Corrupción en México, crimen sin castigo, alerta Transparencia Mexicana
Un informe de Transparencia Mexicana revela que solo 7.1% de las investigaciones por corrupción administrativa concluyen en sanción de los tribunales de justicia administrativa del país.
Luis Ramos Chavero
Transparencia Mexicana presentó los resultados de un nuevo informe sobre las sanciones por corrupción administrativa investigadas por los órganos de fiscalización superior del país, a la cual se refirió como un crimen sin castigo. La organización encontró que apenas 7.1% de los casos investigados llegaron a algún tipo de sanción por parte de los tribunales de justicia administrativa.
El estudio se elaboró con la participación activa de los órganos de fiscalización superior y los tribunales de justicia administrativa de todo el país, y evaluó el ejercicio de una facultad que el Congreso de la Unión otorgó en 2015 a los organismos federales y estatales de fiscalización para investigar faltas graves de corrupción en materia administrativa.
Según el informe de la organización, el análisis incluye resultados desagregados para la Federación y cada una de las 32 entidades federativas, además de un balance general del desempeño de este mecanismo desde su aprobación hace casi una década.
Insumo para la reforma legislativa
El informe será entregado al Congreso de la Unión como insumo para la discusión de reformas a la Ley de Fiscalización Superior, previstas para este año. La investigación forma parte del proyecto “Anticorrupción para la reducción de las desigualdades”, impulsado por el capítulo mexicano de Transparencia Internacional.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, señaló que la organización coincide con la propuesta legislativa de revisar la inmunidad procesal, conocida como “fuero”, para facilitar la investigación de casos de corrupción gubernamental, aunque advirtió que esa medida no es suficiente por sí sola.
“Desaparecer la inmunidad procesal es relevante, pero solo si se acompaña de medidas adicionales para evitar la impunidad penal o administrativa”, afirmó Bohórquez, al insistir en la necesidad de incrementar el riesgo de que las investigaciones por corrupción efectivamente deriven en sanciones.
Con estos resultados, Transparencia Mexicana busca que los poderes Ejecutivo y Legislativo valoren el impacto real del marco legal vigente y evalúen posibles ajustes a la ley que rige la fiscalización superior en el país.
Hace 10 años se quedaron sin resolver 97% de denuncias por corrupción en México
Contexto: en 2016, se dio a conocer que el 97% de las denuncias penales que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó durante varios años quedaron en nada. De un total de 656, tan solo 19 alcanzó los tribunales, y el resto estaban atascadas, la gran mayoría, en manos de la fiscalía.
En la lista de la agenda del Pacto por México, en aquellos años, no aparecían los escándalos por los presuntos conflictos de interés, en la compra de lujosas viviendas que apuntaban directamente al presidente Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Además estaba por definirse el Sistema Nacional Anticorrupción que entraría en operación en el sexenio de Peña Nieto.
Desatascar la correa de transmisión entre el nivel administrativo y el nivel penal es uno de los caballos de batalla de la reforma. El paso lo debe marcar la futura fiscalía anticorrupción, autónoma del Ejecutivo, que reciba, agilice y traslade las denuncias presentadas por la ASF.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR), dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y no del Poder Judicial, era un recipiente estéril de las denuncias administrativas.
El informe del organismo auditor mexicano reveló que el 91% se encuentra “en integración del ministerio público”. Es decir, estancadas en los archivos de la fiscalía mexicana. Tan sólo el 2.8% ha alcanzado los tribunales y cuentan con una orden judicial. Mientras que el 14% se reparte entre amparos y reservas.
Las denuncias del órgano supervisor fueron creciendo exponencialmente desde las 53 de 2010 a los 157 de 2015. Los resultados del informe corresponden a los últimos 17 años y son parte del informe de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente al año 2014 que el ASF presenta anualmente a la Cámara de Diputados.
