lo cumplirá en los tres años que le restan de su gobierno, pero sí ha puesto en marcha muchas otras cosas fundamentales con las que se comprometió, entre las que destaca beneficiar a los que menos tienen, el combate –no la erradicación–, a la corrupción y la búsqueda de la justicia social.
No ha cambiado su visión ni su discurso pero su práctica indica que “la realidad es un hueso duro de roer” y que este sexenio no le alcanzará para concretar sus aspiraciones de transformación del país, por lo que ya tiene la mirada puesta en las elecciones del 2024. Solo así se explican sus acciones, incongruentes a los ojos de muchos de sus seguidores, de incorporar a su gobierno a algunos de los artífices del saqueo del país en el periodo neoliberal.
AMLO tiene claro que la fuerza de la oposición no radica en los partidos que conformaron la alianza, Va por México, en las elecciones del pasado mes de junio, sino en los gobernadores de los estados que operaron en su contra en la elección; los que tienen recursos, compromisos, relaciones con los grupos de poder y capacidad de convocatoria. Estos son los que aún tienen capacidad de organizar y hasta encabezar a la oposición rumbo al 24.
Es decir, AMLO no está pagando nada al invitar a exgobernadores a su gobierno, sino tratando de neutralizar las fuerzas de éstos, pues, con todo y que perdieron en las elecciones de sus estados, representan a un segmento importante de la población, y los resabios por la derrota los puede llevar a articular un movimiento nacional que ponga en riesgo la continuidad de la 4T, especialmente si Morena no se agrupa en torno a un solo candidato presidencial.
El presidente ya no busca popularidad –tiene suficiente–, sino mantener el control del país, por lo que tiene que asegurarse, desde ahora, de que quien lo releve en la presidencia de la república comparta plenamente su visión para darle continuidad a la 4T, aunque sus acciones molesten no solo a sus adversarios, sino también, a muchos de sus seguidores.
Las críticas de los dirigentes de los partidos PRI, PAN y PRD por la invitación a integrarse a su gobierno a los gobernadores de Sinaloa, el priísta Quirino Ordaz Coppel, de Chihuahua, el panista Javier Corral y de Nayarit, el panista Antonio Echavarría –seguramente invitará a otros más–, que están por concluir sus periodos de gobierno, sostienen que el presidente busca dividir a la oposición, sin embargo, la oposición ya está legalmente dividida, pues la coalición Va por México sólo tuvo vigencia durante el proceso electoral del 6 de junio. Es decir, lo que hay ahora son partidos independientes, que probablemente buscarán unirse para las elecciones del 24, pero ahora no hay objeto de coalición.
Además, la invitación a los ex gobernadores perdedores en las elecciones en sus estados es a título personal, no a título de partido, por lo que los invitados tendrán que considerar fundamentalmente su situación personal.
En las tres entidades que ganó la oposición –Querétaro (PAN), Chihuahua (PAN) y Nuevo León (MC)— sería natural que los gobernadores se mantuvieran en la oposición, porque tienen los recursos del estado a su disposición, en tanto que el presidente tendría de su lado los once que ganaron Morena y sus aliados, incluyendo San Luis Potosí, con el Partido Verde, por lo que serían los partidos –PAN, PRI, PRD— los que buscarían a los ex gobernadores para darles juego y usar su capital político en las elecciones del 24. Sin embargo, poco tienen que ofrecer los partidos a los ex gobernadores, más allá de promesas y candidaturas y emocionarlos con la posibilidad de la candidatura presidencial y tanto Javier Corral de Chihuahua como Quirino Ordaz se han mencionado como eventuales candidatos presidenciales en las próximas elecciones.
Así que con todo y sus probables actos de corrupción y su participación en los gobiernos neoliberales, AMLO prefiere tenerlos ocupados, vigilados y sometidos a sus órdenes, que sueltos organizando a la oposición, bajo la máxima de que “es más peligroso, para el sistema, un político desempleado, que un guerrillero bien armado”.
Es evidente que Quirino Ordaz le jugó las contras al presidente en las elecciones del 6 de junio –lo cual era lógico y normal–, por lo que no hay nada que pagarle. Al contrario, mostró que su partido “puro Sinaloa” si movió gente y consiguió votos, no tantos como esperaba, pero votos al fin y nadie sabe aún cómo se conformarán fuerzas para el 24.
Lo que sí queda claro es que a Quirino le iría bien con un mayor sueldo y gastos de representación, para él y sus allegados más cercanos, además de la investidura de embajador. Sin embargo, políticamente, también gana AMLO, pues ello implica que Quirino ya no le podrá hacer daño en Sinaloa y en México.
Mientras sea embajador, Quirino no podrá volver a Sinaloa, a hacer política, y sólo podrá volver con permiso del presidente y bajo vigilancia. Significa el final de “su partido” “puro Sinaloa” y, además, que sale de la jugada presidencial para el 24. Lo mismo ocurriría con Javier Corral, bajo las órdenes del presidente –independientemente del puesto al que vaya—, pues no es lo mismo un gobernador de un estado “libre y soberano”, que se puede poner al “tú por tú” con el presidente y donde éste no tiene facultades de intervenir directamente, a un empleado, incluso de primer nivel y con más sueldo que un gobernador, pero sometido a las órdenes presidenciales y bajo estricta vigilancia. Ya sin pueblo que le respalde y amparado sólo por su capacidad y experiencia al servicio del presidente.
Gana Quirino y gana AMLO. No se metería a la cárcel al embajador de México en España, lo cual no implica que haya impunidad para los funcionarios de su gobierno, quizá sólo para los que proteja llevándoselos con él.
Nota de la redacción: la cabeza original de esta columna es “Con las invitaciones, AMLO no esta pagando compromisos sino sometiendo a políticos”
Alejandro Luna Ibarra
