SINALOA: EL TEATRO DE OPERACIONES SOBRE EL EJE ROCHA
Permitir que una narrativa yanqui, externa, dicte sentencias políticas automáticas es ceder el control del andamiaje jurídico y de la vida pública al extranjero
Alvaro Aragón Ayala
El llamado “Caso Rocha” es una operación de guerra política no convencional. Quien lo observe bajo la lupa del derecho procesal está mirando el mapa al revés. En sí es la ejecución táctica de un manual de Guerra Irregular, donde el objetivo no es la justicia, sino la desarticulación política-gubernamental. Estados Unidos, bajo el andamiaje jurídico-político perfeccionado por Donald Trump -quien ha transformado la ley en un arma de proyección de poder (lawfare)-, fijó en Sinaloa un objetivo estratégico de cara al Proceso Electoral 2027. No buscan una sentencia; buscan la capitulación de la estructura política local mediante la erosión de su centro de gravedad.
Como advertía David Galula, padre de la contrainsurgencia moderna, el conflicto no se gana destruyendo al enemigo, sino controlando el entorno y la percepción de la población. En este escenario, la narrativa de la criminalización funciona como el mecanismo de aislamiento que Galula describía: se busca separar al liderazgo de su base de apoyo, etiquetándolo como un riesgo para la seguridad hemisférica. No es una hipótesis, sino la aplicación de la doctrina de Operaciones de Baja Intensidad (FM 100-20): una combinación de presión diplomática, judicialización selectiva y asfixia narrativa.
Este esquema se ha sofisticado al grado de lo que el general David Petraeus plasmó en el manual FM 3-24 que la lucha por los “corazones y mentes” se gana hoy en los tribunales de la opinión pública internacional. Ya no se requieren botas sobre el terreno; basta con el “andamio jurídico” estadounidense para penetrar y atropellar soberanías. La acusación contra el gobernador Rubén Rocha Mota se lanza no para probarse, sino para que, en términos de Roger Trinquier, se destruyan las redes de confianza que en el depositó la sociedad. Contra él se instala la sospecha como una verdad política absoluta, dejando que el debido proceso sea un cadáver ignorado por la urgencia del escándalo.
En este contexto, la etiqueta del “narco-terrorismo” es el Caballo de Troya contemporáneo. Es una herramienta de Guerra Irregular que busca convertir a un actor político en una amenaza existencial para el vecino del norte. Al internacionalizar el caso, se activa el Joint Operating Concept (JOC) de EE.UU. que describe cómo la Fuerza Conjunta) planea operar, combatir y ganar en un área de misión específica. Se descalifica pues la honorabilidad y legitimidad de Rocha para, por extensión, cuestionar la viabilidad del proyecto político que representa. No importa si las pruebas son humo; el impacto geopolítico es fuego real.
Este mecanismo de presión se articula con un arsenal multidimensional: sanciones económicas latentes, el uso de ONGs como vectores de opinión y, fundamentalmente, la utilización de la crisis migratoria como palanca de extorsión política. Donald Trump entendió antes que nadie que el sistema legal de EE.UU. puede ser un instrumento de política exterior más eficaz que un portaaviones. Una la doctrina de “criminalizar para someter”. Demoniza para obligar a negociar desde la debilidad o, en su defecto, para sustituir.
Bajo esta lógica, la estrategia es vieja: aparece en el Arte de la Guerra de Sun Tzu. Se trata de vencer sin combatir. El objetivo no es destruir Morena en las urnas, sino desordenarlo desde dentro. Aquí es donde el gobernador Rubén Rocha Moya se convierte en el “blanco perfecto”. En la arquitectura política de Sinaloa, Rocha no es solo el mandatario; constituye la columna vertebral que sostiene la operatividad territorial de más del 70 por ciento. Al golpearlo, se busca el colapso del sistema entero.
La teoría militar dicta que, si el centro de gravedad cede, la estructura se desmorona. Satanizar a Rocha es, en realidad, un ataque al ecosistema de alcaldes, legisladores y cuadros operativos que gravitan en torno a su liderazgo. Es una técnica de contaminación reputacional sistémica. El daño no es individual, es genético: la “marca” política absorbe la toxicidad de la acusación, inhabilitando las candidaturas futuras de todo el grupo político sin necesidad de un solo juicio penal.
Aquí es donde surge la paradoja que los manuales de guerra irregular de la SEDENA que advierten que la vulnerabilidad interna acelera la penetración externa. Mientras la presión de Estados Unidos martillea el eje Rocha, actores locales, cegados por la ambición, interpretan el asedio como una oportunidad de ascenso. Es un error de lectura fatal. Como enseña la historia de las intervenciones, cuando el centro se rompe, el poder no se hereda; se balcaniza. La caída de la pieza principal no abre espacios, genera un vacío que será llenado por intereses ajenos al proyecto original.
El efecto dominó es matemático: un gobernador debilitado implica una pérdida de autoridad sobre las estructuras territoriales, lo que se traduciría en una fragmentación del voto en 2027. La marca Morena en Sinaloa, al carecer de una institucionalidad burocrática sólida y depender excesivamente de liderazgos carismáticos y operativos, es terreno fértil para esta Guerra de Cuarta Generación. Sin disciplina interna, la narrativa externa yanqui se convierte en el árbitro de la contienda.
El factor externo no es entonces una conspiración de sombras, es una convergencia de intereses tangibles. Empresarios, medios de comunicación y agencias foráneas operan en nado sincronizado bajo una lógica de oportunidad. El objetivo estratégico es llegar al 2027 con un sistema político mexicano -y sinaloense- vulnerable, fragmentado y, sobre todo, dispuesto a negociar su sobrevivencia a cambio de soberanía.
Frente a este asedio, la defensa de la presunción de inocencia es un acto de resistencia soberana. Permitir que una narrativa externa dicte sentencias políticas automáticas es ceder el control del aparato judicial y de la vida pública al extranjero. El dilema para la base política morenista y para amplios sectores es trascendental ya que defender a Rocha no es un acto de lealtad personal, ni de definición política, es la defensa estratégica de la soberanía y de la estabilidad gubernamental frente a una operación de ingeniería política diseñada en los cuartos de guerra de los Estados Unidos.
La lección que dictan Kitson, Galula y Petraeus es que el mayor riesgo no es la fuerza del atacante, sino la fragilidad del asediado. Si no hay cohesión, si la ambición interna supera a la inteligencia política, el andamiaje político-jurídico-injerencista de Donald Trump habrá logrado su cometido sin disparar una sola bala.
Sinaloa está en medio de un punto de inflexión estructural. Lo que se dirime es si el sistema político tiene la madurez para resistir la presión de una potencia extranjera que decidió que la justicia es solo otra forma de hacer la guerra. La batalla final no será en las urnas, sino en la capacidad de mantener el orden interno mientras el mundo exterior empuja para que todo se rompa. En la política, como en la guerra irregular, el que se desordena, pierde. Y Sinaloa no puede permitirse el lujo del desorden.
