De la corrupción de Quirino
Álvaro Aragón Ayala
Para blindar los planes de aseo de la imagen de Quirino Ordaz Coppel, quien planea entregar su administración “sin tacha”, funcionarios de la oficina de la Coordinación Comunicación Social Estatal, cerebros en la campaña electoral de la “guerra sucia” contra quien fuera el candidato del Morena-PAS al gobierno de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, maniobran para evitar la publicación y filtración de información que ventile actos de corrupción del gobierno del estado.
La primera entrega (de una serie de tres) en torno a la exigencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de Quirino Ordaz Coppel para que regrese a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 700 millones de pesos obtenidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas con información/documentación falsa desató la locura en el Tercer Piso del gobierno estatal y obligó a Alberto Camacho, titular de la coordinación de comunicación social de Quirino “a moverse aprisa”.
Alberto Camacho, cuyo patrimonio personal creció exponencialmente durante la administración de Quirino Ordaz Coppel, fue uno de “tanques pensantes” –junto con Jair Flores Téllez, otro empleado del gobernador- de la campaña de descrédito operada en el cuarto de guerra y/o “cuarto de luz” contra el candidato de Morena-PAS y hoy gobernador electo Rubén Rocha Moya.
Ahora, el conspirador y sus trabajadores internos y “externos” pretende calificar el trabajo de investigación de “fake news” o de “poco serio” sobre los 700 millones de pesos que el gobierno de López Obrador reclama al gobernador Quirino Ordaz.
El periodista, autor del artículo fue “orientado”, por cuatro vías” que convergen en el Tercer Piso para que “proporcione más datos”, pero no para publicarlos, sino para enterarse sobre qué más sabe el torno al “caso de los 700 millones de pesos”, lo que denota la preocupación de Quirino Ordaz de que la información circule y toque las puertas de Palacio Nacional, donde, precisamente, el comunicador obtuvo la primera línea de investigación en relación a la cantidad obtenida por el gobierno quirinista de manera ilegal.
El primero de tres artículos
El artículo titulado “La SHyCP reclama la devolución de 700 millones de pesos a Quirino Ordaz”, es el primero de tres que tiene proyectado publicar Expediente27. El primero ya fue retomado por otras plataformas digitales desatando el coraje de los funcionarios de primer nivel del gobierno estatal y ordenándole a Camacho “¡para eso!”.
Luego de una investigación y tras haberle suspendido en dos ocasiones el Convenio de Coordinación Fiscal, una el 2020 por 4 meses y la otra por otros 4 meses del 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó obligar al gobierno de Quirino a que regrese 700 millones de pesos que ingresaron a la tesorería estatal con el respaldo de información y documentos falsos otorgados a la federación para acceder a esos recursos.
El gobierno de Quirino Ordaz tuvo acceso a recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento para el Fortalecimiento de las Entidades federativas con documentación falsa asesorado por el despacho privado de los hermanos Arellano. La SHyCP detectó el trinquete en el 2020 y le suspendió por 4 meses el Convenio de Coordinación Fiscal, plazo que no aprovechó Quirino Ordaz para justificar, con datos precisos, la obtención de esos ingresos.
En el 2021, la SHyCP volvió a cancelarle por otros 4 meses el Convenio, tiempo en el que el gobernador de Sinaloa no pudo comprobar la autenticidad de la documentación que usó para acceder a los recursos, y recurrió al tribunal de lo Contencioso Administrativo que determinó que la información es falsa y la mala fe del gobierno quirinista para ingresar a los dineros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
La revelación “pegó” y sacudió el Tercer Piso del Gobierno del Estado en donde existen instrucciones de trabajar en el “aseo” de la imagen del gobernador quien estratégicamente se cuelga de la figura de Rubén Rocha y de las giras de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador para intentar “limpiar” su imagen.
Quirino operó la campaña del PRI-PAN-PRD al gobierno de Sinaloa con Mario Zamora Gastélum como candidato. En la contienda electoral perversamente se intentó vincular mediáticamente a Rocha Moya con el narco. Varios miembros del gabinete quirinista fueron denunciados por delitos electorales por su intromisión en los comicios.
Alberto Camacho trabaja para “blindar” a Quirino Ordaz Coppel y que no se desborden denuncias sobre el uso de documentación falsa para bajar recursos del gobierno federal y que no se “destape” la facturación apócrifa o de empresas “fantasma” que se han usado para apropiarse de los recursos estatales. El temor de Quirino es que sobre el recaigan en cascada una serie de auditorías forenses y específicas, cuya práctica recomienda el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
Empresas “fantasma” con Quirino
Durante los primeros tres años del gobierno de Quirino Ordaz Coppel la facturación falsa fue una constante. Con base en los datos entregados por el SAT, se pudo comprobar la operación de 17 empresas que alternan integrantes: aparecen en grupos de dos, tres y hasta cuatro empresas distintas.
De las 17 empresas calificadas como EFOS o empresas “fantasmas” y “con beneficios” en el gobierno quirinista, 14 fueron abiertas en Culiacán, y algunas de ellas no solo comparten accionistas, también domicilios.
De todas, la mayor beneficiada fue Grupo MGRF y Asociados, una compañía fundada el 26 de enero de 2016 en Culiacán. Aunque tras una solicitud de transparencia local el gobierno de Sinaloa sólo reconoce haberle comprado 56 mil pesos, el SAT tiene registro de 22 millones de pesos.
La empresa se formó a principios de 2016, pero comenzó a facturarle al gobierno del Estado a finales de 2017. Le facturó conceptos tan distintos como una producción audiovisual, servicios de paquetería y hasta el suministro y aplicación de pintura de aceite amarilla y blanca.
El 31 de enero de 2019 los accionistas de la empresa la disolvieron y la liquidaron. Una semana después el SAT la listó en la categoría de presuntos contribuyentes incumplidos, y la acusación se consolidó el 26 de agosto de 2019, cuando fue calificada como EFOS definitiva, por haber simulado operaciones inexistentes.
De las 45 facturas emitidas por Grupo MGRF al gobierno estatal, nueve fueron direccionadas a la Secretaría de Turismo, sin embargo, en las 36 restantes no se identifica la dependencia.
Durante 2017 Grupo MGRF y Asociados facturó a la Sectur servicios para una producción audiovisual en la que se incluyó el pago de productores, ingenieros de audio, DJ, operadores de cámaras, circuito cerrado y viáticos para 46 personas. También le pagó el servicio de paquetería entre Mazatlán y los Mochis, y entre Culiacán y Mazatlán.
Al siguiente año, en 2018, Grupo MGRF y Asociados facturó el suministro de cubetas de pintura de aceite, aplicación de impermeabilizante, mano de obra y mantenimiento de oficinas, pero se desconoce con qué dependencia realizó las transacciones de ese año.
Grupo MGRF y Asociados SA de CV está relacionada a través de uno de sus accionistas con otra empresa considerada EFOS por el SAT (fantasma) que también tuvo operaciones con el gobierno de Ordaz Coppel, aunque en menor cantidad: Sstar Pen SA de CV.
Destaca el caso de Grupo Constructor Cavi SA de CV. Esta empresa habría emitido 10 comprobantes fiscales al gobierno estatal tiempo después de ser incluida en la “lista negra” del SAT.
El 14 de febrero de 2018 la dirección de contratos de la Secretaría de Obras Públicas envió una carta a Grupo Constructor Cavi para que participara en un concurso de invitación restringida para pavimentar con concreto hidráulico la calle Santa Lucía, en Los Mochis, municipio de Ahome.
Dos semanas antes, el 1 de febrero de 2018, el nombre de Grupo Constructor Cavi había sido publicado en el listado del SAT como un presunto contribuyente incumplido. A pesar de esta alerta de Hacienda, el 5 de marzo de 2018 la Secretaría de Obras Públicas le dio un contrato por un millón 485 mil pesos.
Entre 2018 y 2019, la empresa recibió pagos del gobierno de Sinaloa por 3 millones 311 mil pesos, según la información proporcionada por el SAT.
Mientras le prestaba servicios al gobierno de Sinaloa, la constructora aún tenía la oportunidad de desvirtuar la acusación del SAT, pero no lo logró, y para el 9 de mayo de 2018 fue incluida en el listado definitivo de contribuyentes que simulan operaciones inexistentes y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Después de esta fecha, en enero y febrero de 2019, la empresa recibió tres pagos más por una obra identificada como “pavimentación con concreto hidráulico de la calle Santa Alicia, Ampliación Aurora, Los Mochis, Sinaloa”.
Para este apartado se visitaron los domicilios fiscales de seis empresas ubicadas en Culiacán, Sinaloa, algunas compartían la misma dirección.
Tapando los “hoyos” quirinistas
Quirino Ordaz Coppel ha operado mediáticamente, apoyado por Alberto Camacho, para pasar a la historia como el gobernador mejor calificado y con la estampa de honorable, figura que no ha podido sostener pese al control que tiene sobre los medios de comunicación
Hay preocupación fundada del gobernador de que la Auditoria Superior de la Federación lo repruebe en el manejo de recursos federales, pero confía en que Graciela Domínguez Nava, la titular de la Auditoría Superior del Estado, le enmiende la plana. Confía en que Domínguez sea ratificada por el Congreso Local, pese a que es señalada como omisa y cómplice de la administración corrupta de Quirino, según las expresiones de diputados locales de Morena.
Quirino Ordaz sigue ejerciendo el poder y el presupuesto estatal para salir “sano y salvo”. El 1 de noviembre entregará el Poder Ejecutivo al gobernador electo Rubén Rocha Moya con la acusación de haber comprado y prostituido a cuatro diputados morenistas, calificados de traidores por el futuro presidente la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y coordinador del Grupo parlamentario de Morena, Feliciano Castro Meléndez.
La operación con los diputados del PRI y del PAN y los diputados traidores Apolinar García Carrera, Beatriz Adriana Zárate y Fernando Mascareño (este último fue expulsado). Karla Montero se declaró independiente, pese a que fue postulada por Encuentro Solidario, (iba en fórmula con Morena), No dejaron pasar las exigencias de investigacion sobre evidentes actos de corrupción del gobierno quirinista.
Así, para que quedara constancia de su poderío, en una acción de soberbia y prepotencia, el gobernador vetó la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2019, la cual registró, después, en una mesa de negociación, la reasignación de recursos cuyo destino aún se desconoce.
Antes, Quirino Ordaz Coppel vetó el dictamen de la cuenta pública del 2017 que le fue reprobada por el Poder Legislativo. El Congreso del Estado hizo llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para hacer valer su autoridad y la facultad que tiene el Legislativo para fiscalizar las cuentas públicas del gobernador.
De nuevo, en el 2018, el Congreso Local rechazó 21 “rubros” de la cuenta pública de Quirino Ordaz, lo que lo obligó a presentar una “moción suspensiva” para ganar tiempo ante el escándalo desatado por el uso irregular del presupuesto. La moción de marras le apostó a que el tema se enfriara.
Con antecedentes del uso irregular de recursos públicos desde su primer año de gobierno, el 2017, Quirino Ordaz escaló año tras año en el dispendio amparándose en un “blindaje informativo” que los diputados de Morena calculan que le costó más de mil millones de pesos, dinero tomado de algunas áreas “no específicas” para comprarse la imagen del «mejor” gobernador del país o el «mejor» calificado o posicionado por las encuestas.
El gasto millonario en publicidad y propaganda metió ya en un lío a los funcionarios de Comunicación Social del gobierno del estado, pues con las referencias de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y los documentos aportados por Iniciativa Sinaloa y los “datos duros” que obran en poder de los diputados de Morena, pudieran ser sometidos a procesos penales y administrativos, pese a que la Auditoría Superior del Estado ha sido omisa ante el dispendio en esta área.
Los diputados de la 63 Legislatura heredarán también a la 64 Legislatura la responsabilidad de llegar al fondo de los actos de corrupción cometidos por el gobernador en la construcción del estadio de futbol Kraken en Mazatlán y el contrato para el uso o usufructo del coloso deportivo en beneficio de un particular, trinquetes exhibidos con cinismo, y que orillaron a las diputadas de Morena Graciela Domínguez Nava y a Yeraldine Bonilla Valverde a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Heredará, a la vez, para una indagatoria más profunda y esclarecer si se cometieron o no ilícitos en la operación de compra-venta, documentos en los que se especifica la adquisición a un precio “inflado” del edificio Inbursa, habitado antes por la empresa Homex, al que se le invirtieron además más de 400 millones de pesos en reparaciones y remodelaciones, y la indagatoria sobre el uso de las aeronaves del gobierno del estado – tres helicópteros y dos aviones- como si fueran taxis aéreos para trasladar a Quirino Ordaz y a funcionarios de su gobierno “a cuestiones que no quedan claras».
