Fuerzas armadas asumen defensa de la soberanía interna ante crimen
Carlos Ramírez
Ante los temores mediáticos generados por las acciones de violencia en varias entidades de la República por la ofensiva de grupos delictivos que vieron afectados sus intereses, el Estado está mandando un mensaje que no debe desdeñarse: el despliegue de fuerzas militares en Tijuana para dejar en claro que ningún grupo criminal puede sustituir la soberanía de las instituciones.
Las fotografías del despliegue de grupos militares ocurrieron en el escenario de cuando menos tres expresiones de pánico social que quisieron construir un escenario artificial de la realidad de la inseguridad: la caracterización de acciones aisladas en las calles para asumirlas como terrorismo, la petición de grupos sociales interesados para caracterizar la crisis de seguridad en México como un conflicto armado interno y no faltarán pronto las argumentaciones que llevarían a los grupos delictivos hacer asumidos como fuerza beligerante.
Estas tres caracterizaciones tienen repercusiones de derecho internacional; sin embargo, se trata de tres argumentaciones falaces que violentan la soberanía de la República y que quieren dejar la impresión de que México es incapaz de gobernarse a sí mismo y que por lo tanto requiere de la presencia de seguridad militar de Estados Unidos y de la comunidad internacional.
Para que esas argumentaciones tengan validez jurídica, se requiere de una condición indispensable que no existe en México: que los grupos delictivos se asuman como fuerza política que quiera desplazar la autoridad del Estado y construir un gobierno criminal o basado en las reglas criminales. Y las evidencias en los casos de violencia de los últimos días llevaron a concluir que ningún grupo militar le declaró la guerra al Estado ni a las instituciones ni se asumió como fuerza de relevo político-institucional del Estado y que cada una de las violencias respondió a motivaciones de resistencia ante el avance de las fuerzas de seguridad o de mantenimiento de privilegios de algunos presos encarceles del norte.
Solo como ejemplo, podría traerse a colación el caso del EZLN en enero de 1994 al asumirse como fuerza armada en confrontación con las Fuerzas Armadas e institucionales del Estado que tienen la definición en las leyes; y los comandantes de ese grupo guerrillero le declararon la guerra al Estado y al Ejército, anunciaron un alzamiento armado para romper con el orden constitucional, informaron que marcharían como guerrilla armada violenta de Chiapas a la capital de la República para deponer al gobierno federal, obligar a la renuncia del presidente de Salinas de Gortari y convocar a la construcción de un régimen socialista.
Pero ninguno de los grupos criminales actuales, y a pesar de su capacidad de armamento y organización delictiva, ha dado a conocer algún pronunciamiento en ese sentido ni anunciado que quisiera sustituir a las autoridades electas en las instituciones nacionales para erigir un Estado criminal o gobernado por grupos criminales que tienen la única función de realizar delitos y crímenes contra la sociedad mexicana y de ninguna manera podrían definir las características de un nuevo régimen.
En este sentido, las acciones violentas pueden generar miedo en parte de la sociedad mexicana, pero sin entrar en las caracterizaciones de las condiciones que se necesitan para asumirse como actos terroristas que implicarían el uso de la violencia para la conquista del poder. Los bloqueos, incendios de negocios, ataques a ciudadanos y balaceras en las calles nada tienen que ver con alguna posibilidad remota de que se trataran de acciones revolucionarias que buscarán el cambio en el régimen de gobierno mexicano.
La caracterización de conflicto armado interno, reconocida por el derecho internacional, también tiene condiciones que no se cumplen porque faltaría alguna argumentación tipo las FARC de Colombia en sus alianzas con el narcotráfico, mezclando al crimen derivado de la droga ilegal con los objetivos de relevo de régimen que planteaba la guerrilla.
En este contexto, las escenas del despliegue militar en zonas de violencia estallada por grupos criminales para defender intereses delictivos están dejando el mensaje de que el Estado entendió el escenario de preocupación y que las instituciones reguladas por las leyes se conjuntan para poner un dique de contención el crimen organizado. Las primeras acciones militares en la zona sobrecalentada en los últimos días fueron de apoyo a las autoridades civiles encargada de los trámites legales de lucha contra la delincuencia.
Las presiones para internacionalización de la violencia criminal mexicana están violentando la soberanía nacional.
