El crimen exhibe su poder de 40 años y la sociedad acorta al Estado
Carlos Ramírez
Desde el 2006, las diferentes bandas del crimen organizado han desarrollado una estrategia de fortalecimiento y consolidación de su poder económico y armado, mientras las posibilidades de las fuerzas de seguridad del Estado no han acertado articular una estrategia coherente y se han encontrado con el obstáculo de una sociedad que protege los derechos de los delincuentes a costa de la fortaleza de las instituciones policiacas.
Lo ocurrido en la última semana no hace más que fortalecer la percepción de que la sociedad está más interesada en acotar la funcionalidad de las fuerzas de seguridad del Estado que en exigir decisiones para combatir a las diferentes organizaciones criminales. La evolución del crimen organizado ha llevado ya los criterios de seguridad pública a los territorios de la seguridad interior y de la seguridad nacional.
El argumento constitucional para oponerse a la incorporación de la Guardia Nacional al ámbito de competencia de la Secretaría de la Defensa Nacional se niega asumir una consideración clave: el fortalecimiento estructural actual de las bandas del crimen organizado. Y aunque los cárteles no tienen la intención de confrontarse de manera directa con el Estado, sí han demostrado que tienen la decisión para encarar a la autoridad en momentos en que ven en riesgo su estructura criminal. Y es en esos momentos en el que estallan actos de violencia en las calles que afectan a los ciudadanos, aunque más bien debieran de alertarlos del riesgo de seguir permitiendo que las estructuras delictivas se siguen protegiendo de los pánicos sociales.
La ecuación de la inseguridad se ha centrado en la preocupación social por la construcción de nuevas estructuras policíacas, pero se ha olvidado de indagar cuál es el poder criminal, hasta dónde las actividades delictivas siguen afectando el patrimonio de los ciudadanos e impidiendo la estabilidad regional para el desarrollo y sobre todo que las bandas delincuenciales operan con delitos que violan la estabilidad de la sociedad y desde luego las leyes.
Si se impide la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, entonces el nuevo cuerpo de seguridad quedará reducido a una organización policiaca acotada por las preocupaciones por su capacidad de fuerza. Las cifras de homicidios dolosos se han analizado solo en función de números con respecto a sexenios anteriores, pero no se ha evaluado con seriedad que están reflejando el incremento de la actividad delictiva al cobijo de la protección de las leyes.
El fortalecimiento de la capacidad delictiva y de fuerza de las organizaciones criminales en toda su gama de comportamientos ilegales es producto, ni más ni menos, del debilitamiento de la autoridad del Estado, de los propios errores e impunidades de las fuerzas de seguridad en el pasado y de la falta de una comprensión pública respecto de la delincuencia y de decisiones mágicas de tipo sexenal, a partir del hecho de que el autoridad pública no ha sabido construir una continuidad administrativa y las organizaciones criminales funcionan sobre la incapacidad gubernamental,
El mensaje de la violencia delictiva en últimos diez días ha ilustrado el escenario de la confrontación entre la ley y el crimen, pero con datos de que las organizaciones criminales tienen capacidad de respuesta para generar caos, inducir el temor y sobre todo paralizar la capacidad de respuesta de la autoridad del Estado por los acotamientos instrumentales en sus funciones. Esa violencia reciente constituyó un desafío a la autoridad del Estado y una amenaza a la tranquilidad social, pero sin que las instituciones de representación de la sociedad pudieran tener algún involucramiento en la administración y supervisión de las acciones de seguridad.
El señalamiento presidencial de que la Guardia pudiera terminar en una nueva Policía Federal con todos los vicios de las anteriores debería merecer cuando menos una reflexión social para operar sobre los acotamientos extremos: reglas de control sobre el nuevo cuerpo policiaco sin restringir sus funciones frente a un crimen desbocado y mecanismos de supervisión para que la Guardia mantenga su estructura de seguridad dentro de los márgenes de las doctrinas y experiencias militares.
La violencia de los últimos días le ha presentado a la sociedad el tamaño del desafío rebelde de las bandas criminales.