2024: Estrada Ferreiro va por Enrique Inzunza y Feliciano Castro
Álvaro Aragón Ayala
Los procesos, políticos y penales, encauzados contra Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán -hoy con licencia- son materia para el análisis jurídico y político. La conclusión es que los juicios serán de larga data y se resolverán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y podrían culminar con la destitución de Estrada Ferreiro y la judicialización de diputados locales, la Fiscal General de Justicia, Sara Bruna Quiñones Estrada, y el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez.
En su defensa, es obvio que el presidente municipal con permiso buscará amparos y más amparos. La decodificación de su agresivo discurso denota que demandará por la vía administrativa y penal al diputado Feliciano Castro y a los integrantes de la Comisión Instructora del Congreso Local y a varios funcionarios del gabinete rochista por diferentes delitos contemplados en la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos y el Código Penal Federal. La guerra legal apenas empieza.
La lectura es que, sin la atadura de la función municipal, Estrada Ferreiro “vendará cara la derrota” recurriendo a la vía jurídica para buscar también la destitución de diputados y funcionarios que, a su juicio, actúan como una mafia y usan el poder político y público para deshacerse de sus opositores políticos. El edil los meterá como indiciados en carpetas de investigación para inhabilitarlos e impedir que en el 2024 Morena los postule candidatos al Senado de la República o a cualquier puesto de elección popular.
Ya en el filo de una anticipada derrota política y bajo la lupa de la Fiscal Sara Bruna Quiñónes que pide, sepultando la presunción de inocencia, que el Congreso del Estado desafuere a Estrada Ferreiro para investigarlo por abuso de autoridad y discriminación y otros delitos, el todavía alcalde buscará que los juicios que se le siguen y las demandas que él encauce se mantengan vivas en los tribunales federales hasta el 2024 y de ser posible hasta el 2027.
En tanto que los diputados antiEstrada -principalmente Feliciano Castro- argumentan que buscan la aplicación estricta de la Ley por abusos cometidos contra viudas de policías y jubilados a quienes no se les descuenta un porcentaje de las tarifas del agua potable, la instrumentalización de la Fiscalía General de Justicia que puja por destituirlo y encarcelarlo por “diferentes delitos”, abrió el espacio para que Estrada Ferreiro eleve el tono a grado de denuncia con el estatus de víctima de una persecución política y judicial.
El alcalde con licencia de Culiacán se presenta ante la sociedad como un acosado del poder plenipotenciario de un grupo al que califica de “mafioso” y se dice ser blanco de una especie Lawfare en la que no se necesitan pruebas, sino apenas indicios o impresiones para poder destituirlo o destrozarlo políticamente.
En el ámbito político, el término Lawfare designa el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político. En el caso de Estrada Ferreiro, se optó por judicializar el proceso de su destitución por el “retardo” de los juicios políticos y el temor de que no funcionen. Se instrumentalizó así a la Fiscalía General de Justicia.
Jesús Estrada Ferreiro ya mandó el mensaje que no está solo en la lucha contra aquellos que reclaman su destitución y encarcelamiento y de que goza del apoyo y del acompañamiento de miles de ciudadanos que en el 2018 y el 2021 desplazaron de la candidatura a la alcaldía de Culiacán a Feliciano Castro Meléndez y su equipo. El espacio municipal lo ganaron los estradistas con el apoyo del Morena-PAS. Si cae el alcalde con licencia se desmorona el proyecto de este equipo político rumbo al 2024.
