La cruzada “moral” del diputado Jesús Ibarra contra los celulares

Alvaro Aragón Ayala

Sí, si hay diputados -aunque usted no lo crea- que legislan para apuntalar cambios y hay otros que proponen reformas o leyes para aparentar preocupación por los problemas. La diferencia viene a cuento debido a que el diputado federal Jesús Ibarra Ramos lanzó una cruzada “moral” contra los teléfonos celulares y las redes sociales como si estuviéramos en los años cincuenta y el enemigo público fuera el rock and roll.

Su propuesta envuelta en un discurso-narrativa alarmista sobre el deterioro educativo, pretende prohibir celulares en las escuelas y restringir el acceso a redes sociales a menores de 13 años. Suena contundente, suena severo y políticamente rentable, pero esa charada no resuelve absolutamente nada. Cuando se desmonta la iniciativa, pieza por pieza, lo que aparece una simplificación peligrosa de un problema estructural mucho más profundo.

Primero, la prohibición de celulares en las aulas. El diputado presenta esta idea como si estuviera descubriendo la pólvora educativa, pero la evidencia internacional muestra que las prohibiciones generales no generan mejoras académicas significativas. Francia lo intentó en 2018 y no generó ninguna revolución educativa. En el Reino Unido ocurrió algo parecido con pequeños beneficios en estudiantes rezagados y con un impacto prácticamente nulo en el resto.

La razón es que el problema no es el celular, es el sistema educativo incapaz de integrar las plataformas o aparatos digitales. Las escuelas que funcionan en el mundo no expulsan la tecnología, la incorporan con reglas pedagógicas. Finlandia, Estonia, Corea del Sur mantienen sistemas educativos que no le temen a la tecnología porque entienden algo que parece escapársele al diputado: la educación no puede seguir siendo analógica en una sociedad digital.

Segundo punto de la iniciativa: prohibir redes sociales a menores de 13 años. Aquí la propuesta entra directamente en el territorio de lo absurdo legislativo. Esa restricción ya existe. Las principales plataformas operan bajo la legislación estadounidense conocida como COPPA, que desde hace años establece precisamente esa edad mínima. Es decir, el diputado pretende legislar algo que ya está legislado a nivel internacional.

Sin embargo, el verdadero problema no es la ausencia de norma, sino que nadie puede verificar realmente la edad de los usuarios, el hecho de que las plataformas diseñan sistemas para maximizar el tiempo de permanencia y que el ecosistema digital está construido sobre lo que los expertos llaman capitalismo de la atención.

Por esa razón la iniciativa no dice una palabra, no dedica ni una sola línea a los algoritmos adictivos, no incluye responsabilidades sobre las plataformas ni dedica ni una sola línea -o cuando menos no es pública- a la alfabetización digital. La propuesta legislativa del diputado Jesús Ibarra tiene la profundidad analítica de quien cree que romper el termómetro cura la fiebre.

Y aquí aparece el tercer problema, el más grave. La iniciativa pretende resolver un fenómeno complejo —salud mental digital, adicción tecnológica, educación mediática, regulación de plataformas— con una prohibición administrativa. Es el viejo reflejo de la política latinoamericana: cuando un fenómeno es demasiado complejo para entenderlo, se prohíbe.

Pero el problema de fondo no está en los celulares, sino en un ecosistema digital diseñado para capturar la atención de millones de jóvenes mediante notificaciones constantes, recompensas variables y algoritmos que empujan contenido cada vez más adictivo.

Prohibir celulares en la escuela no elimina ese ecosistema, únicamente lo traslada a la casa, a la calle o al cuarto del adolescente. Peor aún: las prohibiciones absolutas producen el efecto contrario. Los sistemas educativos que expulsan la tecnología terminan creando estudiantes digitalmente analfabetas en sociedades hiperconectadas.

Y aquí está la paradoja: mientras Jesús Ibarra Ramos quieren expulsar los dispositivos de las aulas, el mundo laboral exige competencias digitales cada vez más sofisticadas. Por esa ruta, la iniciativa del diputado podría terminar logrando exactamente lo contrario de lo que promete: una generación menos preparada para el mundo que viene.

La “línea legislativa” de Ibarra tienen una explicación: prohibir celulares produce titulares y reformar el sistema educativo para encuadrar un gran proyecto de alfabetización digital exige pensar y pensar es una de las cualidades-habilidades que expulsó de su cerebro este político morenista.

Por eso la cruzada del diputado Ibarra Ramos no parece una política pública, sino una puesta en escena de una obra teatral en la cual el legislador se declaró en guerra contra los celulares para no tener que explicar por qué el sistema educativo es incapaz de gobernar el mundo digital en el que viven millones de estudiantes.

Al final del día, la iniciativa no combate la raíz del problema, solo tiene la intención de que se persiga al mensajero tecnológico y legislar contra el mensajero, como sabe cualquier periodista, siempre es el primer síntoma de que nadie quiere enfrentarse al verdadero culpable.