SINALOA: RECOBRAR LA PAZ (QUE NUNCA EXISTIÓ) Y REGRESAR A LA ERA DORADA FICTICIA

Alvaro Aragón Ayala

“Recobrar la paz” resuena como un propósito noble y un compromiso institucional, pero oculta una trampa conceptual: recobrar significa recuperar algo que alguna vez se poseyó, y Sinaloa jamás conoció una paz absoluta, permanente y homogénea. La historia desmiente el espejismo. Existieron periodos de calma relativa, territorios menos convulsionados y equilibrios precarios entre facciones delictivas, pero nunca una paz estructural susceptible de ser devuelta como una propiedad traspapelada.

La evocación de una supuesta “paz perdida” transforma una circunstancia histórica en nostalgia política, erigiendo la imagen de un pasado ordenado frente a un presente caótico para justificar el rol discursivo de la oposición política. Esta operación discursiva convierte una dinámica social compleja en una mercancía emocional. Así, la seguridad deja de evaluarse como una política pública medible y se transforma en una promesa voluntarista, abriendo frentes de disputa por el monopolio de su definición, sus indicadores y su cumplimiento.

Sinaloa ha convivido durante décadas con formas mutantes de violencia: desde los cacicazgos y conflictos agrarios hasta el contrabando, las disputas territoriales y la consolidación de organizaciones criminales con solvencia financiera e influencia política. El conflicto violento no es una anomalía reciente, sino una constante histórica cuya gravedad se ha profundizado conforme los grupos criminales perfeccionaron su capacidad para financiar, articular e infiltrar las estructuras económicas y estatales.

Reducir la crisis contemporánea a una explosión coyuntural es un error de diagnóstico ya que, aunque existan detonadores específicos -reacomodos entre facciones o disputas por rutas-, el fenómeno delictivo posee una plasticidad estructural. La violencia no se extingue mediante la contención temporal de homicidios; se desplaza, sustituye el enfrentamiento abierto por la extorsión y la desaparición, o muta hacia el control económico e institucional.

En El arte de la guerra, Sun Tzu establece que la victoria no consiste en la acumulación de cadáveres enemigos, sino en la capacidad de neutralizar la estrategia del adversario y destruir su posición. Aplicado a la seguridad pública, esto exige abandonar la métrica superficial de decomisos, detenciones y bajas. Una organización criminal puede perder pertrechos y cuadros operativos, pero mantener intactos sus circuitos financieros, sus redes de impunidad y el mercado que le permite reabastecerse.

La derrota efectiva del crimen ocurre únicamente cuando se anula su capacidad de reproducción social y económica: cuando se inhabilitan sus mecanismos de reclutamiento, blanqueo de capitales, control territorial y corrupción de funcionarios. La verdadera estrategia trasciende la sucesión de operativos reactivos para convertirse en una política sistemática de desarticulación de estructuras. Perseguir individuos genera titulares inmediatos; desmantelar sistemas produce resultados sostenidos.

La “tesis” sobre el delito formulada en “Elogio del Crimen” por Karl Marx evidencia que el crimen no opera en el vacío, sino engarzado en relaciones socioeconómicas que lo estimulan y rentabilizan. El delito genera mercados, profesiones e instituciones alrededor de su propia existencia. Por ello, combatir la criminalidad sin alterar los incentivos financieros que la hacen lucrativa equivale a administrar el fenómeno en lugar de resolverlo.

El análisis del narcotráfico exige, entonces, superar la figura reduccionista del sicario para examinar la estructura legal e ilegal que lo sostiene. Existe una economía criminal que requiere intermediarios financieros, testaferros, redes de protección y proveedores, junto a una economía periférica dependiente de la inyección de capitales ilícitos. Omitir estos engranajes invisibiliza los pilares de la violencia estructural.

El sociólogo y economista Max Weber definió al Estado moderno por su pretensión de monopolizar legítimamente la fuerza en un territorio. Si un grupo delictivo impone tributos, restringe el tránsito, ejerce funciones punitivas y dicta dinámicas comunitarias, la crisis rebasa el ámbito policial y se convierte en una disputa abierta por la soberanía y la autoridad efectiva.

Restablecer la seguridad exige más que el despliegue de patrullas; demanda recuperar la validez de la ley. La autoridad estatal no se demuestra con presencia física, sino cuando el ciudadano denuncia sin represalias, el productor trabaja sin pagar extorsión, los jóvenes evitan el reclutamiento forzado y las instituciones operan libres de subordinación a poderes fácticos.

La seguridad pública tampoco debe asimilarse a una militarización permanente. Aunque las Fuerzas Armadas respondan a contingencias de alto impacto, una estrategia sostenible requiere policías civiles profesionales, fiscalías con capacidad investigativa real, un poder judicial eficiente y sistemas de inteligencia predictiva. La fuerza recupera el control de manera temporal; solo las instituciones civiles lo consolidan.

De esta distinción surge la brecha entre pacificar y normalizar. Pacificar implica silenciar temporalmente las armas; normalizar exige erradicar la violencia como mecanismo de arbitraje social, político y económico. Un territorio con menos enfrentamientos abiertos puede continuar sometido a la extorsión y la impunidad, pues el silencio de las armas suele reflejar la hegemonía de un pacto criminal y no la presencia del Estado.

Como postuló el sociólogo y matemático Johan Galtung, la ausencia de violencia directa no equivale a una paz sustantiva. La seguridad genuina requiere desmontar la violencia estructural que reproduce el conflicto. Reducir los homicidios es un paso valioso, pero insuficiente si persiste la coacción sobre la vida pública, el trabajo y las libertades fundamentales.

El sesgo gubernamental suele convertir un indicador en un diagnóstico triunfal. La disminución de un delito o la captura de un liderazgo no garantizan el debilitamiento de un cartel, dada su capacidad de adaptación para diversificar mercados, abrir rutas y sustituir cuadros. Frente a esto, el Estado requiere una inteligencia estratégica que mapee flujos financieros, zonas de vulnerabilidad institucional y las causas socioeconómicas que convierten al crimen en un proyecto de vida atractivo para los jóvenes.

La prevención eficaz trasciende el plano propagandístico. Significa modificar las condiciones estructurales de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento comunitario, el rescate del espacio público, la permanencia escolar y la creación de corporaciones policiales confiables. Aunque la prevención carece de la espectacularidad política de los operativos militares, constituye el único freno contra la reincidencia social del delito.

Dado que la violencia no se distribuye de manera uniforme, las políticas homogéneas resultan ineficaces. La atención del fenómeno exige un enfoque territorial adaptado a corredores agrícolas, rutas de tránsito, centros urbanos e itinerarios de disputa, respaldable mediante mapas dinámicos de riesgo multidimensional.

Asimismo, la gobernanza de la seguridad exige una articulación sistémica entre los tres órdenes de gobierno, el aparato judicial, el sector productivo y la sociedad civil. La responsabilidad debe traducirse en una cadena coordinada de prevención, inteligencia, procuración e impartición de justicia donde ninguna dependencia derive su omisión en las demás.

El factor determinante de este proceso es la legitimidad. Por inmensos que sean sus recursos coercitivos, el Estado fracasa si la ciudadanía desconfía de sus instituciones. Si el individuo prefiere el silencio o la mediación criminal antes que la denuncia formal, entonces el orden legal cede su autoridad real, aunque las métricas oficiales reporten avances.

Sustituir la trampa narrativa de “recobrar” por la urgencia de “construir” define la orientación del Estado. “Recobrar” mira al pasado e invoca un Sinaloa idílico inexistente; “construir” asume el error histórico y gubernamental y compromete recursos, inteligencia y reformas de largo plazo. No sería el propósito restaurar una era dorada ficticia, sino de erigir un orden institucional técnicamente superior al poder criminal, donde la ley sea predecible, el delito sea castigado y la protección ciudadana resulte incondicional.