La “mano negra” de Enrique…
Álvaro Aragón Ayala
A la deriva, prendida de un modelo de justicia arcaico, la Fiscalía General de Justicia, predestinada a ser una de las dependencias claves en el combate a la impunidad, tiene un pobre desempeño en materia de investigación de delitos de alto impacto. La imagen de la FGJ pende de estadísticas falsas y de ociosos discursos de procuración de justicia
Por la carencia de una visión sistémica y la orientación de una política de choque, no de conciliación, el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, conduce al precipicio a Rubén Rocha Moya. La falta de capacidad de su brazo derecho para dar solución a los problemas obliga al gobernador a sacar la cara en conflictos menores o mayúsculos con el consabido riesgo de un prematuro desgaste de su investidura.
Debido a la falta de eficiencia y eficacia y dada la propensión a confundir el ejercicio de la política con una constante medición de fuerzas y golpeteos, Inzunza Cázarez, el funcionario responsable de la operación política y obligado a conservar la gobernabilidad y fomentar los valores y principios democráticos, no ha sabido dar un tratamiento oportuno y ecuánime a los conflictos que a diario estallan a todo lo largo y ancho de Sinaloa.
Por su paso por la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y por sus funciones de secretario general de Gobierno, la sociedad se ha forjado un “retrato hablado” y escrito de Inzunza permeando la percepción de que está dotado de una “mano negra” para “sentenciar” y armar pleitos y de que transporta a la ingobernabilidad al estado, apegado a un interés personal por doblegar a todos. El gabinete estatal fue anclado a una subordinación enfermiza.
En efecto. Los integrantes del gabinete son “supervisados” por las “‘orejas’ de la transformación” para saber con quienes se reúnen, desayunan, comen o cenan. La inclusión innecesaria de Enrique Inzunza de la agenda del espionaje en una conferencia Semanera y la idea generalizada de que posee un Software UFED, especial para el fisgoneo y la investigación policial, amedrenta a los representantes de las fuerzas vivas. Alcaldes, actores políticos, empresarios y activistas sociales se sienten espiados.
La asesoría chafa que brinda el secretario general de Gobierno a Rubén Rocha es de alto riesgo porque lo conectó públicamente a las tareas de los diputados de Morena y el PRI en el Congreso Local y lo zambulló en la “política interna” de los ayuntamientos. Ahora, por culpa de Inzunza Cázarez los conflictos que dirime el Poder Legislativo son achacados al gobernador y la sociedad espera que los problemas que se registran en los municipios los solucione el mandatario estatal no los gobiernos locales.
En Mazatlán, el alcalde Guillermo Benítez Torres, en un suceso inédito, ataca a su propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Juan Ramón Alfaro Gaxiola, destapando la cloaca en la corporación. La “grilla” municipal envalentonó a la sociedad que desató una “guerra digital” contra edil, acusándolo también de actos de corrupción y nepotismo y de marginar a los sectores más vulnerables.
El pleito armado por Guillermo Benítez Torres es por el “negocio policiaco” o por el control de la plaza. La Drug Enforcement Administration (DEA por sus siglas en inglés) considera a Mazatlán un enclave de las actividades de narcotráfico por aire, mar y tierra, e ideal para el lavado de dinero. El plan del alcalde es instalar en la Policía Municipal a Javier Lira González, quien fue titular de seguridad pública del secretario del ayuntamiento mazatleco, Edgar Augusto González Zatarain, cuando fungía como presidente municipal de El Rosario.
En El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega enfrenta el repudio de la sociedad. El alcalde “agarró aire” con el apoyo que le brindó el gobernador Rocha Moya para correr, porque no lo dejaba robar, a quien fuera el tesorero municipal Fabián Cázarez. En tan solo 6 meses, con el nuevo gobierno, El Fuerte de Montesclaros y las sindicaturas, envejecieron 30 años. Hay barruntos de estallamientos sociales por el deterioro de los servicios de agua potable, alumbrado público y alcantarillado y la recolección de basura.
En Guasave, escala el enfrentamiento político entre la diputada Aurelia Leal y el alcalde Martín Ahumada Quintero, en tanto que en las entrañas del ayuntamiento es constante la pugna por el poder. Afuera del Palacio Municipal la inseguridad adquiere tonalidades fúnebres. La percepción social es que el municipio vive una “pax narca” y que nadie atiende los problemas de insalubridad pública, recolección de basura y deficiencias en el servicio de agua potable.
La falta de sensibilidad y de operación política provocó en Guasave un ríspido conflicto entre las autoridades municipales y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento que derivó en un zafarrancho en una de las sesiones de cabildo. Los empleados que califican de inhumano al presidente municipal Martín Ahumada demandan el pago de prestaciones y amenazan con no detenerse hasta conseguir el beneficio al que dicen tener derecho.
En Culiacán, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, enfrenta dos juicios políticos, uno no por aplicar descuentos a los jubilados y pensionados y otro por no cubrir los pagos a que tienen derecho las viudas de los policías. El jefe del ejecutivo municipal se enfrascó en un pleito con el presidente de la JuCoPO del Congreso Local, Feliciano Castro Meléndrez y varios diputados, altercado que fue direccionado al despacho del gobernador Rubén Rocha Moya.
Por las erráticas sugerencias de Enrique Inzunza la población de Mazatlán, El Fuerte, Guasave y Culiacán y de los otros 14 municipios de Sinaloa, espera que el gobernador resuelva todos sus problemas con la mano en la cintura y de que sea él, no los alcaldes, quien ponga orden a los pleitos internos que libran las tribus morenistras prendidos de los presupuestos municipales.
Ladino, el secretario general de Gobierno oculta a Rocha Moya que donde más fallas existen es en el sistema de procuración de justicia, ahí, en la Fiscalía General de Justicia, cuya posición fue dada en prenda a una de las incondicionales de Enrique Inzunza, Sara Bruna Quiñonez. Asesinatos tras asesinatos, feminicidios y otros delitos de alto impacto no resueltos colocan en una crisis de seguridad y gobernabilidad al estado de Sinaloa.
Metido en “tenebra palaciega”, Enrique Inzunza dejó a la Fiscal General prendida de las falsas estadísticas y el discurso del pronto esclarecimiento de hechos criminales. Esa área prioritaria, en la que se depositó la confianza plena para darle brillo a la administración rochista, descansa en un modelo de justicia arcaico, con evidentes fallas estructurales. La dependencia reporta resultados muy pobres, casi nulos.
Por falta de una visión sistémica, no existe aún un espacio institucional que vincule acciones entre la prevención, la investigación y la persecución de los delitos ni tampoco acciones de carácter político-administrativo que definan, en la práctica, los roles, competencias, marcos de actuación y objetivos de las diferentes instituciones y órdenes de gobierno de frente al fenómeno de la violencia y criminalidad que amenaza con convertirse en el “talón de Aquiles”.
La ruta del gobierno de Rocha puede accidentarse porque Enrique Inzunza no tiene visión de estadista y carece de mano izquierda y trata los asuntos políticos como un “juego de vencidas”, pese a que está al frente de la dependencia encargada de conducir la política interior del Estado; las relaciones con los poderes, ayuntamientos y otras entidades, así como de coordinar y supervisar el despacho de los asuntos encomendados a las demás Secretarías.
