Suprema Corte rechaza controversia de Quirino, pero sigue gozando de impunidad

Richard Lizárraga Peiro

Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó las controversias constitucionales interpuestas por el gobierno de Quirino Ordaz Coppel quien, además, se negó publicar los informes que le fueron reprobados por el Congreso del Estado, el exmandatario continúa gozando de impunidad.

Diputados de la 63 Legislatura encontraron una serie de irregularidades que evidenciaron
los saqueos descarados con el ejercicio del presupuesto público a nivel estatal y municipal y rechazaron por esa razón las cuentas del gobernador en aquel entonces en funciones. Quirino se negó a publicar en el Diario Oficial del Gobierno del Estado los acuerdos tomados por el Poder Ejecutivo.

El 30 de noviembre, la Suprema Corte validó los acuerdos emitidos por el Congreso sobre la aprobación o rechazo de los informes individuales de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de varios municipios y entes públicos estatales y municipales, además del Informe General Ejecutivo de Fiscalización Superior, correspondientes al año 2018.

“El Poder Ejecutivo no tiene facultad para intervenir o vetar las actuaciones del órgano legislativo con el pretexto de que el procedimiento fue contrario al marco constitucional o legal de la entidad. En todo caso, de estar inconforme, debió hacer valer los medios de control constitucional correspondientes una vez difundidos en el medio oficial”, precisa el documento.

La Corte ordenó al Poder Ejecutivo publicar los acuerdos y decretos en el Periódico Oficial del Estado, porque alegar que el Congreso actuó incorrectamente al emitir los decretos, no autoriza a este poder a negarse a publicarlos.

El veto de Quirino a sus cuentas reprobadas ocurrió en las 63 Legislatura del Congreso del Estado, es decir, la anterior a la que está en curso. La administración del ex gobernador se distinguió por la no transparencia y por la adjudicación de obras directas.

En agosto del 2019, la Diputación Permanente de dicha Legislatura votó a favor del punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para que Ordaz Coppel publicara los informes de la cuenta pública, que reprobaron el 31 de julio de ese año.

“Fue una discusión muy fuerte entre el grupo parlamentario de la legislatura anterior donde ellos argumentaban que estábamos mal, y nos metían todos los días, un día sí y el otro también en la prensa en algunos medios de que nosotros estábamos actuando por ignorancia”, relató el diputado Marco Zazueta Zazueta, quien también fue integrante en la 63 Legislatura.

“Teníamos razón en este punto”, dijo y señaló que, aunque la Suprema Corte haya emitido ese fallo, no habrá consecuencias o sanciones para Ordaz Coppel.

“Nomás la poca credibilidad que le podía haber quedado cuando estuvo de gobernante, totalmente está desacreditada”, señaló.

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