Córdova, beneficiario de Peña y Pacto por México, manosea INE para subsistir
Carlos Ramírez
Aferrado a una campaña en medios para intentar frenar la reforma electoral anunciada por el presidente de la República, el partido Morena y el presidente del Senado, el consejero Lorenzo Córdova Vianello ha convertido al Instituto Nacional Electoral en un poder político autónomo para salvarse del despido.
El INE se creó para la función exclusiva de realizar elecciones con garantías de información y libertad de voto. Sin embargo, el Instituto se ha apropiado –o ha querido hacerlo sin éxito– de la construcción lenta y progresiva de una democracia que ha sido producto de muchos otros organismos, sobre todo, mal que bien, los partidos políticos.
Córdoba Vianello está tratando de frenar la urgencia de una reforma electoral con el argumento de que esas modificaciones no deben responder a intereses presidenciales, en respuesta de confrontación directa contra la argumentación del presidente de la República. No obstante, el consejero presidente se olvida de que todas las reformas electorales de los últimos 50 años han respondido a decisiones presidenciales: la de Luis Echeverría en 1973, la de Salinas de Gortari en 1990 por el fraude de 1988, la de Zedillo en 1996 por el alzamiento zapatista, la de Fox en 2003 por la alternancia partidista, la de Calderón en 2007 por el fraude de 2006 para despedir al consejero presiente Luis Carlos Ugalde y la de Enrique Peña Nieto en 2014 por el liderazgo priista recuperado en el conflicto del Pacto por México.
En este sentido, el sistema electoral actual deriva del acuerdo PRI-PAN-PRD del Pacto por México como la reconstrucción del dominio sistémico del PRI en su restauración presidencial que había roto el PAN en el período 2000-2012.
La reforma del 2014 la condujo de manera personal el presidente Peña Nieto, al grado de qué el entonces consejero Córdoba Vianello logró la presidencia del Consejo del nuevo INE en el despacho presidencial de Los Pinos con un acuerdo que buscaba quitarle bases político-electorales al dos veces derrotado en elecciones amañadas candidato presidencial López Obrador.
El INE actual tiene que reformarse porque fracasó en el manejo de las elecciones ante la escalada de participación político-electoral del crimen organizado en las votaciones del pasado 6 de junio, al grado de que la oposición protestó, pero para una denuncia ante la OEA porque “el crimen impuso aspirantes en el proceso electoral” y se han comentado en medios las evidencias de que en muchos distritos hubo una narcoelección.
En el 2015, Córdoba Vianello, ya como flamante consejero presidente del INE-Pacto por México, reconoció que se reunió con frecuencia con el presidente Peña Nieto para analizar la crisis de seguridad en procesos electorales. El exconsejero electoral en el entonces DF, Eduardo Huchim, cuestionó “el hecho de que los consejeros vayan tan alegres como corderos a comer con el presidente en Los Pinos o reunirse con el secretario de Gobernación”. Este dato confirma que el INE sí tenía facultades para involucrarse en la relación crimen organizado-elecciones y que no ejerció en las pasadas votaciones del 6 de junio para que se llegara a las acusaciones del narcoelección.
La reforma electoral convocada por el presidente López Obrador y Morena y cuya principal iniciativa fue redactada por el senador Monreal será inevitable para subsanar los errores, parcialidades y manipulaciones del INE en contra de Morena y para recomponer la reforma electoral del Pacto por México que impuso el presidente Peña Nieto en el 2014 y que ha sido defendida a capa y espada por el cacique electoral José Woldenberg para salvaguardar y mantener su coto de influencia política.
Más allá de sus facultades, Córdoba Vianello está manipulando la estructura del INE para mantenerse como consejero presidente hasta la finalización de su mandato a mediados del 2023; sin embargo, las intenciones de López Obrador, Morena y Monreal son las de realizar este mismo año la reforma electoral y desplazar a los actuales consejeros electorales, así como en 1995 el presidente Zedillo realizó una reforma judicial que reorganizó la Suprema Corte y dejó al país varias semanas sin ministros.
Con Información de Indicador Político
