La jugada: “El Químico” quiere el estadio de béisbol para los Arellano, pero les estorba Edgar Augusto

Álvaro Aragón Ayala 

El secretario del ayuntamiento de Mazatlán, Edgar Augusto González Zatarain, se convirtió en un obstáculo en las relaciones “mercantiles” del alcalde Guillermo -«El Químico»- Benítez con los hermanos Juan José y Erick Arellano Hernández y un estorbo para ceder la concesión del estadio Teodoro Mariscal al Grupo Arhe que desfondó al ayuntamiento con una “indemnización” de 141 mil millones 800 mil pesos por el “funcionamiento” de una gasolinera que nunca fue instalada. 

El plan de “El Químico” Benítez es vender, por debajo cuerda, pero con la figura de una operación transparente, el permiso para detentar el Teodoro Mariscal. El presidente municipal transó con los hermanos Arellano el futuro traspaso del estadio prestándose a una jugarreta: que “dejaran de presionar” por el cobro de los “intereses”, más de 111 millones de pesos -sobre el pago de la “indemnización”- que el Grupo Arhe reclamaba, como «deuda extra», al ayuntamiento por no dejarlo construir una expendedora de gasolina y diésel en una zona prohibida.  

De hecho, el cobro de esos “intereses” fue una mascarada de los hermanos Arellano y “El Químico” Benítez. Dado que gozan de mala fama por el saqueo de 141 millones 800 mil pesos al ayuntamiento se inventó lo de los “intereses” para que después, de manera “humanitaria”, el Grupo Arhe se desistiera de ese cobro con el propósito de irles quitando la imagen de los malos de la “película gasolinera” y de que no se viera tan chafa el plan de la futura cesión del Teodoro Mariscal.  

Solo que la jugada no fue dada a conocer a Edgar Augusto González Zatarain, quien, en funciones de secretario del ayuntamiento, mandó el demonio a los hermanos Arellano, que de inmediato respondieron exigiendo que lo corrieran ya que lo ven como un estorbo para concretar el «despojo legaloide» de la concesión del estadio deportivo y su traspaso al Grupo Arhe. Esa es la realidad, el trasfondo, de la petición de la dimisión del funcionario municipal. 

La concesión del Teodoro Mariscal la explota la empresa Espectáculos Costa del Pacífico que encabeza José Antonio Toledo Ortiz, uno de los dueños del equipo Venados de Mazatlán, sobre quien “El Químico” Benítez emprendió una campaña de linchamiento y los procesos “legales” para despojarlos del permiso municipal, inventando una serie de irregularidades. El permiso está en litigio. 

Desde que tomó posesión como alcalde, en el primer trienio, allá en el 2019, con el inicio de los trabajos de remodelación y modernización del coloso deportivo el presidente municipal mandó las primeras lecturas de que el ayuntamiento, o sea él, quería “pagar” con el inmueble una demanda que él mismo dejó perder en beneficio de José Juan Arellano Hernández y Erick Arellano Hernández, dueños de los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Béisbol (verano) y expropietarios de los Algodoneros de Unión Laguna en la misma liga.  

En el 2014 y el 2015 los Arellano pretendieron comprar la franquicia de Venados de Mazatlán, la cual fue vendida a la familia Toledo, en ese tiempo encabezada por el exgobernador Antonio Toledo Corro, quien falleció en 2018. Fueron los años en que los directivos del Grupo Arhe aparecieron, de la nada, cargando morrales de dinero nacional y dólares y con una larga lista de empresas, mucha de ellas “fantasma”, una escandalosa red de negocios para el facturaje detectada por la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria. 

En el 2021 los hermanos Arellano Hernández refrendaron sus negociaciones con “El Químico” buscando apoderarse del coloso deportivo, apoyándolo para que fuera candidato a gobernador de Sinaloa. El proyecto se frustró y tuvieron que conformarse con la alcaldía. El litigio que se libra por el estadio se definirá en unos días más. Trascendió que los hermanos Arellano “aceitaron” los tribunales para que el juicio sea ganado por la comuna, condición necesaria para traspasar el Teodoro Mariscal, solo que huelen o sospechan que el secretario del ayuntamiento no aprobará la operación, por lo que exigen que sea despedido. 

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