Nuevo plan de EU para venezolanos provoca crisis en albergues de México
Elliot Spagat y María Verza
“No podemos atender a nadie, no cabe nadie más”. José María García Lara contestaba así, de pie entre hileras de tiendas de campaña en lo que parece un pequeño almacén, al director de otro albergue para migrantes de Tijuana, en el extremo oeste de frontera entre México y Estados Unidos. Su interlocutor buscaba espacio para un grupo, parte de ellos venezolanos, que acababan de ser expulsados y para los que no tenía espacio.
A unos 2 mil kilómetros al este, la situación era similar. “Estamos al borde del colapso”, dijo Edgar Rodríguez Izquierdo desde Piedras Negras, al otro lado de la frontera con Texas.
El nuevo plan de Estados Unidos que amplía las restricciones de asilo a los venezolanos supone un reto añadido para la ya desbordada red de albergues fronterizos en México, que apenas puede hacer frente a la creciente llegada de extranjeros.
El Gobierno de Joe Biden anunció el miércoles que aceptará hasta 24 mil migrantes venezolanos que se registren previamente en el programa, tengan un patrocinador en el país y lleguen por vía aérea. Pero devolverá a los que crucen la frontera ilegalmente desde México, una cifra que superó las 25 mil personas sólo en agosto.
Los primeros venezolanos retornados como parte de este plan comenzaron a llegar de forma inmediata tras el anuncio por cinco puntos de la frontera, según confirmó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la agencia migratoria de Naciones Unidas.
En el extremo este, la Casa del Migrante de la violenta ciudad de Matamoros recibió a unos 120 el primer día, dijo el padre Francisco Gallardo, director del albergue. Los recién llegados se sumaron al centenar de centroamericanos que ya estaban alojados allí.
La venezolana se ha convertido repentinamente en la segunda nacionalidad más numerosa en llegar a la frontera con Estados Unidos, por detrás de la mexicana. Esto supone un duro desafío para Biden, que no mantiene relación con Caracas, lo que hace las deportaciones sean casi imposibles. Por eso, el gobierno optaba generalmente por liberarlos para que siguieran su proceso migratorio en territorio estadounidense.
Casi cuatro de cada cinco que entraron en agosto lo hicieron por la zona de Eagle Pass, Texas, frente a Piedras Negras, una ciudad con escaso espacio de acogida.
Rodríguez Izquierdo, abogado de la Casa del Migrante allí, explicó que están dando 500 platos de comida a diario. En la Casa pueden albergar a unas 40 personas, pero se está acondicionando una escuela que podrá acoger a unas 150 más.
A lo largo de la frontera hay más de 120 albergues, muchos de los cuales están ampliando su capacidad, algo que las agencias de la ONU van a apoyar ahora con más fuerza, señaló Jeremy MacGillivray, jefe adjunto de la OIM en México.
Tijuana ya tiene capacidad para 4 mil 500 migrantes, pero los albergues no dejan de crecer. El más grande, el Templo Embajadores de Jesús, donde hay 1.400 personas en literas y colchonetas, lo hace a un ritmo vertiginoso en una zona de calles de tierra que se enlodan con la lluvia y precarias construcciones de chapa. Un edificio de bloques de hormigón que cuenta con una cocina y un comedor está a punto de terminarse y los migrantes preparan otra zona como campo de fútbol.
“Nadie sabe que va a pasar realmente”, dijo Gustavo Banda, el pastor de la iglesia.
La incertidumbre fue la tónica general esta semana en la frontera, que ya ha vivido situaciones similares con la llegada de grandes caravanas en 2018, con la devolución de solicitantes de asilo para que esperaran en México avances en su proceso o con el argumento de prevenir la propagación del coronavirus durante la pandemia, una orden conocida como Título 42.
Ante el nuevo plan de la Casa Blanca, el gobierno mexicano dijo que sólo admitirá temporalmente a “algunos” venezolanos que sean expulsados en virtud del Título 42, la medida con la que se retornó a más de 2,3 millones de migrantes desde marzo de 2020.
La cifra final dependerá de la capacidad de México para acogerlos y de la gente que se incorpore al nuevo programa, dijo un funcionario que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el tema en público.
Además de la de sus propios ciudadanos, hasta ahora México sólo había aceptado la devolución de migrantes guatemaltecos, hondureños o salvadoreños, que llenan los albergues junto con haitianos.
Las autoridades estadounidenses tampoco indicaron cuántas expulsiones podría haber bajo la nueva iniciativa, pero lanzaron un llamado para evitar las entradas irregulares.
Los primeros retornados se quejaban de haber sido devueltos a pesar de que llegaron a territorio estadounidense antes del anuncio, y cientos de ellos protestaron en Matamoros el viernes.
Algunos fueron traslados de forma voluntaria desde las violentas ciudades fronterizas al interior de México, señaló el padre Gallardo.
“Es injusto que nos devuelvan si entramos el día 10 y esa ley salió el día 12 (de octubre)”, dijo Gregori Josué Segovia, de 22 años, que cruzó desde Ciudad Juárez a El Paso, Texas, y luego fue trasladado unos 1.300 kilómetros para terminar en Matamoros.
“Íbamos tres buses, no nos decían nada pero pensábamos que era normal y cuando nos dimos cuenta estábamos en el puente” fronterizo con México, explicó.
MacGillivray, de la OIM, afirmó el viernes en una entrevista con The Associated Press que, según las conversaciones con las autoridades estadounidenses, las personas devueltas esta semana sí tendrán opción de ser elegidos en el nuevo programa.
El plan es un intento por gestionar los flujos migratorios, como ocurrió en el caso de los ucranianos que llegaron tras la invasión rusa, y aunque el funcionario consideró que tiene una parte positiva, “es una gota en un mar” si se compara con los siete millones de venezolanos que han huido de su país en los últimos años. Por ello confiaba en que tras un periodo de prueba Washington acceda a aumentar el cupo.
Para los venezolanos en México, su mejor baza puede ser una exención del Título 42 para personas consideradas especialmente vulnerables.
Los albergues de la frontera suelen inscribir a los candidatos en listas. Embajadores de Jesús, en Tijuana, tiene un cuaderno con los nombres de quienes esperan calificar para una exención del Título 42. Banda, pastor y director del albergue, dijo que esperan unos tres meses para cruzar.
Los venezolanos que ya estaban en México antes del miércoles son elegibles para el programa pero la mayoría lo desconocían. Las agencias de la ONU preparan un programa para informarles de sus opciones.
Muchos parecían convencidos de seguir su camino hacia la frontera y por eso unos 10 mil migrantes de un campamento instalado en el recóndito pueblo de San Pedro Tapanatepec, en el sur de México, seguían tramitando ahí sus permisos de tránsito para ir al norte, explicó el secretario del ayuntamiento, Modesto Martínez.
Orlando Sánchez ya disponía de él, pero se quedó varado durmiendo varios días en una estación de autobuses de Ciudad de México esperando dinero de sus familiares para seguir. Había oído hablar del nuevo programa de visas pero para él comprar un boleto de avión era impensable.
Naile Luna desconocía la nueva iniciativa estadounidense pero confiaba en que si cruzaba ilegalmente y se entregaba, no la devolverían por estar embarazada de ocho meses, por eso el viernes seguía su camino hacia la frontera.
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Verza informó desde Ciudad de México. La periodista de The Associated Press Gisela Salomon en Miami contribuyó a este despacho.
