Claudia Sheinbaum frente al “imperialismo judicial” de EE. UU.

Alvaro Aragón Ayala

En el complejo tablero de la relación binacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra ante una encrucijada: la defensa de la estructura jurídica de México frente a la embestida de un modelo extranjero que pretende imponerse bajo el estruendo de la narrativa del “narcoterrorismo”. En este choque de “civilizaciones jurídicas”, defender el sistema judicial mexicano es, en última instancia, defender la esencia misma de la República y la autonomía de sus instituciones para juzgar a sus propios ciudadanos sin tutelajes externos que responden a agendas políticas-electorales y pragmáticas del Capitolio.

La Presidenta entiende que ceder ante las presiones de Washington implicaría aceptar que la ley en México sea sustituida por el arbitrio de Fiscales extranjeros. Al proteger el modelo jurídico propio, la mandataria salvaguarda el principio de que los derechos deben ser reales y que la justicia no puede ser una mercancía intercambiable en una mesa de negociación transfronteriza donde México siempre pone los muertos y otros las reglas.

En la ruta de la presión extranjera, es imperativo, entonces, desnudar el mito de la perfección del sistema judicial de los Estados Unidos ya que no es perfecto y lejos de ser un faro de infalibilidad, el modelo yanqui es un engranaje estructurado sobre la “justicia negociada”, una práctica donde la búsqueda de la verdad histórica se base en informes de criminales de alta peligrosidad. Bajo este esquema, el Estado no investiga para descubrir lo que ocurrió, sino que pacta para construir lo que quiere probar, delegando la carga de la prueba en la “lengua” de delincuentes confesos que compran su libertad vendiendo testimonios a la medida.

Este sistema judicial estadounidense descansa sobre la columna vertebral del Plea Bargaining (Acuerdo de Culpabilidad) y la Regla 35 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal. Estas herramientas permiten que más del 90 por ciento de los casos federales en EE. UU. nunca lleguen a un juicio real. En su lugar, se emiten “cartas de inmunidad” que permiten a los delincuentes de extrema peligrosidad -aquellos que han desangrado países o regiones enteras- fabricar acusaciones contra “objetivos mayores” a cambio de sentencias ridículas o, peor aún, la libertad total bajo el anonimato del programa de testigos protegidos.

Esa estrategia es una pirámide de impunidad donde el Estado se vuelve socio del “pez flaco” para cazar al “pez gordo”, o viceversa, dependiendo de la conveniencia política o electoral del momento. Al convertir al delincuente en un aliado de facto del sistema judicial, la justicia estadounidense terceriza su labor de investigación. Hoy, expedientes que deciden el destino de políticos y exgobernadores se arman con los dichos de testigos que tienen incentivos perversos para exagerar o inventar realidades con tal de no morir en una prisión de máxima seguridad.

Organismos como The Innocence Project han documentado que este modelo es una fábrica de errores judiciales catastróficos. Las cifras son aterradoras: el 19 por ciento de las exoneraciones por ADN en EE. UU. involucran condenas basadas en testimonios falsos de informantes. En casos de pena de muerte, casi el 46 por ciento de las sentencias injustas tuvieron como pieza clave el dicho de un criminal negociado. Esto no es justicia; es una “manufactura de condenas falsas” donde la verdad es secundaria frente a la victoria estadística del fiscal.

The Innocence Project establece que el sistema crea un “mercado de testimonios”. Su crítica se divide en tres puntos clave: 1.Los informantes no declaran por civismo, sino por reducción de condenas, dinero o mejores condiciones carcelarias o inmunidad. El delincuente “fabrica” una confesión que supuestamente escuchó para obtener su libertad. 2.Muchos de estos pactos son “bajo la mesa” y los jurados a menudo no saben qué beneficios exactos recibió el criminal a cambio de su testimonio, lo que les impide evaluar su credibilidad de manera objetiva.  La “Infalibilidad” del Jurado. 3. Los Fiscales presentan a estos criminales como testigos estrella, sabiendo que para un jurado común es muy difícil distinguir entre un testimonio honesto y uno ensayado por meses con la Fiscalía.

Bien. Desde la perspectiva del derecho internacional y organismos como la Corte Interamericana, este uso desproporcionado de informantes genera serias dudas sobre el debido proceso toda ya que el sistema estadounidense “secuestró”, en sí, el concepto de justicia, otorgando a los delincuentes un poder desproporcionado sobre la libertad de terceros. Es un hecho que cuando el Estado depende de la “lengua” de un criminal para ganar casos, pierde la superioridad moral para castigar el delito y se convierte en un operador de intereses.

Por ello, la resistencia de Claudia Sheinbaum ante la presión estadounidense es un acto de dignidad republicana. No se trata entonces de defender a acusados de narcotráfico ni de proteger la corrupción, sino de evitar que México se convierta en una sucursal judicial donde el destino de sus instituciones dependa de los pactos que un criminal haga en una oficina de Nueva York. La esencia del Derecho es dar a cada quien lo suyo, y en el sistema de justicia negociada de EE. UU., las víctimas son las únicas que se quedan con las manos vacías mientras los verdugos negocian su retiro delincuencial en territorio estadounidense.