La criminalización de la política y el “Caso Estrada Ferreiro”
Álvaro Aragón Ayala
La instrumentalización de la Fiscalía General de Justicia para acelerar el proceso de desafuero y destitución de Jesús Estrada Ferreiro ofrece la arista de un nuevo “modelo” de gobierno. La ligereza con la que se sincroniza la Fiscalía con los diputados de Morena del Congreso Local desesperados por destituir al alcalde de Culiacán, ofrece la preocupante lectura de la criminalización de la política en Sinaloa.
La velocidad que se imprime a los juicios políticos y la celeridad con la que fueron elaboradas varias “carpetas de investigación” en la Fiscalía, violando el derecho a la presunción de inocencia, coloca a Estrada Ferreiro en un estado de “plena indefensión”. Es claro que la consigna es demolerlo “judicial” y políticamente e instalarlo en la categoría de criminal político que enfrenta un juicio sumario y secreto en el Congreso Local.
Por consigna de “arriba”, la Fiscalía determinó -sin conceder ni siguiera al inculpado o culpado el derecho a conocer el contenido de las “carpetas de investigación-, que sí procede su desafuero por diversos delitos, en los que se incluyen compras sin licitación, abriendo la oportunidad a que se masifiquen este tipo de denuncias para lograr la destitución de alguna autoridad en funciones o que se penalice ipso facto a ex funcionarios estatales y municipales.
La rapidez y la eficiencia con que se “juzga” a Estrada Ferreiro por asuntos políticos y administrativos y por supuestos delitos graves de corrupción, aunque rayan en el umbral de la criminalización de la política, hace renacer la esperanza de que algún día sean sometidos a proceso penal el corrupto ex gobernador Quirino Ordaz Coppel, la titular de la Auditoría Superior del Estado y los alcaldes de Mazatlán y El Fuerte, Guillermo Benítez Torres y Gildardo Leyva, y expresidentes municipales enriquecidos con el erario público.
Bajo la premisa constitucional de que “la ley es la misma para todas las personas”, la dinámica que se aplica a Estrada Ferreiro podría en un futuro servir – en caso de que “mientan roben y traicionen”, para sentar en el banquillo de los acusados, por qué no, a los diputados locales que hoy se visten de justicieros o cruzados del “derecho legislativo” y la democracia, a la propia Fiscal Sara Bruna Quiñónes si incurre en violaciones a la ley o en graves ineficiencias en sus funciones y a miembros del gabinete estatal miembros activos de la Vela Perpetua.
Con el ingreso de la Fiscalía en conflictos que primero fueron políticos y terminaron en juicios políticos y en los estrados judiciales, buscando la destitución y el encarcelamiento del alcalde de Culiacán, priva la máxima de que todo político y funcionario público es culpable hasta en tanto no demuestre su inocencia”. Todavía más: que el político o la autoridad en funciones es un presunto criminal sin derecho a la presunción de inocencia.
Quienes se autoproclaman demócratas, justicieros, dueños de la verdad y cruzados de la ética no puede ser la guía de jueces y fiscales. Su norte ha de ser el examen riguroso de los hechos, la objetividad de la prueba y la aplicación estricta del derecho. El “populismo punitivista” no puede ser el motor de la “justicia” de los diputados de Morena del Congreso Local que todos los días mandan la señal que practican la política de caníbales.
La lectura del proceso de aplastamiento
político y judicial de Estrada Ferreiro es que en Sinaloa se entró en un Estado de criminalización del adversario en que ya no se dirime la superioridad de tal o cual idea o los efectos de la aplicación de tal o cual medida de política o ley, sino cuan criminal es el contrincante. La mecánica del linchamiento es sistémicamente riesgosa porque la identidad del adversario político queda subsumida por sus presuntas acciones criminales.
El debate central o la ventilación de los conflictos salieron de la esfera del Poder Legislativo y entraron al pantanoso camino de la Fiscalía General de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia. Es casi una obviedad que, si el adversario político es solamente un delincuente, la democracia se diluye. Se trata de un peligroso acceso de la antipolítica cuyas consecuencias pueden volverse graves.
